(Columna de Facundo Matos Peychaux)
El gremialismo avanza sobre el escenario político cuando ve amenazado su poder corporativo. ¿Será este el caso actual?
La falta de empleo volvió a aparecer, después de mucho tiempo, entre las principales preocupaciones de la población en varias encuestas llevadas a cabo en las últimas semanas. Desde diversos sectores legislativos (el kirchnerismo, la izquierda y el Frente Renovador en la Cámara de Diputados; el peronismo en el Senado) impulsan proyectos de ley para dictar la emergencia en materia ocupacional. En el primer trimestre, según la consultora Diagnóstico Político, la cantidad de piquetes a nivel nacional creció 25% con respecto al mismo período del año pasado, traccionada por un crecimiento de los cortes de calle convocados por los trabajadores estatales, en el marco de la ola de despidos en el sector público, y por otros desocupados y cesanteados. La cuestión laboral, por distintos frentes, ha vuelto a formar parte de la agenda.
Bajo este contexto, los líderes de las distintas centrales obreras avanzan hacia su reunificación en agosto y llevan adelante las primeras medidas gremiales juntos, a pesar de las severas peleas y diferencias mutuas que mantienen. ¿Será el que viene un período de avance del sindicalismo?
La historia reciente, como señala Enzo Benes, politólogo y consultor del Ministerio de Trabajo, muestra que el gremialismo avanza sobre el escenario político cuando ve amenazado su poder corporativo, lo que puede suceder por dos vías. Por un cambio en la legislación, como intentó la frustrada Ley Mucci, o por una caída masiva del empleo, que implica una merma de la cantidad de afiliados a los diferentes gremios. Lo primero, se descuenta, no pasará. El Gobierno, por vocación o precaución, no ha demostrado ningún interés en modificar las bases del llamado modelo sindical. Lo segundo, en cambio, está por verse.
Desde diciembre, según distintas mediciones, sumaron entre 100.000 y 150.000 los despedidos entre el sector público y privado. Solo en la construcción, cuyos trabajadores engrosan las filas de la UOCRA, que conduce Gerardo Martínez, se perdieron más de 54.000 puestos de trabajo, según el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack. Aunque en menor medida, en otras actividades -como la petrolera- también hubo una reducción importante de dotaciones en lo que va del año.
El Gobierno, en cambio, plantea que si bien se destruyeron una cantidad de puestos de trabajo, también se crearon empleos por un número similar. En esa línea, los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) arrojaron que el empleo privado formal no tuvo variaciones en relación al cuarto trimestre del año pasado ni en términos interanuales (apenas creció 0,4%).
A futuro, el equipo económico nacional apuesta a que las inversiones empresariales motoricen la actividad y la creación de empleo en el sector privado en el segundo semestre. En ese caso, la conflictividad social seguramente amainará. En cambio, mientras continúen los despidos, remarca Ana Natalucci, el Gobierno correrá el riesgo de erosionar lo que había sido el pilar de la relación positiva entre kirchnerismo y sindicalismo: la expansión del mercado laboral y por tanto, de la cantidad de afiliados gremiales.
Por el momento, los líderes gremiales mantuvieron una posición cautelosa frente al Gobierno y evitaron entrar en conflictos. La actitud del Gobierno de recibir a los sindicatos constantemente, señalan los propios actores sindicales, ayuda a mantener el vínculo. Pero como escribió José Natanson en Página 12, “que en cuatro meses de gestión Macri haya recibido a los líderes sindicales más veces que Cristina en todo su segundo mandato no convierte a su gobierno en un gobierno de los trabajadores sino en uno que se muestra dispuesto a hablar con sus referentes” ni que la estrategia pueda durar mucho tiempo.
Algunos signos en ese sentido se dieron en el Congreso. El surgimiento de distintos proyectos de declaración de la emergencia ocupacional en ambas cámaras y con el aval de buena parte del arco sindical, no es casualidad. Si bien es probable que no lleguen a sancionarse (la proliferación de proyectos alternativos ayuda al Gobierno, que por otro lado no dudaría en vetarlos si salieran), la presentación de las normativas es una advertencia al oficialismo: su alianza con el sindicalismo está lejos de ser un cheque en blanco, como además muestra la movilización del Día del Trabajador.
En el Congreso, la forma en que se manejen bancadas de diputados sindicales será clave. “La novedad, con un gobierno no peronista y un peronismo nuevamente en la oposición, pero fragmentado, es que esa representación puede quedar disociada: diputados y senadores de extracción gremial no deben lealtad u obediencia a ningún mandato partidario, lo cual les otorga mayor autonomía y margen de maniobra. La contracara es que su peso específico puede ser menor si actúan solitariamente”, plantea Fabián Bosoer. En ese sentido, los incentivos serían a aliarse. “Si lo logran, pueden tener mayor incidencia en la agenda legislativa y en la discusión de los temas vinculados con el mundo del trabajo y las políticas laborales”, dice Bosoer.
Pero además, como señala Natalucci, los líderes sindicales podrían verse presionados hacia una posición más confrontativa por parte de las bases de sus mismos gremios, y especialmente por las juventudes sindicales surgidas durante el kirchnerismo, menos disciplinadas a sus líderes sindicales y más refractarias a la pérdida de derechos adquiridos, según Natalucci. Más aún, cuando no existió en la alternancia de 2015 una crisis que corriera los límites de tolerancia -como sí sucedió en 1989 o 2001-.
Por otro lado, la actitud del Gobierno podría alejar a futuro a los líderes gremiales. De la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo arrastra la gimnasia de haber negociado exitosamente con los gremios docentes y los municipales conducidos por Amadeo Genta. No obstante, hasta ahora, a nivel nacional ha hecho poco y nada para atraer voluntades sindicales y confía en extender la luna de miel al segundo semestre, cuando llegaría la reactivación. Si bien es sabido que la cartera que conduce Jorge Triaca -un ministro con poca experiencia en el área- no tendrá un rol relevante en la política macrista, no es menos cierto que no hay ajuste sin ajustados, por lo que es ahora cuando el Gobierno más necesitará de los sindicatos para contener la conflictividad.
Mientras tanto, la CGT avanza hacia su unificación en agosto. Las divisiones al interior del mundo sindical son varias, y -como en el caso del PJ-, el posicionamiento frente al macrismo y el kirchnerismo es solo uno de los ejes que los diferencian. Si se juntan a pesar de esas diferencias, es para incrementar su poder de negociación. No obstante, lo más probable es que a la hora de negociar con el Gobierno lo hagan por separado, dado que tienen agendas distintas. Las implicancias de la reunificación dependerán también, de quién sea designado al frente de la central obrera.
Si el Gobierno no logra salir de la difícil situación económica de estos primeros meses, sus niveles de popularidad caerán. En ese marco, los sindicatos podrían ganar espacio en el escenario político. ¿Se esforzarán por conducir algo más que su propio sector sindical? ¿Podrán superar sus bajos niveles de popularidad para hacerlo?
