(Columna de Alejandro Grimson, decano del IDAES de la UNSaM)
La exacerbación de la confrontación dificulta la comprensión de los motivos
de la misma por parte de amplios sectores
Un observador externo de los conflictos políticos argentinos quedaría anonado al constatar una de las únicas coincidencias entre el Gobierno y la oposición: la Argentina está dividida en dos. Y se sorprendería aún más si al hablar con personas de diferentes regiones y sectores sociales pudiera constatar que, en realidad, hay tres argentinas. Veamos. La inmensa mayoría de los argentinos hoy escucha principalmente alguno de los dos relatos que se despliegan sobre el país. Existen dos grandes narrativas: una afirma que al fin el país ha logrado una serie de sueños, la otra afirma que al fin el país salió del ensueño. Una afirma que hay problemas menores en un marco de logros inmensos; otros dicen que hay uno u otro logro a pesar de una inmensa calamidad.
Cuando uno vive en esta tensión, pensaría que se trata de un país donde hay dos comunidades, dos países. Pero hay tres: la que está decidida a apoyar al Gobierno, la que está decidida a oponerse y un país dubitativo e indeciso, muy heterogéneo, que en ciertas circunstancias es mayoritariamente seducido por el Gobierno (elecciones de 2011) y en otras ocasiones toma distancia de él (elecciones de 2009). Este país murmulla. Aunque este país constituye en términos electorales aproximadamente un tercio del total, la paradoja es que una parte sustancial del debate político se despliega con voces que parecen más dirigidas a los convencidos que a los indecisos.
El discurso político tiene como una de sus características intrínsecas tener tres destinatarios. El político le habla a los convencidos, a la vez que rebate argumentos de sus adversarios. Ahora, lo que un político nunca debería dejar de hacer es dirigirse al mismo tiempo a quienes no están decididos. La pretensión de hablarle sólo a los indecisos, sin importar el propio grupo o partido, corre un riesgo: el de caer en el oportunismo y el electoralismo (que puede ser mal visto incluso por ellos). La pretensión de hablar a los gritos a los convencidos corre siempre el riesgo de renunciar a la persuasión.
¿Cómo compiten algunos dirigentes oficialistas u opositores por su posicionamiento? Unos intentan ser más papistas que el Papa y otros buscan ser los opositores más acérrimos. Ambas estrategias implican ir subiendo el tono. Por un lado, para denegar cualquier objeción razonable, cualquier crítica indiscutible. Por el otro, para afirmar que llega el fin de la misma democracia o catástrofes análogas. Difícil convencer con tanta grandilocuencia a quienes perciben que las cosas son algo más grises. La configuración cultural argentina tiene un peculiar estilo para los conflictos.
Nuestro lenguaje nos impulsa al vértigo de la confrontación, pero más que repetir el libreto, nuestro desafío consiste en explorar opciones frente a la lógica de nuestra Historia. O uno domina su propio sentido común y su lenguaje, o la cultura lo dominan a uno. Mientras crece el sector de los indecisos aumenta la polarización. Esto plantea varios problemas. En primer lugar, podría incrementarse la distancia entre este sector de la ciudadanía y las referencias políticas existentes. Crece una confusión y un malestar que no encuentran canalización. En segundo lugar, como ya se empieza a verificar, se utilizaría la denuncia de dicotomización como un arma para dicotomizar más y mejor, dificultando afrontar los debates que se tornan urgentes. En tercer lugar, como ya puede visualizarse, crecería el desarrollo de dobles estándares. Esto último implica corroer la construcción de criterios claros para juzgar acciones, como positivas o negativas, más allá de las identidades políticas de los actores.
Por ejemplo, si actores mediáticos o políticos logran instalar la definición de que el problema del país es la corrupción, los argentinos deberían apoyar un Frente Nacional contra la Corrupción. Para que esto sea factible, sería necesario olvidar que así fue definido el problema nacional cuando el silencio contra la convertibilidad era sepulcral. Así se logró discutir de moral y se evitó discutir de política. El país terminó a la deriva política y económica. “No robarás” es un mandamiento claro. Mucho más que la acción de un Poder Judicial que logró ahora que prescribieran causas como la de María Julia Alsogaray. El riesgo evidente es que esta crítica o cualquiera otra a la Justicia sea vista como K; pero no olvidemos que hace sólo dos años una crítica a la Justicia podía interpretarse como anti-K. Este cambio subrepticio se generó sin cambios serios en el Poder Judicial.
UN ESPACIO DE DEBATE
Por ello, debe existir un fuerte debate político sobre el futuro de la Argentina, incluyendo medidas eficaces contra la corrupción. Es claro como el agua que no todos los partidos tienen visiones similares sobre la devaluación, sobre la inflación, sobre los salarios, sobre la AUH o sobre el rol de las fuerzas policiales. Ni sobre el rol del Estado, ni sobre el lugar de la Argentina en el mundo. Y hay temas sobre los que muchos no tienen visión alguna. Necesitamos salir de la jaula de la coyuntura debatiendo proyectos políticos.
Mientras la política se despliega como si el país estuviera dividido en dos, los ciudadanos miran con angustia qué va a suceder. La exacerbación de la confrontación dificulta la comprensión de los motivos de la misma por parte de amplios sectores. Ese tercer país heterogéneo no se inclina hoy por propuestas neoliberales, pero además de rechazar la corrupción quiere todos los reaseguros democráticos que se le puedan dar. Hablarle a ese tercer país exige diseñar una estrategia que busque un reaseguro sobre todos los logros sociales, económicos y políticos, así como una sensibilidad potente para dar plenas garantías ante toda denuncia, que profundice medidas contra la inflación, que apuntale los derechos de los sectores marginalizados, que asuma la independencia de la Justicia tanto de las corporaciones como del poder político y que potencie políticas tributarias progresivas.
En fin, que retome con fuerza toda medida factible que apunte a la redistribución, a la democratización y a las transparencia de la gestión pública.
