Mecanismos de prevención de crisis institucionales no le harían mal a nadie...por las dudas, ¿vio?
Al cumplir diez años de su llegada al poder, el kirchnerismo adolece de crecientes disonancias cognitivas: aritméticas, espaciales y temporales. Las primeras lo llevan a actuar como si contara con la mayoría absoluta del electorado. Las segundas lo impulsan a moverse como si contara con la suma del poder público y no tan solo con un estricto mandato constitucional; como si representara a la totalidad de la Nación, y no sólo a una parte de ella; como si su destino fuera el destino del país en su conjunto. Y las terceras lo llevan a confundir los tiempos históricos: allí donde el resto del espectro político ve el principio del final, el kirchnerismo se empeña en ver recién el final del principio.
La “década ganada” permite ilusionarse, en palabras de Andrés “el Cuervo” Larroque, “con por lo menos una década más hacia adelante”. Este 2013 es así un territorio en el que no se termina de asumir las realidades del presente y en el que compiten dos formas de negación: quienes fugan hacia el futuro y quienes experimentan el retorno del pasado. Gobernar con mayorías aplastantes nunca es bueno. Pretender hacerlo como si se contara con dichas mayorías, para introducir cambios que modifican el funcionamiento del sistema republicano, aquel que contiene a mayorías y minorías circunstanciales y les garantiza su expresión y participación, es todavía más nocivo y -a la corta o a la larga- también resulta contraproducente.
El oficialismo aprobó su reforma de la Justicia con mínimas modificaciones y sin contemplar sus riesgos, por una mayoría exigua frente a la oposición de varias minorías contundentes. Lo hace enarbolando el propio principio que en otros momentos observa como insuficiente y deficitario: el de la legitimidad de origen de los representantes del pueblo, votados oportunamente para legislar y gobernar.
La fuerza de los argumentos expuestos a lo largo de las maratónicas sesiones en Diputados nada pudo hacer frente a la mayoría automática del kirchnerismo, que apenas si pudo arañar los 130 votos, contra 123, que le permitieron aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura, la que le otorga al Gobierno el control sobre los jueces, y luego la restricción de las medidas cautelares, votada en soledad, con la oposición retirada del recinto.
Es una evidencia de la principal debilidad argumental del oficialismo, que entiende por “democratización” el exclusivo acto electoral que refrende o impugne la decisión que ya tomaron quienes gobiernan, quienes se arrogan la potestad de actuar según mejor les parezca. Al introducir la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura por listas partidarias confunden el principio y naturaleza de la legitimidad democrática con el principio y la naturaleza de la legitimidad republicana. La democracia tiene como fuente la voluntad soberana del pueblo expresada en el voto.
La república supone la sujeción de gobernantes y gobernados al poder de las leyes, cuya expresión es la existencia de jueces que no dependan ni de los gobernantes ni de los gobernados. La tesitura del kirchnerismo es que como esto tampoco se cumple en la realidad hay que terminar con la “supuesta” independencia de los jueces y que sean los representantes del pueblo quienes los designen y evalúen. Nada más contrario al espíritu de una república democrática, aquí o en la China.
En los tiempos que corren, preservar la independencia de la justicia, la división y el control de los poderes no es debilitar o condicionar a la democracia sino permitir que esta no exprese solamente la existencia de un gobierno en quien la sociedad delega el poder para que haga lo que mejor le plazca sino para que exista un gobierno dispuesto y obligado a contemplar los intereses y voluntades de mayorías y minorías. Y a someterse a las leyes, antes que pretender cambiarlas a su libre arbitrio buscando luego que el Congreso refrende sus decisiones.
Hay amplio consenso en que la Justicia no funciona bien y precisa reformas. Pero cambiar su naturaleza como poder independiente del Estado para transformarla en un órgano subordinado al Poder Ejecutivo no solo no resuelve sino que agrava los problemas. Si verdaderamente el Gobierno quisiera contribuir a la democratización de la Justicia debería haber contemplado e incluido la opinión de los juristas, las ONGs nacionales e internacionales, los sectores de la oposición que plantearon sus críticas y observaciones y las propias Naciones Unidas a través de su Relatora especial. Pero entiende por “democratización” otra cosa: apenas la fuerza de una mayoría simple, sin advertir que ello no alcanza.
La democracia funciona mejor con mayorías simples y minorías compuestas, y se deteriora cuando se pretende oponer a unas contra las otras como si vivieran en países diferentes.
Esto último es lo que ocurre, en un año electoral en el que previsiblemente se exacerbará la polarización facciosa y la lógica amigo-enemigo. Acaso sea el tiempo de preparar mallas de contención y puentes por los que cuando llegue el momento pueda caminarse desde las dos orillas al centro del río. Eso tiene nombre y cuenta con antecedentes que algunos preferirán desdeñar u olvidar. Se llamó “Mesa de Diálogo Argentino” y se puso en marcha en medio de la crisis de diciembre de 2001 como un espacio de acuerdos políticos.
Aquella vez, el recurso llegó tarde para salvar la estabilidad de un gobierno pero contribuyó a preservar la institucionalidad democrática. Ahora no será necesario llegar a ese punto para reaccionar, pero ?la verdad sea dicha- mecanismos de prevención de crisis institucionales no le harían mal a nadie.
