(Columna de Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, director y coordinadora del Programa de Protección Social de CIPPEC, respectivamente)
Pese a las mejoras, la Argentina, como muchos países de la región, presenta importantes injusticias en el acceso a la protección social.
El sector público de la protección social en la Argentina enfrenta hoy desafíos estructurales, vinculados a sus asignaturas pendientes en el plano institucional, que se expresa en la falta de integralidad en su aplicación. También existen desiguales capacidades de gestión operativa, tanto entre los diversos organismos del nivel central, como entre las jurisdicciones subnacionales. Si bien en los últimos años hubo avances importantes con medidas sustantivas, así como se observó una gran creación de empleo y una mejoría en los indicadores sociales ?heterogénea entre diferentes grupos poblacionales y territorios?, desde 2003 no hubo reformas importantes para resolver estructuralmente ambos desafíos.
Asimismo, no existe en el Estado ni una concepción ni una nomenclatura administrativa o presupuestaria específica de la protección social, sea en su dimensión “ingreso” o en otro tipo de prestaciones. El sector de la protección social en la Argentina carece de un sistema. En su lugar, existe actualmente una proliferación de intervenciones (muchas veces bajo la modalidad de programas) que no responden a lógicas integrales y que, desde el ámbito nacional, aterrizan de diversas formas en los heterogéneos territorios provinciales y municipales.
Sin embargo, recientes y valorados esfuerzos estatales por comenzar a sistematizar información de la situación socioeconómica y demográfica ligada a la oferta de políticas de protección social constituyen un paso valorable para revertir en parte esta situación. Este complejo escenario genera grandes dilemas en la gestión y el desempeño del mercado laboral y de la protección social. El tipo de inserción en el mercado laboral determina, como siempre, el acceso a la protección social. Así, los trabajadores que han tenido la posibilidad de acceder a un puesto de empleo formal tienen muchos más beneficios en materia de acceso a la seguridad y a la protección social (por ejemplo, jubilaciones y pensiones) que sus pares en el mercado laboral informal.
A pesar de haberse conseguido un retroceso del desempleo, que pasó de 21,5% en 2002 a 7,2% en la actualidad (OIT, 2012), el desempleo no afecta a todos los grupos etarios de la misma manera y son los jóvenes quienes presentan mayores dificultades para conseguir y mantener un empleo. Persisten, por otro lado, altas tasas de informalidad (que superan el 40% en gran parte de los países de la región y rondan el 35% en la Argentina) que eliminan la posibilidad de aquellas personas que tienen trabajo en condiciones precarias de tener acceso a la seguridad social tradicional, de carácter contributiva.
En este marco de avances pero también de inequidades que se mantienen, es fundamental promover un sistema de protección social integral que cubra las vulnerabilidades y riesgos sociales de todos los argentinos, fundamentado en sus derechos e independientemente de su categoría ocupacional laboral. Vale insistir que, históricamente, en la Argentina el acceso a la seguridad social y a la salud, y la calidad de las prestaciones recibidas estuvieron ligados con la participación en el mercado de trabajo y la posibilidad de contribuir al sistema. Esta dinámica ofreció un alto grado de cobertura de la protección social mientras el mercado de trabajo formal fue capaz de absorber naturalmente a la población activa, alcanzando niveles cercanos al pleno empleo.
Tras los procesos de globalización, privatización y liberalización, en las últimas dos décadas emergieron nuevos riesgos y fenómenos sociolaborales que inciden en el alcance de la protección social. Sobre todo en los noventa, aumentaron el desempleo, la inestabilidad ocupacional, la informalidad y la precariedad laboral. Al mismo tiempo, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el envejecimiento de la población plantean nuevos desafíos.
Esta evolución produjo nuevos grupos vulnerables, desprotegidos y socialmente excluidos, cuya densidad alcanzó, en el caso argentino, niveles alarmantes durante la crisis del 2001/2002. Más aún, las transformaciones del mundo laboral comienzan a instalar la creencia política de que los mercados laborales regionales adoptaron restricciones estructurales a la reabsorción del desempleo y del empleo no registrado. De este modo, en la actualidad, la Argentina (al igual que muchos otros países de la región y del mundo) se encuentra en una situación que genera importantes injusticias en el acceso a la protección social. Tal es el caso en la gran mayoría de las prestaciones de la protección social (que incluyen, por ejemplo, desde las licencias por paternidad y maternidad hasta pensiones y jubilaciones). Vale ejemplificar con el caso de licencias (por maternidad, paternidad y lactancia), que resulta paradigmático en este sentido. Las licencias resultan muy asimétricas de acuerdo a las diversas categorías ocupacionales.
Por supuesto, los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo o de empleo no registrado, no tienen ningún tipo de cobertura en materia de licencias. Dentro de la categoría de trabajadores formales, también existen asimetrías entre aquellos cubiertos por la Ley de Contrato de Trabajo (que brinda una licencia por maternidad de 90 días), por el convenio colectivo de trabajo para los trabajadores del Estado (que brinda licencias por maternidad de 100 días), para los trabajadores y trabajadoras cubiertos por el Estatuto Docente (licencias por maternidad de 130 días), y por la Ley de Trabajo Agrario (licencias por 90 días).
Esta heterogeneidad ilustra la necesidad de brindar una mayor homogeneización en el régimen de licencias, basado en el hecho que los niños y niñas de la Argentina tienen los mismos derechos independientemente de la categoría ocupacional de sus padres. Este panorama marca sólo algunos de los desafíos que la dinámica del mercado laboral presenta para la conformación de sistemas de protección social que deben trascender claramente de lo que la inserción en el mercado laboral ofrece hoy a los ciudadanos y que deben incorporar una mirada integral.
Esto implica no sólo un tratamiento intersectorial y de carácter federal, sino que coloca en primer plano la cuestión misma del financiamiento de la protección social, ya no solo con mecanismos contributivos, sino con rentas generales. Eso y hablar de un nuevo contrato social y fiscal en la Argentina es casi lo mismo.
