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La Justicia en el escenario político

20-03-2015
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(Columna de Facundo Matos)

Sobre el Poder Judicial pesan muchas críticas y demandas. La tendencia hacia la politización en un momento bisagra.

Desde hace algunos años, y con especial énfasis desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, el Poder Judicial irrumpió como no lo había hecho antes en la agenda política y de la opinión pública. Se develó públicamente la vinculación de jueces y fiscales con los servicios de inteligencia, se acentuó la recurrente lucha de poder entre políticos e integrantes del ámbito jurídico y se profundizaron las disputas al interior del cuerpo judicial, mientras en simultáneo la politización y polarización de la sociedad de los últimos años mostraban su correlato entre jueces y fiscales.

Para Juan Lahitou, abogado y fundador del blog especializado Todo sobre la Corte, la politización de la Justicia tuvo una de sus primeras expresiones en 2009, con el inicio del recorrido de la Ley de Medios por los tribunales, cautelares y fallos de distintas instancias mediante. "Casi en simultáneo vino la desobediencia del fallo de la Corte Suprema que obligó al gobierno de Santa Cruz a reponer al fiscal Eduardo Sosa y más tarde la causa por los fondos del Bicentenario. Todo eso contribuyó a ir subiendo el tono de la gesta política en la Justicia", rememora Lahitou.

Después llegaría el fallo a favor del diario Perfil por el reparto de la pauta oficial, la denuncia de Amado Boudou contra el procurador general Esteban Righi, su renuncia y su reemplazo por Alejandra Gils Carbó y el nacimiento de Justicia Legítima que marcaría el inicio de la ruptura definitiva, que siguió con la sanción de un paquete de seis leyes de "democratización de la Justicia", el intento de reformar el Consejo de la Magistratura y la aceleración de las causas contra la Cristina Fernández, Boudou y otros integrantes el Gobierno Nacional y la marcada división de fiscales y jueces por sus posiciones frente a la denuncia de Nisman y su muerte.

JUSTICIA, ¿LEGITIMA?

Mientras tanto, subsiste en el ideario colectivo una imagen negativa de la Justicia. La sociedad la percibe lenta e ineficaz y atravesada por la corrupción y la complicidad con el poder. La impunidad de los políticos acusados de corrupción se ve reflejada en la imagen de Alsogaray como única condenada por delitos de corrupción. Asimismo, la causa AMIA es el ejemplo paradigmático de la situación judicial. Tres líneas de investigación disímiles entre sí, dos causas de encubrimiento, la actuación del juez Juan José Galeano, el fiscal Eamon Mullen y su adjunto, José Barbaccia, el involucramiento del poder político y de las fuerzas de seguridad (comisarios y subcomisarios estuvieron imputados en la causa) y una Unidad Fiscal abocada por diez años a la investigación del atentado sin más resultados que una denuncia endeble contra la Presidenta de la Nación.

Por eso, desde hace tiempo, la necesidad de construir una Justicia más confiable, ágil y transparente forma parte de todos los discursos de dirigentes políticos y del ámbito judicial.

Pero lo que antes eran diferentes sobre qué reformas eran necesarias para dotar de confiabilidad al ámbito jurídico, en los últimos años derivó en una ruptura entre dos sectores completa y abiertamente opuestos. En Justicia Legítima entienden que el problema es que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no han logrado desembarazarse de un legado “conservador” y “corporativista”. “Se escudan en una supuesta independencia y objetividad para evadir que sus fallos son políticos porque los jueces ?como todos? somos sujetos con afinidades políticas, concepciones ideológicas y subjetividades”, señala off the record un juez que integra Justicia Legítima. Según su lectura, el Poder Judicial, a diferencia de otras instituciones, no ha logrado democratizarse ni modernizarse en las últimas tres décadas que pasaron desde el regreso a la democracia. Así todo, la mayoría de los jueces han sido nombrados en democracia y muchos de ellos, han sido designados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En tanto, en los sectores más tradicionales del ámbito jurídico también entienden que es necesaria una reforma, pero difieren de su contenido, que para ellos, debería estar en línea con lo que dijo en su discurso de apertura del año judicial el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Para el magistrado, la lentitud de la Justicia se vincula a la falta de recursos monetarios y humanos y no a la falta de democratización. Asimismo, advierten que las reformas nacidas del poder político han buscado siempre ?y también durante los gobiernos kirchneristas? un beneficio político.

El próximo presidente heredará una Justicia politizada, divida en su interior, con un Consejo de la Magistratura paralizado y un porcentaje alto de jueces subrogantes ejerciendo el cargo sin haber sido designados conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, es decir, propuestos por el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Además, convivirá con una Justicia que contará con la misma percepción popular de generalizada ineficacia.

A FUTURO

Todo parece indicar que la politización actual del ámbito jurídico ha llegado para quedarse. "Va a persistir, quizás no con la visibilidad actual pero, la mayor visibilidad que ha adquirido el Poder Judicial llegó para quedarse. Esta tendencia a que los diarios se preocupen por qué está haciendo el Poder Judicial e intenten dar una lectura política a los fallos es una tendencia que se va a quedar", señala Lahitou. Un reciente análisis de Gustavo Arballo sobre la actuación de la Corte Suprema sobre casos con algún costado político en su blog Saber Derecho demuestra que en los últimos años han sido muchos más los casos leídos en clave política, como favorables o perjudiciales al gobierno de turno. "Hay demandas que antes eran procesadas exclusivamente por el sistema político, y ahora se filtran hacia el sistema judicial, por lo cual uno puede suponer que más allá de ciertos reajustes a futuro, la tendencia es hacia jueces más activistas", explica el profesor de derecho de la Universidad Nacional de La Pampa.

De cualquier modo, el gobierno que asuma en diciembre puede esperar una etapa de cooperación en los primeros años, que suelen ser los de mayor fortaleza y consenso para cualquier gobierno. Y con idéntica seguridad, puede esperar un mayor enfrentamiento en sus últimos años, cuando se encuentre más debilitado. "Cuando el gobierno está de salida lo olfatean como una debilidad política y ante eso, se sienten capaces de deliberarse un poco con la pluma y estratégicamente sacar fallos que en otro momento hubiera sido difícil porque tenían más poder”, señala Lahitou.

Este comportamiento procíclico se dio en todos los gobiernos desde el regreso a la democracia. Como demuestra Arballo, la Corte ha fallado más veces a favor de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De La Rúa, Duhalde, Kirchner y Cristina Fernández en sus momentos de mayor aceptación (mayormente sobre el comienzo de sus mandatos) y han dado menos fallos positivos sobre el final de sus gobiernos. "Gretchen Helmke analizó el caso argentino y descubrió lo que llamó una "defección estratégica" de los jueces, que indica que su predisposición a dar malas noticias al Ejecutivo es inversamente proporcional al nivel de aprobación del gobierno. Por carácter transitivo, lo mismo se aplica hacia otros miembros del Poder Judicial", sostiene Arballo.