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Empezó a girar la reforma

19-09-2012
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(Columna de Lorena Zapata)

Los legisladores nacionales se preparan para debatir la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Consensos y diferencias.

El Congreso Nacional está sumergido en el debate de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Luego de los juristas redactores del anteproyecto, los funcionarios del Ejecutivo que lo modificaron y las organizaciones especializadas, llegará el turno de los legisladores de aceptar o cambiar la letra oficial. De ahí que los distintos bloques ya empezaron a tomar posiciones: cuáles son sus posturas respecto de los principales tópicos, cuáles son los artículos más controvertidos y cómo se paran cada uno de estos bloques ante los mismos.

"Esta es la ley de todos, no es un instrumento de política del Ejecutivo. Se trata de una interpretación armoniosa de todas las relaciones civiles y comerciales argentinas para garantizar la igualdad de derecho protegiendo al más vulnerable”, explicó a el estadista el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, dando cuenta de una postura que comparte todo el bloque del Frente para la Victoria.

Muy diferente es la posición del interbloque FAP: “Si bien en algunos casos la reforma es de avanzada, es el código de los jueces y la renuncia a la autonomía de la voluntad popular cuando podría haber sido el código del pueblo. La Bicameral debió haber sido creada para reformar los Códigos. No para modificar un proyecto elaborado por quienes les corresponde interpretar la ley”, cuestionó la diputada Liliana Parada.

En tanto, en las primeras reuniones de la comisión especial sorprendió la senadora Liliana Negre de Alonso, representante del peronismo disidente, cuando aseguró: “Comparto casi el 99% del proyecto porque es revolucionario y se ha avanzado en institutos importantes”. También fueron positivas a priori las apreciaciones de la UCR: “La obra es muy acabada, completa, y acertado el procedimiento de discutir sobre la base de principios generales”, sostuvo su jefe de bancada en Diputados, Ricardo Gil Lavedra. Con todo, estos bloques opositores también plantearon sus objeciones.

PESIFICACION Y DEPOSITOS BANCARIOS

El tema que provocó la reacción temprana de los bloques anti-K fue la eventual imposición de una pesificación de los contratos de transacciones y la contradicción que eso implicaría con la obligación que fija el nuevo Código al sistema financiero de devolver depósitos bancarios con la misma moneda en que fue pactada la operación. “Allí hay una incompatibilidad”, denunciaron al unísono.

Los oficialistas explican que en la reforma hay una incitación clara a contratar en moneda local pero no se prohíbe la operación en otra moneda. En tanto, a los efectos de dar seguridad jurídica al sistema financiero, se decidió que los depósitos bancarios en moneda extranjera sean devueltos en la misma divisa. Tanto el FAP como la UCR denuncian que el proyecto suprime la responsabilidad del Estado por ejercicio irregular de sus funcionarios y la deriva al derecho administrativo nacional, local o municipal.

“Esto trae aparejado una asimetría brutal respecto a la reparación de daños a particulares”, advierte Gil Lavedra. Parada, del FAP, lo ejemplifica: “En caso de un accidente de trabajo e incumplimiento de la ART, no podrán acudir como cualquier empleado de una empresa privada a la acción civil”.

DIVORCIO, FERTILIZACION ASISTIDA Y ADOPCION

La propuesta K simplifica los trámites de divorcio y desaparece el deber de fidelidad, que sólo queda para el ámbito de la moral. En tanto, se reconoce el matrimonio igualitario y el concubinato. Se incorporan también las técnicas de reproducción humana asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro. La legalización de la práctica del alquiler de vientre y la consideración del embrión como persona una vez implantado dentro del útero son otros de los cambios que generan mayor polémica, sobre todo dentro del peronismo federal.

“El alquiler de vientres implica permitir que los que tienen más dinero usen los úteros de las mujeres más vulnerables que son aquellas que los van a alquilar”, aseguró a este medio Negre de Alonso y se preguntó además: “¿Cómo hacemos para proteger el derecho a la identidad del niño con la gestación por sustitución?”. “En materia de adopción hay un extraordinario aporte en la simplificación de plazos y trámites para obtener la custodia legal de los niños”, explicó a el estadista Domínguez. Se reduce de 30 a 25 años la edad para adoptar y habilita a los convivientes.

Además, se mantienen la adopción plena y la simple y se agrega la de integración, referida al hijo del cónyuge o conviviente. Desde la UCR se propone avanzar en la definición de un solo tipo de adopción para limitar la arbitrariedad del juez al definir la viabilidad del vínculo con determinada familia.

PUEBLOS ORIGINARIOS Y AGUA POTABLE

La propiedad de las tierras de los pueblos originarios es uno de los tópicos más cuestionados. La UCR se opone a que el texto oficial defina a los indígenas como “personas jurídicas privadas” porque las convierte en “una especie de ONG” y reclaman la calificación de “persona jurídica pública” como tiene, por ejemplo, la Iglesia. En tanto, la propuesta K determina a la propiedad comunitaria como el “derecho real que recae sobre un inmueble rural destinado a la preservación de la identidad cultural”.

La oposición en su conjunto criticó la sujeción sólo al inmueble rural y no al urbano, calificándolo como un “desconocimiento total de la conceptualización de territorio”. Es en este punto donde hizo oír su voz la senadora del FPV Nanci Parrili ?la única voz discordante del oficialismo?: “Imaginar a nuestros pueblos originarios viviendo solamente en zonas rurales está muy alejado de la realidad que vivimos en las provincias donde trabajamos fundamentalmente la integración y la no discriminación”.

Por otra parte, la eliminación del derecho al agua potable por parte del Ejecutivo bajo el argumento del respeto del federalismo ya genera polémica. “Va en contra de la filosofía del propio proyecto. El reconocimiento de ese derecho humano sensibiliza la práctica del derecho privado, le quita preponderancia al sentido de la propiedad como único elemento e introduce concepciones sociales, colectivas y multiculturales”, opinó ante el estadista el radical Juan Pedro Tunessi.

El oficialismo postula que el derecho al agua ya lo fija la Constitución y son las provincias las que deben legislar en la materia. “Tenemos que ser federales para todo, no sólo para pedir dinero para nuestras provincias. Los recursos naturales son de las provincias”, recordó la opositora Negre de Alonso. La Comisión Bicameral recorre por estos días las provincias en busca de todas las opiniones y los legisladores tendrán hasta noviembre para dirimir estas cuestiones y llevar a votación el nuevo Código.

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