Por Ramiro Albina
El 11 de marzo la OMS le otorgó el título de pandemia al Covid-19. Su expansión comenzaría a poner a prueba los sistemas de salud, y pronto se sumarían a la escena las proyecciones del impacto sobre la economía, en particular en aquellos países que presentan comorbilidades. La emergencia sanitaria pondría también en la mira a uno de los pilares fundamentales de las democracias: las elecciones.
En su último informe publicado en marzo de este año, V-Dem Institute alertaba sobre la aceleración del proceso de autocratización en el mundo, a pesar del incremento de la resistencia pro-democrática en muchos de sus rincones. Según el informe, 92 países (hogar del 54% de la población mundial) presentan rasgos autocráticos (67 de ellos son autocracias electorales y 25 autocracias cerradas). La posible utilización de la emergencia sanitaria para profundizar esa tendencia nos obliga a encender las alertas.
La crisis nos iguala en términos globales pero las respuestas nos diferencian en términos nacionales. Así como las reacciones de los gobiernos frente al aumento del ritmo de contagios fueron desde las medidas estrictas de aislamiento social hasta la apuesta por una inmunidad de rebaño, las decisiones sobre celebración de elecciones programadas para este año tampoco fueron unívocas.
Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), considerando tanto elecciones nacionales como subnacionales desde fines de febrero y hasta fines de agosto, al menos 70 países y territorios habían pospuesto elecciones, 55 las habían celebrado de acuerdo a los cronogramas originales, y 20 habían celebrado elecciones inicialmente postergadas. Como señala el politólogo alemán Dieter Nohlen, las elecciones no cumplen solamente la función de constitución de los cuerpos de representantes, sino también la de expresión de la desconfianza ciudadana y de control sobre el gobierno. La decisión de postergarlas no es un asunto que se asemeje a una decisión administrativa sin mayor trascendencia.
La situación sanitaria genera desafíos no solamente en la instancia de votación propiamente dicha. La experiencia de aquellos países que celebraron elecciones demuestra que las medidas adoptadas para su correcto desarrollo deben diferenciar entre sus distintas etapas (preelectoral, votación y poselectoral). Un aspecto no menor tiene que ver con las modalidades de las campañas electorales en un contexto de restricciones a la circulación y de distanciamiento físico, lo que en principio representa una clara ventaja de los oficialismos por su exposición pública y control sobre el aparato comunicacional de gobierno.
América Latina
Algunos ejemplos de alteración de los cronogramas electorales en nuestra región son los de Bolivia (elecciones generales previstas para el 3 de mayo y pospuestas inicialmente al 6 de septiembre y luego al 18 de octubre); Chile (referéndum constitucional previsto para el 26 de abril y pospuesto para el 25 de octubre); Paraguay (elecciones locales para el 8 de noviembre, pospuestas para el 2021); Uruguay (elecciones locales previstas para el 10 de mayo y pospuestas para el 27 de septiembre); República Dominicana (elecciones generales previstas para el 17 de mayo, y realizadas finalmente el 5 de julio), entre otros.
En nuestro país podemos mencionar el caso de la ciudad cordobesa de Río Cuarto que pospuso para el 27 de septiembre la elección municipal inicialmente prevista para el 29 de marzo. A pesar de la aprobación a principios de agosto del Protocolo de Bioseguridad para la jornada electoral por parte del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE), el incremento del número de contagios en los últimos días llevó a que se plantee la posibilidad de postergar nuevamente la elección para el 29 de noviembre.
El Covid-19 llegó así para tomar el pulso a nuestras democracias. Luego de un 2019 atravesado por importantes movilizaciones en varios países de la región, las elecciones aparecían como el mejor instrumento para procesar sus conflictos en paz. Como señala Victoria Murillo de la Universidad de Columbia además de las elecciones, la pandemia ha debilitado otro mecanismo crucial de accountability en América Latina: las protestas. Un escenario de recesión económica en puerta y con restricciones para la manifestación de un descontento popular contenido, requieren una actitud responsable por parte de los partidos políticos y sus dirigentes. Esa responsabilidad recae principalmente en los gobiernos, quienes deben actuar de manera consensuada con la oposición y nunca de forma unilateral en lo relacionado con las decisiones en materia electoral y restricción de derechos.
Camino a las legislativas
En el 2021 los argentinos volveremos a las urnas en las elecciones nacionales legislativas. Los procesos electorales son un asunto que requiere mucho tiempo de preparación por sus implicancias en términos de recursos y logística, a lo que se le suman los desafíos del contexto actual. En ese sentido la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia, expidió una acertada acordada extraordinaria 33/2020 el 16 de junio de este año convocando a un amplio grupo de trabajo para discutir los aspectos administrativos y presupuestarios necesarios para afrontar el proceso electoral en un eventual escenario de pandemia o pos pandemia. A su vez, la Dirección Nacional Electoral publicó un informe titulado “Elecciones y Covid-19. Análisis de una agenda electoral en contexto de pandemia” en el cual se hace un repaso de la experiencia de algunos países que llevaron adelante o postergaron elecciones, en vistas al proceso electoral de 2021.
La heterogeneidad territorial en términos sanitarios, junto con los diferentes contextos políticos de cada uno de los distritos, nos obliga a anticiparnos al escenario electoral y plantear todas las medidas e innovaciones necesarias para prevenir cualquier situación conflictiva que ponga en duda la integridad del proceso. La experiencia internacional nos ofrece una oportunidad muy valiosa para aprender de sus aciertos y errores. El tiempo juega a nuestro favor, aprovechémoslo.
