(Columna de Nicolás Gadano, economista e investigador de CIPPEC)
Más allá de su efectividad como herramienta política y electoral, la “planilla de la felicidad”, la famosa planilla anexa al artículo 11, genera importantes distorsiones en la administración financiera pública y complica a las futuras gestiones
Como sucede todos los años, el proyecto de ley de Presupuesto 2015 incluye en su artículo 11 la contratación de un conjunto de obras, bienes y servicios de carácter plurianual, es decir, con impacto presupuestario en más de un ejercicio fiscal. Esta autorización está enmarcada en lo dispuesto por el artículo 15 de la ley de Administración Financiera Pública (24.156), que habilita contrataciones plurianuales para casos de proyectos con plazos de ejecución superiores a un año.
De acuerdo a la planilla anexa al artículo 11, conocida en el mundo presupuestario como “la planilla de la felicidad”, se incluyeron obras por un monto total de $147.000 millones, cerca de 800 proyectos que van desde la mejora del Ferrocarril Roca, presupuestada en $4.942 millones, hasta pequeñas obras de $25 millones, como la ampliación del muelle pesquero en Rawson o la recuperación de la Costanera en Zárate.
Los interrogantes surgen cuando observamos que para el ejercicio 2015 se han presupuestado sólo $5.600 millones de los $147.000 millones totales estimados para las obras, es decir, apenas el 3,8% del monto necesario para financiar los proyectos en su totalidad. Una gran cantidad de obras importantes ?la dársena turísticodeportiva en Punta Cuevas, Chubut; la ampliación del Muelle Histórico Río Grande, y la ampliación del puerto Comodoro Rivadavia, por citar algunos ejemplos? tienen para el 2015 sólo $10.000 de presupuesto cada una, un monto que probablemente no alcance siquiera para cubrir los gastos del cartel de propaganda de la obra. El presupuesto promedio para el 2015 para la totalidad de las obras incluidas no llega a los $8 millones.
Los cientos de millones restantes necesarios para completar todos los proyectos hasta su ejecución total han sido asignados a años posteriores, pero como los montos que trascienden al 2015 son meramente indicativos, su efectiva disponibilidad dependerá de lo que se vote en las leyes de presupuesto del 2016, 2017 y demás.
LOS MOTIVOS
¿Cuál es el sentido de incluir un listado extenso de proyectos que en los hechos tendrán una mínima ejecución en el 2015? Desde el punto de vista político, ministros, secretarios, legisladores y gobernadores podrán decir que cumplieron sus promesas y lograron la inclusión de sus proyectos en el Presupuesto. En un plano más formal, la inclusión del proyecto habilita al Estado a contratar las obras por el monto total asignado. Esto significa que con una asignación de recursos efectivamente presupuestados de $5.644 millones, se podrán contratar y comprometer pagos a terceros por hasta $147.000 millones.
Podríamos suponer que más allá de este reducido crédito presupuestario inicial, durante el ejercicio podrían reforzarse las partidas de estas obras para alcanzar niveles de ejecución mayores. De hecho en los últimos años, como consecuencia de la inflación, el presupuesto de gastos del Estado Nacional al final del ejercicio siempre ha sido superior al originalmente presupuestado.
La reciente presentación de la Cuenta de Inversión 2013 nos permite ver lo sucedido durante el año pasado. A nivel general, frente a un total de gastos aprobados en el Congreso para la Administración Nacional de $628.000 millones, la ejecución presupuestaria del 2013 concluyó con un total gastado de $751.000 millones, un incremento del 20% frente al crédito inicial. En el caso de las obras plurianuales, sin embargo, sucedió lo contrario. La ley de Presupuesto 2013 aprobó proyectos de obra por un total de $112.000 millones, de los cuales sólo $4.595 millones fueron asignados al propio ejercicio 2013. La Cuenta de Inversión indica que de esos $4.595 millones aprobados se ejecutaron sólo $1.977 millones, apenas el 1,8% del monto total estimado oportunamente para la totalidad de los proyectos. Muchos de ellos siquiera se iniciaron, y en otros casos las cifras devengadas resultaron irrisorias.
A modo de ejemplo, el proyecto del puente Goya-Reconquista, la obra plurianual más importante incluida en la ley del 2013 con un costo total estimado en $5.000 millones, tenía autorizados $38 millones para ser ejecutados en el mismo ejercicio 2013, pero registró gastos por apenas $260.000.
DEJAR A UN LADO
El esquema de las aprobaciones plurianuales de obras merece ser revisado porque genera una colección de promesas electorales y proyectos desfinanciados, cuyos plazos de ejecución se extienden mucho más de lo originalmente proyectado. Más allá de su efectividad como herramienta política y electoral, la “planilla de la felicidad” genera importantes distorsiones en la administración financiera pública. Pensando en la transición política del 2015, estas planillas de obras podrán provocar hoy la “felicidad” de algunos, pero serán seguramente la pesadilla de los funcionarios que ocupen las secretarías de Hacienda y Obras Públicas en el futuro, quienes verán su margen de acción sumamente recortado por la necesidad de atender los millonarios compromisos derivados de las obras contratadas y subejecutadas en los años previos.