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Estategia política, percepción de inseguridad, mano dura y Estado de Derecho en la Argentina

17-04-2014
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(Columna de los politólogos María Esperanza Casullo y Federico Tiberti)

Pese a que existe una preocupación por el delito y una alta sensación de victimización, no parece existir un apoyo a políticas que impliquen una mayor militarización de la seguridad ciudadana

Los recientes episodios en los que grupos de personas han golpeado espontáneamente a supuestos delincuentes y que culminaron en al menos un asesinato han puesto otra vez, pero con más urgencia, tres temas en la agenda pública: inseguridad, miedo al delito y políticas públicas de seguridad interior. Varias figuras políticas se manifestaron al respecto. Sergio Massa argumentó que “los vecinos lo hacen porque hay un Estado ausente”. Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “el mejor antídoto contra la violencia es la inclusión”. Hermes Binner, por su parte, afirmó que estos hechos de violencia contra supuestos delincuentes tienen relación con “la impunidad que hay en el país”.

Casualmente o no, las semanas previas a estos hechos de violencia tuvieron una agenda política dominada por las discusiones acerca de la conveniencia de la propuesta reforma al Código Penal. Massa encabezó la reacción contra el proyecto de reforma, que había sido preparado por una comisión con representación del oficialismo y partidos opositores y un juez de la Corte Suprema, con el argumento de que bajarían las penas a la mayor parte de los delitos, que el nuevo código sería “garantista”, dejaría en libertad a una gran cantidad de delincuentes y aumentaría la desprotección ciudadana.

Hay que recordar que el Código Penal actualmente en vigencia es producto, en gran medida, de las reformas logradas por Juan Carlos Blumberg en 2004. El éxito de la demanda de reforma del Código Penal a partir de las marchas convocadas por Blumberg, el ascenso de la figura de Francisco De Narváez en 2009 con la presentación de un “mapa del delito” y ahora la campaña de Massa para juntar firmas para impedir una nueva reforma del Código Penal muestran de una recurrente activación política del tema de la seguridad interior y de un cálculo (por parte de partidos tan disímiles como el Frente Renovador y el Frente Amplio Progresista) de que tal activación puede ser eficaz para construir una mayoría electoral.

LOS DATOS

Este artículo busca (de manera sintética y preliminar) explorar hasta qué punto puede tener apoyo mayoritario las llamadas políticas de “mano dura” en la Argentina. Para ello, hemos revisado datos de la Encuesta de la Argentina del Latin American Public Opinion Survey (LAPOP) de Vanderbilt University sobre sensación de victimización, apoyo al Estado de Derecho y apoyo a la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de delito y seguridad interior.

Los datos entregan una conclusión paradójica: en la Argentina, por un lado, aparece una fortísima preocupación por el delito y la inseguridad y una alta sensación de victimización, pero por otra parte no parece existir un universal apoyo a políticas que impliquen una mayor militarización de la seguridad ciudadana.

Por un lado, según LAPOP la victimización por delincuencia en el país (o sea, la experiencia autodeclarada de haber sido víctima de un delito) es alta. La Argentina tiene una tasa de victimización del 21,4%, sólo superada por Uruguay, México, Bolivia, Perú y Ecuador. Venezuela, Colombia y Brasil, tres países a menudo señalados como los más inseguros de la región según las estadísticas oficiales, están, sin embargo, por debajo de la Argentina en victimización. El 24% de la población en la Argentina señala que algún miembro del hogar fue víctima de la delincuencia, sólo superado por Costa Rica, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En la Argentina, el 35% de los hogares dice tener al menos un miembro que fue víctima de la delincuencia. Finalmente, el 38% de los entrevistados en la Argentina tiene percepción de vivir en situación de inseguridad. En este indicador más general la Argentina se encuentra en la mitad de la tabla de Latinoamérica, por encima de Costa Rica, Brasil y Chile pero debajo de Uruguay, Perú, Bolivia y Venezuela.

