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El kirchnerismo y la propuesta perpetua

27-05-2013
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(Columna de Lorena Moscovich)

Este tipo particular de protesta, con poco efecto disruptivo, llegó para quedarse. El vínculo líder-pueblo versus los canales formales.

Según la Real Academia Española, una institución es una cosa establecida y fundada. Sin lugar a dudas, la protesta es una de esas cosas establecidas, de las que podés esperar que suceda en cualquier momento y lugar, y con cualquier demanda. La protesta es la institución del kirchnerismo.

¿Por qué ha persistido el conflicto social en una década con crecimiento casi ininterrumpido y mejora relativa de algunos indicadores sociales?

La protesta continúa como resultado de los cambios en los patrones de alianzas del Ejecutivo desde 2003 que, por un lado, incluyen a actores contestatarios y, por el otro, más generalmente, legitiman los canales informales de demanda de recursos. Según el informe del Barómetro de las Américas, la Argentina es uno de los países donde más protestas hay. Notablemente, los argentinos participan con más asiduidad en las protestas que lo que reclaman o gestionan frente a organismos públicos. El informe muestra que la militancia partidaria es uno de los determinantes que más influye en la inclinación a protestar. También lo es la posibilidad de acceder a recursos públicos (entre otros factores). La política (partidaria e institucional) y las protestas no son vías excluyentes, y tienen fronteras difusas.

La protesta kirchnerista, entendida en clave de vínculo político con el Gobierno federal, tuvo varias condiciones de posibilidad: la administración de recursos públicos por parte de organizaciones sociales, su legitimación política, la ampliación del menú de recursos para distribuir, la decisión estratégica de apoyarse en estos grupos, y la tolerancia y las concesiones frente a la protesta por parte del Gobierno.

Si bien las protestas de los '90 pueden considerarse un acervo sobre el que se construyó el repertorio de acción de la protesta kirchnerista, la condición de posibilidad de la política de marchas fue, más que el movimiento piquetero, la posibilidad de administrar recursos sin contraparte estatal habilitada por la ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide. Las organizaciones ganan capital humano y consolidan sus estructuras, y la protesta pasa de las provincias a la zona metropolitana a finales de los '90.

La llegada de Eduardo Duhalde al poder con una política de construcción de consensos amplios, apoyándose en sectores de la sociedad civil e intereses organizados, como la iniciativa del Diálogo Argentino, fue otro paso necesario. No sólo fue esa política de consultas y de mesa ampliada. Duhalde comenzó con la práctica de sumar líderes de organizaciones sociales al Gobierno. Así, la segunda condición de posibilidad de la protesta perpetua kirchnerista es la legitimación de las organizaciones por parte del Gobierno.

Sin embargo, los dos antecedentes mencionados no explican la persistencia de la protesta sino sobre la base de un tercero: la distribución de más recursos, y de diferente tipo, como respuesta sistemática frente a la protesta. Esto conduce a considerar la política de alianzas federales. La crisis económica nuestra de cada década es la regla en la Argentina, pero la de 2002 cambió las coordenadas de las alianzas políticas por la incertidumbre relativa a las bases. Por un momento en la historia, aún los políticos con mayor control sobre sus territorios no podían asegurar que sus bases les respondieran y fueron, al menos temporalmente, más permeables a negociar y a aceptar como interlocutores a actores sociales no partidarios ni corporativos (como sindicatos o cámaras empresarias).

En este sentido, la división del partido peronista no ayudó, y menos aún la baja legitimidad electoral de Néstor Kirchner. Fue consistente para él apoyarse en una diversidad de actores. Aunque luego sumó a los tradicionales caudillos del PJ, su coalición quedó así ampliada y las organizaciones sociales cumplieron un rol fundamental a lo largo de esta década para movilizarse en apoyo del Gobierno y redistribuir recursos federales.

Durante la última década, el aumento de los recursos que el presidente puede distribuir con discrecionalidad y la ampliación del menú de políticas sociales dieron el combustible necesario para este nuevo amor entre el Ejecutivo y organizaciones. Los gobernadores, aliados tradicionales del presidente en las provincias, vieron afectado su monopolio para reasignar recursos federales con fines clientelares y crecer la protesta en sus territorios. El paradigma federal de construcción de apoyos territoriales a cambio de recursos pasó del “te amo, te odio, dame más” de la relación entre presidente y gobernadores al “el que no llora no mama” de una coalición ampliada donde los que protestan son legitimados en sus reclamos a través de la tolerancia y las concesiones de más recursos.

En la política de marchas, las protestas no demandan cambios en las políticas públicas del Gobierno. Difieren de aquellas protestas defensivas de los '90 que buscaban cuidar condiciones de vida amenazadas por las reformas de libre mercado. Estas protestas son, por un lado, un canal de acceso a recursos y, por otro lado, más generalmente, una estrategia ofensiva de una puja distributiva dentro de un contexto de crecimiento. La distancia que el Gobierno federal posee con otro tipo de protestas no hace más que confirmar esta tendencia. Hay protestas invisibilizadas, como la de los qom; protestas malas, como los cacerolazos, y las sucias y las feas, como las ambientales.

Según Darío Aranda, las protestas vinculadas con la conservación de las formas de vida del mundo rural profundo son crecientemente reprimidas o ignoradas a través de fuerzas de seguridad provinciales con anuencia del Gobierno federal, conforme el precio de la soja revaloriza la tierra y expande la frontera agropecuaria.

Otra mirada es la de Germán Lodola, coordinador de la edición argentina del Barómetro de las Américas. Según él, las protestas que más han crecido en la última década son las sindicales mediadas por mecanismos formales y cuyos actores representan a intereses organizados del mundo del trabajo. Si la protesta es una acción colectiva, disruptiva y episódica, beligerante o contenciosa, y transformadora, y si la protesta debe molestar para ser escuchada, esta protesta continua parece ser una rara avis. Pensar en la protesta como una institución es ciertamente contraintuitivo.

Sin embargo, al menos en la última década y ya avistando nuevas formas de acción, un tipo particular de protesta llegó para quedarse, una protesta perpetua con poco efecto disruptivo. Una protesta ofensiva, que reclama por recursos y consolida el vínculo directo entre el líder y el pueblo, desconociendo y erosionando las instituciones de Gobierno y los canales formales de distribución.

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