por Tomás Múgica
El estancamiento que muestran las economías y la puja por la distribución del ingreso siguen siendo determinantes en los procesos políticos que vive América Latina
Es muy probable que cuando este ejemplar esté en manos de los lectores, la Corte Electoral haya confirmado a Luis Lacalle Pou como presidente electo del Uruguay. Será por un margen mucho menor de lo esperado (48,7% contra 47,5% de Daniel Martínez, según el escrutinio provisional) en la previa a la segunda vuelta. Después de 15 años terminaría así el ciclo del Frente Amplio, que comenzó en 2004 con la elección de Tabaré Vázquez, abarcó tres presidencias y obtuvo logros notables en materia de crecimiento económico (73% entre 2004 y 2018) y mejora de las condiciones de vida de los uruguayos (reducción de la pobreza del 32% en 2006 a 8% en 2018).
De ratificarse el resultado, el nuevo gobierno será de coalición, encabezado por el Partido Nacional (Blanco) -uno de los dos partidos tradicionales nacido en el período de las guerras civiles en el siglo XIX- con dos socios principales: el Partido Colorado, el otro partido histórico, que forjó el Uruguay moderno a partir de las presidencias de José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915) y gobernó durante la mayor parte del siglo XX; y Cabildo Abierto, la formación recientemente creada por Guido Manini Ríos, hasta hace poco comandante en jefe del Ejército, la versión oriental de una derecha que rechaza la agenda de valores posmoderna y mira con nostalgia el pasado autoritario. A ellos se suman como socios menores el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Los aliados suman la mayoría en la Cámara de Representantes (56 sobre 99) y en Senado (17 sobre 30), lo cual representa una ventaja considerable de cara al futuro gobierno, aunque obliga a administrar los equilibrios internos.
Dos temas dominaron la campaña electoral: la inseguridad, en ascenso y la economía, estancada. La creciente inseguridad urbana se manifiesta en un aumento sostenido del número de homicidios (11 cada 100.000 habitantes, una cifra que coloca a Uruguay en el cuarto lugar en Sudamérica, detrás de Venezuela, Brasil y Colombia, pero por encima de Argentina y Chile). Aunque Uruguay suma dieciséis años de crecimiento ininterrumpido, la economía se ralentiza: creció 1,6% en 2018 y lo hará al 0,3% en 2019, según datos de la CEPAL. El impacto se traslada al desempleo, que llega al 9,5% y las cuentas públicas, con un déficit fiscal que alcanza al 4,9% del PBI.
En relación a esta agenda, Lacalle Pou y sus aliados expresan un endurecimiento de la política de seguridad y una mirada más liberal en materia económica, con foco en el control del gasto público, la desregulación y la liberalización del comercio internacional. A ello suma una agenda más conservadora en materia de valores: como legislador, Lacalle Pou votó en contra del aborto y del matrimonio igualitario, aunque ha manifestado que modificaría esta última postura si tuviera oportunidad. Los principales referentes de Cabildo Abierto mantienen posiciones similares.
Al igual que Bolsonaro y Abdo, Lacalle Pou es partidario de la flexibilización del Mercosur, una posición compartida por gran parte del arco político uruguayo, incluyendo importantes sectores del Frente Amplio -especialmente los más cercanos al actual presidente Vázquez. Estos actores visualizan al acuerdo regional como un corsé que limita la expansión de las exportaciones agropecuarias del país y demandan libertad para que los socios puedan firmar acuerdos comerciales por separado con otros países o bloques.
ESTANCAMIENTO ECONOMICO Y POLÍTICA
La elección uruguaya deja dos mensajes para el resto de América del Sur. En primer lugar, con diferentes matices, la disputa por la distribución del ingreso sigue siendo un clivaje central ?aunque no único- de los sistemas políticos en nuestra región. Las movilizaciones sociales en Chile, Colombia y Ecuador giran en gran medida en torno a ese conflicto; las elecciones en Argentina y Uruguay también lo han hecho. El desafío que enfrentan estas sociedades es armonizar las demandas de justicia social y la construcción de gobernabilidad democrática con los imperativos del crecimiento económico [1].
El telón de fondo ?más bien oscuro- es el estancamiento de sus economías: según datos de CEPAL, para 2019 se espera que América Latina en su conjunto crezca 0,5% y América del Sur apenas 0,2%, prolongando el actual ciclo de desaceleración que comenzó en 2012, tras el fin del auge de las commodities. La pobreza del crecimiento tiene sus raíces en el menor dinamismo de la economía mundial (debido en parte a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China), la consecuente caída del precio de las materias primas, la volatilidad financiera y ?de manera más general y fundamental- la debilidad de las estructuras productivas, poco diversificadas y con escasa capacidad de innovación, de los países de la región.
Una consecuencia políticamente relevante del crecimiento anémico es la reducción del espacio fiscal: los Estados disponen de menos ingresos y su capacidad para transferir recursos a los sectores más vulnerables y para proveer bienes como educación, salud y vivienda- centrales para la reducción de la pobreza y la desigualdad- sin afectar la consistencia macroeconómica, es más limitada. Sin expansión de la economía, las perspectivas de proyectos políticos que privilegien la integración social se ven seriamente limitadas.
Las economías latinoamericanas, en resumen, continúan siendo excesivamente dependientes de la demanda mundial de materias primas y alimentos y de los flujos financieros globales y esa dependencia tiene un fuerte impacto sobre los resultados políticos, como mostraron Campello y Zucco [2].
Esto nos lleva al segundo mensaje de la elección en Uruguay: si se confirma el triunfo de Lacalle Pou, todos nuestros vecinos del Cono Sur tendrán un color ideológico diferente al del gobierno del Frente de Todos que asumirá el 10 de diciembre. Sin embargo, las persistentes debilidades estructurales de las economías sudamericanas nos recuerdan que entre nuestros países existen intereses comunes relativamente permanentes, más allá de las divergencias ideológicas entre los gobiernos, necesariamente temporarias. La mejora de la infraestructura, el desarrollo científicotecnológico, la conformación de cadenas de valor regionales, el acceso a mercados en condiciones favorables y la protección de los recursos naturales son algunas de las tareas que requieren un esfuerzo conjunto; ese esfuerzo necesita de esquemas de integración que, por sobre todo, funcionen.
Ello no quiere decir que las ideologías no importen. Importan y mucho: suelen traducirse en diferencias significativas en cuanto al modo de encarar los problemas. Al mismo tiempo, esa diversidad obliga a mayores cuotas de pragmatismo. Ese es el camino que habrá que recorrer.
[1] Ver Tonelli, Luis. “Crecimiento vs. gobernabilidad”, en www.7miradas.com, octubre 2019
[2] “Presidential Success and the World Economy”, The Journal of Politics, volume 78, number 2
