(Columna de opinión de Natalia Aquilino, Directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC)
Distintas iniciativas procuran medir el impacto que tienen las políticas públicas en aquello para lo que han sido diseñadas.
El énfasis en los resultados de la gestión pública es un rasgo crítico dentro de las propuestas de reforma del sector público a nivel mundial. Diversos motivos alentaron la adopción de mecanismos de evaluación de las políticas públicas en América Latina: ya sea por la necesidad de generar información para fortalecer el proceso presupuestario ?como sucede en Chile, Uruguay y México?, o bien para aumentar la capacidad institucional del Estado para evaluar el programa de gobierno, como ocurre en Colombia y Costa Rica. Con todo, se observan ciertos principios comunes a estas iniciativas: la responsabilidad de los funcionarios en sus acciones de gobierno, la generación y el uso de la evidencia para tomar decisiones de carácter público, la capacidad del Estado y sus funcionarios de rendir cuentas a sus comunidades, la vocación de garantizar la mejor relación posible entre insumo y producto, y la soberanía de los aprendizajes y datos que se generan en ese proceso.
Un sistema nacional de evaluación debería contener estos principios y responder sistemáticamente por lo menos cuatro interrogantes: quién evalúa a quién, para qué evaluar, qué evaluar y qué hacer con la información obtenida. Desde principios de los '80, se observan en nuestro país esfuerzos por diseñar e implementar modelos, sistemas y mecanismos que capturen distintos aspectos de la evaluación a nivel estatal como son el impacto, los efectos, la eficiencia, la eficacia, el desempeño o el presupuesto, por citar algunos.
Existen hoy 95 planes y programas nacionales ejecutados por distintos ministerios que dan cuenta de la extensa capacidad de iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. También existen unidades que monitorean y evalúan en los ministerios nacionales de Educación, Salud, y Trabajo, entre otros. Por otro lado, se presentaron al menos dos proyectos de ley relacionados con la Evaluación Obligatoria de Programas Sociales (3046- D-2010) y la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de políticas y programas de desarrollo social (2268-D-2011), en un esfuerzo por impulsar la capacidad de evaluación del Estado en su conjunto.
El primer proyecto propone una relación virtuosa entre el proceso evaluativo y el Presupuesto Nacional, aunque no profundiza en cómo garantizar una cultura orientada a los resultados en el ámbito de la Administración Pública. El segundo, diseña un completo sistema de evaluación de desempeño (denominado SED) con alcance provincial. Ambos proyectos se enfocan exclusivamente en las políticas y programas de desarrollo social y proponen líneas que operan sobre el desempeño de las políticas públicas sin llegar a cubrir el rendimiento individual de las organizaciones o personas que las implementan.
Pensar cómo el proceso de evaluación puede ayudar al Estado a observarse y a recuperar su sabiduría para hacer mirando los aprendizajes que genera al andar, puede colaborar en el fortalecimiento global de un sector público integrado y atento a su comunidad. Una evaluación sistemática de sus resultados que identifique cómo se benefician los ciudadanos de la acción estatal permitiría también mejorar la calidad de las políticas públicas. Alentaría, además, el conocimiento del impacto de planes y programas, la promoción de un mejor desempeño de los funcionarios, una más eficiente asignación de recursos, una mejor recolección de información y una capacidad mejorada para informar la toma de decisiones.
No obstante estos y otras iniciativas por mejorar la gestión del Estado en su conjunto, los resultados en materia de evaluación lograron solo parcialmente sus objetivos iniciales, y no han permeado profundamente las estructuras burocráticas nacionales, provinciales o municipales. Se ha sostenido que tales esfuerzos no tuvieron en cuenta el contexto institucional administrativo en el que operarían (Scwenheim, 2003), donde predomina un tipo de democracia delegativa que refuerza la dependencia política de los órganos de ejecución, regulación y control con respecto a los órganos formuladores de las políticas públicas.
Por ende, la institucionalización de la evaluación como práctica y sistema es aún baja, fragmentada y aislada. Pero no sólo se trata de institucionalizar de tal o cual manera un método. La evaluación es un asunto de naturaleza política.
En cualquier sociedad fluyen de manera constante una multitud de valores, datos, juicios y observaciones sobre la realidad, cuya definición no es compartida por el conjunto. Evaluar es tomar partido, entrar en conflicto con distintos recortes de la realidad con base en datos nunca homogéneos. Negarla como método sería negar la aplicación práctica de las ciencias sociales. Negarla como ejercicio individual, organizativo o colectivo sería no reconocer las distintas subjetividades que intervienen a la hora de asignar valor a los hechos sociales.
(De la edición impresa)