DEMANDA Y OFERTA

Estas cifras dan cuenta de que, efectivamente, un sector muy importante de la opinión pública argentina ha sido víctima de un delito y/o tiene miedo de serlo y considera a la inseguridad un problema central de la agenda pública al cual el Estado tiene que dar solución urgentemente. A partir de estas cifras, podría estimarse a partir de los números revisados que entre un treinta y un cuarenta por ciento de la población conformaría una base electoral (constituency, en inglés) potencial para un partido político que oferte primariamente un programa de políticas más represivas.

Esto parecería ser confirmado por las cifras de confianza en la Justicia. Este es un crucial indicador para extrapolar hasta qué punto la ciudadanía confía en que, en caso de delito, los responsables serán castigados. Pues bien, en la Argentina la confianza en la Justicia es bajísima; y se encuentra sólo por encima de Paraguay y Costa Rica: solamente el 36% de los entrevistados manifiesta confiar en que los culpables serán castigados. Para dar un ejemplo, aún México, Guatemala, Venezuela y Nicaragua tienen cifras superiores en este ítem. Venezuela, que según el informe UNODC Homicide Statistics de la ONU del 2011 reporta una tasa de homicidios de 45 cada 100.000 habitantes, tiene sin embargo cuatro puntos más en el indicador de confianza en que la Justicia castigará al culpable, a pesar de que la tasa de homicidios en la Argentina para el 2010 era de 5,7 por cada 100.000 habitantes.

En la encuesta de LAPOP no existe una pregunta que apunte directamente al apoyo a políticas represivas, pero encontramos dos que pueden servir como punto de partida para extrapolar sobre este tema: apoyo al Estado de Derecho y apoyo a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Sorprendentemente, a la luz de los datos discutidos sobre percepción de inseguridad, encontramos que las mediciones de estos indicadores no parecen señalar un apetito social unívoco por políticas represivas. Por una parte, el apoyo al Estado de Derecho es alto con el 61% de la población que lo apoya. No es, sin embargo, de las más altas del continente en este rubro. Venezuela reporta el 78% de apoyo al Estado de Derecho.

Asimismo, el 62% de la población cree que las FF.AA. no deben participar en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. En este caso la Argentina se encuentra junto a Chile y Uruguay en el grupo de los países que miran con más desconfianza las medidas tendentes a la militarización de la seguridad interior, probablemente por la herencia de las dictaduras recientes. Sin embargo, aun así el 38% de la población dice que apoyaría un golpe de Estado en condiciones de alta delincuencia, con lo que coincide perfectamente con el dato de que el 60% apoya al Estado de Derecho.

Estos datos son generales y no corresponde exagerar las conclusiones. Sin embargo, puede decirse que los mismos parecerían señalar que existe, efectivamente, una base social para una agenda política basada en “mano dura” hacia la delincuencia: ciertamente la inseguridad es un tema que preocupa profundamente a una mayoría de la población y hay un segmento de ella que está favorablemente predispuesto para apoyar un candidato embanderado en propuestas de mayor militarización o mano dura. Encuestas privadas citadas con frecuencia en los medios masivos reportan un reclamo mayoritario por castigos incluso más duros que los actuales al delito.

Sin embargo, datos comparativos con otros países de Latinoamérica, como los del LAPOP, están mostrando que la sociedad argentina tiene un apego fuerte por la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la no intervención de las FF.AA. en seguridad interior. Las razones que explican esto exceden las pretensiones de esta nota, pero incluyen una historia de inestabilidad democrática superior a cualquier otro país de la región y una muy mala reputación de las FF.AA. como titulares del gobierno. Estas posiciones suponen un límite al reclamo de castigos más duros: existe bastante apoyo al endurecimiento de las penas, pero en el marco de una adhesión firme por el Estado de Derecho y la no militarización de la seguridad interior. Los castigos serán más duros o más leves, pero seguirán a un debido proceso. Alternativas brutales, ya sea represivas o “espontáneas”como los últimos linchamientos, no tienen posibilidad de ser populares.

Esto estaría marcando, por otro lado, ciertos límites a la capacidad de hacer de la inseguridad un tema único sobre el cual ganar una campaña presidencial.

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