mie 20 Oct

BUE 20°C

mie 20 Oct

BUE 20°C

La evaluación de la política social: más intenciones que presupuesto

27-08-2014
Compartir

(Columna de Natalia Aquilino, directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC)

La evaluación como política está más sujeta a la voluntad de actores individuales que al convencimiento institucional del Estado

El crecimiento económico registrado entre 2003 y 2013 estuvo acompañado por un activo rol del Estado en materia social, y por un crecimiento sostenido del gasto social, que pasó del 19% del PBI en 2003 al 32% en 2013. En este contexto mejoraron los principales indicadores sociales, y se ampliaron los derechos para sectores históricamente excluidos. Actualmente, la cartera de planes y programas sociales implementados por el Estado Nacional beneficia a casi un cuarto de la población total del país y representa un importante esfuerzo fiscal.

Sin embargo, un estudio reciente de CIPPEC sobre dieciséis programas de la cartera social muestra que sólo el 43,75% de los programas y planes sociales analizados está en condiciones de ser evaluados y de producir información confiable que alimente la toma de decisiones.

Aun así, los planes y programas sociales tienen buen diseño. El 81% de los programas diagnosticó los problemas e identificó sus causas. Todos los programas analizados definen sus objetivos explícitamente, responden a las necesidades y problemas detectados y son medibles. Además, una de cada tres intervenciones establece los plazos para alcanzar estos objetivos. Alrededor de la mitad de las intervenciones define un sistema de información formal con indicadores, fuentes de información y mecanismos de recolección de datos explícitos. Las matrices de seguimiento y evaluación de la mitad de los casos analizados emplean indicadores de impacto.

El 75% de las políticas sociales revisadas incluyen una estrategia de evaluación y en más de la mitad de los programas analizados se genera algún mecanismo para incorporar las recomendaciones de la evaluación a la gestión de la política. Sin embargo, sólo el 37% de los programas y planes tiene un presupuesto específico para implementar actividades de seguimiento o evaluación. Este porcentaje (a excepción del Programa Conectar Igualdad) está compuesto por planes o programas con financiamiento internacional. Esto ayuda a entender por qué la evaluación es más una expresión de deseo a nivel del diseño de la política pública que un compromiso efectivo en los presupuestos de implementación.

En América Latina existen experiencias valiosas de diseño e implementación de estrategias y sistemas de monitoreo y evaluación de planes y programas sociales. México y Colombia, por ejemplo, impulsan, regulan y coordinan desde el Estado la evaluación sistemática de políticas públicas. En el caso mexicano, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social regula y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social. En Colombia, la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, a través del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados, mide y evalúa la gestión, la ejecución y el impacto de las principales políticas y programas gubernamentales. Estos organismos evidencian una cultura de evaluación liderada desde el nivel estatal.

En este contexto, programas como “De Cero a Siempre” (Colombia) y “70 y más” (México) tienen sistemas de información y estrategias de evaluación elaborados con lineamientos del Estado. Esto garantiza que todos los programas cumplan con estándares mínimos de evaluabilidad.

En la Argentina no existe un organismo análogo a los de Colombia y México. Por el contrario, las tareas de monitoreo y evaluación están supeditadas a la iniciativa política y a la voluntad técnica de las gerencias de los planes y programas o a las exigencias de los organismos financiadores. Así, en nuestro escenario conviven experiencias muy disímiles en calidad y rigor técnico. La evaluación como política está más sujeta a la voluntad de actores individuales que al convencimiento institucional del Estado.

La iniciativa de las Naciones Unidas para la Evaluación, EvalPartners en inglés, declaró al año 2015 como el Año Internacional de la Evaluación. Es una buena oportunidad para pensar un sistema nacional orientado a responder sobre la efectividad de las políticas públicas desde un enfoque basado en la equidad y los derechos humanos que alienta la participación de distintas organizaciones en el proceso.

En esta nota