Por Alejandro Radonjic
A trazos gruesos, casi todos los países del mundo tuvieron una respuesta económica similar ante la pandemia: poner plata en la calle y asistir a las empresas. La idea es financiar el “sudden stop” económico que generó el Covid-19 hasta la llegada de la “nueva normalidad” sin una suba de la pobreza ni un cierre masivo de empresas. Argentina no fue la excepción: vía IFE y ATP, el gasto primario voló y permitió compensar (muy parcialmente), la caída económica más aguda y abrupta de la que se tenga memoria.
La particularidad vernácula fue tanto su punto de largada como su (in)capacidad de financiamiento del empuje fiscal. Argentina entró herida y magullada a la crisis, con dos años recesivos a cuestas, un sector privado extenuado e indicadores sociales en deterioro veloz. Además, sin financiamiento: los mercados voluntarios nos dijeron “good bye” en 2018 y el país se había consumido, también, el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tampoco había superávit fiscal, más allá de la mejora del último bienio de las Macrinomics.
Sin otra opción, y con el agravante del desplome de la recaudación, el Gobierno acudió a la emisión monetaria para financiar la ascendente brecha fiscal. Hasta noviembre, el BCRA había asistido al Tesoro en $1,7 billones.
El esquema empezó a encontrar limitaciones obvias en el segundo semestre y quedó claro que Argentina no tenía las espaldas de Alemania para una maratón exigente. Se empezó a acelerar la brecha cambiaria, con el trasfondo de un BCRA que no sumaba reservas y debió ajustar el cepo a niveles insospechados: se llegó, incluso, a exigir a las empresas que renegocien sus deudas porque el BCRA no le iba a vender dólares. Con una inflación que se aquietó en los meses de ASPO más duro, empezó a aparecer el fantasma de la devaluación. Agregar un salto del dólar oficial, con sus consecuencias inflacionarias, al cóctel recesivo hubiera sido letal.
Además de las medidas de “garrote”, el Gobierno fue ofreciendo algunas “zanahorias” al mercado para canalizar excedentes y calmar una brecha que había superado cómodamente el 100%, nivel no visto hace décadas. Se dieron, además, señales de prudencia fiscal y monetaria. No habrá IFE 4 y el ATP se limitó considerablemente: son los dos programas estrella del Gobierno para la pandemia. El ministro de Economía, Martín Guzmán, cada vez más empoderado por el Presidente, cuida la caja en pesos y anunció que no pedirá Adelantos Transitorios (AT) al BCRA en el último bimestre, aunque dejó la puerta abierta para la otra canilla: las utilidades.
Por cierto, la asistencia extraordinaria hoy es menos necesaria que 3 o 4 meses atrás. La economía se está recuperando y la vida económica se ha normalizado bastante. Sin embargo, como recuerda la CGT y saben en el Gobierno (sobre todo, aquellos que más contacto tienen con el territorio), “la pandemia no ha terminado”. El ajuste (discreto, por ahora), empalmado con el abrazo al FMI, incomoda a algunos sectores del heterogéneo Frente de Todos (FdT). La carta de Cristina, que guardó un silencio extraño durante largos meses, abonó la hipótesis de las discrepancias.
Cuando anunció que no habrá IFE 4, Guzmán dijo: “Hoy no es el momento porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país". En otras palabras, si el gasto no tiene cierta lógica, se perderán esos “equilibrios” que podrían terminar pegando aún más duro en la actividad. Es lógico que inquiete a sectores que no creen en la restricción presupuestaria y aun piensen que la emisión monetaria no genera inflación.
Por estos días, el Congreso avanza con el impuesto a “las grandes fortunas”. Ya tiene media sanción en la Cámara Baja y el Senado podría sancionarlo en diciembre. La recaudación estimada (unos $300.000 millones) no es desdeñable en un contexto de déficit fiscal récord, pero el afán del proyecto, que estuvo cajoneado varios meses, fue otro. El kirchnerismo (desde donde surgió el proyecto) busca dar una señal a las bases electorales, recuperar cierto “agenda setting” y edificar un relato que exhiba que “los ricos” también ponen en un año que pésimo para las familias argentinas.
No fue un proyecto del Presidente, aunque lo avaló, sino de las entrañas kirchneristas. El jefe de Estado escuchó, personalmente, las críticas de los empresarios sobre el tributo. Ante ellos, lo defendió, pero también recordó que era un proyecto de los legisladores. No se desmarcó, pero dio a entender que el FdT es una coalición heterogénea y que la paz interna es clave, y a veces costosa. El padre intelectual del tributo (bastante anómalo en el mundo emergente), Máximo Kirchner, también escuchó esas críticas, pero decidió continuar. Las críticas empresarias fueron, y son, muy duras y los tributaristas auguran que terminará en la Justicia. Los canales de diálogo siguen abiertos, pero el proyecto fue un “bombazo” en el sector privado y el episodio está lejos de terminar.
El riesgo es que las señales, y sobre todo las acciones, que salgan del oficialismo (en sentido amplio) sean contradictorias y configuren una suerte de juego de suma cero que incremente las rispideces y el pase de facturas internas sobre “funcionarios que no funcionan” o legisladores que legisladores mal. No será necesariamente así.
Hacia adelante, además de la cohesión interna, el escenario no está claro y no es para menos: más allá de cierta retracción de la circulación viral en Argentina, la pandemia sigue azotando al mundo; no hay vacunas de comercialización masiva (aunque están cada vez más cerca) y Europa demostró que la segunda ola existe y puede ser incluso peor que la primera. Si habrá vacunación masiva o no antes del próximo otoño es una de las grandes nubes en el horizonte.
La otra es el acuerdo con el FMI: en la segunda “staff visit”, aun en curso, el Gobierno y el organismo se están midiendo. Argentina busca, además de reprogramar los pagos de los US$ 44.000 millones tomados, no tener que hacer demasiadas concesiones, sobre todo en el electoral 2021. Días atrás, los senadores del FdT le avisaron al FMI, en la que algunos llamaron “la segunda carta de Cristina”, que no se pase de vivo con las condiciones y las exigencias. Un mensaje por elevación para el Mecon, que se limitó a decir que comparte el diagnóstico. El riesgo no es menor: si cede demasiado, el Gobierno quedará como concesivo ante el FMI y, además, la receta clásica de Washington podría ser una poción que empeore todo. Sin ir más lejos: ya pasó en 2018-2019 y hay ejemplos vastos urbi et orbi. ¿Habría algo peor para el FdT que llegar a las legislativas de 2021 en un escenario de ajuste digitado por los burócratas del organismo? Si Guzmán encuentra la mixtura justa entre ajuste y diferimiento de pagos, el nuevo acuerdo puede ayudar a anclar las expectativas. El FMI podría quedar como un auditor externo, pero no obsesivo, una suerte de dique de contención, mientras la economía se recupera gradualmente.
El otro tema es el dólar oficial. Allí, el dique de contención, que son las reservas del BCRA, tiene unas fisuras enormes. Quedan pocas en serio y Miguel A. Pesce no deja de venderlas, aunque menos que antes. ¿Se evitará la devaluación del oficial? Se sabe que el Gobierno quiere evitarla, ¿pero podrá? La próxima cosecha gruesa está lejos y, si bien China ayuda a sostener los precios en Chicago, el clima podría complicar los rindes.
Hay que pasar el verano.
