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Las mujeres latinoamericanas en democracia

12-04-2011
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(Artículo de la politóloga Inés Pousadela publicado en la edición Nº28)

A tres décadas del comienzo de las transiciones democráticas, es hora de hacer un balance sobre los avances registrados y los temas pendientes en las cuestiones de género

Pese al rol desempeñado por las mujeres en la lucha contra las dictaduras ?bajo las figuras emblemáticas, en nuestro país, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo?, la cuestión de género no fue prioritaria en las primeras etapas de las nuevas democracias. Integra de lleno, en cambio, la agenda contemporánea de la calidad de la democracia. A una treintena de años de iniciadas las transiciones democráticas en América Latina, se impone pues el interrogante de cómo nos ha ido a las latinoamericanas con la democracia, sistema basado en el reconocimiento de los derechos de ciudadanía (civiles, políticos y sociales) y, ante todo, del derecho a tener derechos (1).

En los años transcurridos desde entonces, la evolución en el terreno educativo ha sido favorable a las mujeres. A la par de la caída en las tasas globales de analfabetismo, se han reducido también las diferencias en su incidencia entre hombres y mujeres. Actualmente la tasa de analfabetismo es inferior entre las mujeres que entre los hombres en ocho países; sólo tres presentan diferencias significativas desfavorables a las mujeres. Pese a los niveles de deserción escolar aún elevados, por lo general las mujeres exhiben tasas inferiores a las de los hombres.

Más allá de las cifras, sin embargo, existen diferencias importantes en las razones de la deserción escolar de unos y otras: mientras que entre aquéllos la razón casi excluyente son las dificultades económicas y, en particular, la búsqueda de trabajo,

entre éstas se destacan, junto con el motivo económico, los quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad.

Aunque con grandes variaciones tanto entre países como, dentro de cada país, entre zonas urbanas y rurales y entre grupos de ingresos, los datos disponibles muestran también que las mujeres tienen en promedio un desempeño escolar superior al de los varones. Las ventajas educativas, sin embargo, no tienen un correlato en términos de inserción en el mercado laboral: a lo sumo, reducen las inequidades salariales de género, que serían aún mayores si las mujeres tuvieran niveles educativos

equivalentes (y no superiores) a los de los hombres.

En primer lugar la tasa de participación laboral femenina, pese a haber aumentado, sigue siendo muy inferior a la masculina. Actualmente, en la mayoría de los países el porcentaje de mujeres de áreas urbanas con dedicación exclusiva a las tareas del hogar se coloca en torno del 30%. En segundo lugar, las mujeres siguen insertándose

en el mercado de trabajo en condiciones más precarias que los hombres. La proporción

de mujeres en empleos de tiempo parcial era y es superior a la de hombres; en algunos casos las distancias se han acortado y en otros se han ampliado.

En efecto, alrededor de la cuarta parte de las mujeres ocupadas en América Latina lo está hoy a tiempo parcial (en gran medida porque sobre ellas recaen las responsabilidades domésticas y familiares), en comparación con menos de la décima parte de los hombres. En estos y otros indicadores es necesario reconocer, sin embargo, que treinta años atrás las brechas solían ser más amplias.

En el área de la salud el gasto tiende a ser ?especialmente en la edad reproductiva? superior entre las mujeres; sin embargo, por efecto de su precaria inserción laboral son muchas más las mujeres que los hombres que carecen de cobertura. En nuestros dieciocho países la esperanza de vida al nacer es superior entre las mujeres; éstas

son, en consecuencia, más numerosas dentro de la población de adultos mayores, aunque se encuentran en proporciones muy inferiores entre los perceptores de jubilaciones y pensiones.

Uno de los mayores progresos registrados desde los años ochenta ha sido la disminución de la tasa global de fecundidad, a la par del aumento del uso de métodos anticonceptivos modernos. Con todo, la mortalidad materna ?generalmente evitable? disminuyó en sólo once países: el aborto peligroso es responsable de gran parte

de las muertes. Se han verificado, asimismo, crecientes tasas de infección por VIH entre las mujeres.

Se observan, sin embargo, algunos avances en la “batalla cultural”, en la medida en que el tema del aborto ha llegado a ser objeto de controversias públicas en varias sociedades de la región. La vigorosa actividad de los movimientos de mujeres durante el actual período democrático ha redundado en la instalación de la idea de que ?como lo han proclamado sus lemas? los derechos de las mujeres y los derechos sexuales también son derechos humanos.

Por otra parte, pese a la ausencia de información sistemática que permita medir tanto la incidencia como la evolución de la violencia contra las mujeres a lo largo del tiempo, cabe destacar que, en el curso de la nueva ola democrática, el problema ha dejado de ser “invisible” al pasar a integrar las agendas del debate público y la investigación

social. La preocupación por el tema se plasmó, en 1994, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Convención de Belém do Pará”), y ha comenzado a traducirse en cambios importantes en las legislaciones nacionales de la región.

Los fragmentarios datos disponibles dan cuenta, sin embargo, de la enorme extensión de la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres: según algunos estudios, hasta el 70% de las mujeres de la región ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia basada en el género.

EL PODER POLITICO

El actual período democrático es el que ha presenciado el mayor cúmulo de avances en lo que a participación política femenina se refiere, contar desde el logro del derecho al sufragio (1929-1967). Además de integrar o liderar movimientos de derechos humanos, en la década del ochenta las mujeres latinoamericanas se organizaron

para capear la crisis económica. En los ochenta y noventa, las transiciones a la democracia las encontraron organizadas en múltiples ámbitos de la vida política y social, y comenzando a abrirse paso en los partidos políticos, los congresos y la función pública en general. Globalización mediante, el proceso de empoderamiento avanzó como resultado de la interacción entre los movimientos de mujeres, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional, y tuvo un hito fundamental en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer de Pekín (1995).

Poderes Ejecutivos. Si bien no son necesariamente los más notables o duraderos, los cambios en el seno de los poderes ejecutivos son los que han tenido mayor visibilidad en los últimos tiempos. La elección de mujeres para la presidencia es un fenómeno incipiente y tardío: el primer caso fue el de Violeta Chamorro (Nicaragua)

en 1990, seguido por el de Mireya Moscoso (Panamá) en 1999. Ambas, sin embargo, eran viudas de ex presidentes de sus respectivos países y accedieron al poder capitalizando la imagen de aquellos.

Más recientemente, otras cuatro mujeres accedieron electoralmente a la presidencia:

Michelle Bachelet en Chile (2006), Cristina Kirchner en la Argentina (2007), Laura Chinchilla en Costa Rica (2010) y Dilma Rousseff en Brasil (2011).

La presencia femenina también ha comenzado a hacerse sentir en los gabinetes ministeriales, donde si bien las cifras son oscilantes, la tendencia de largo plazo es ascendente. Según datos de IDEA, mientras que hasta los años noventa la proporción de mujeres en los gabinetes no llegó, en promedio, al 10%, en el año 2007 alcanzó

34%. Por añadidura, el tipo de carteras lideradas por mujeres se fue ampliando más allá de las tradicionalmente “femeninas”, y dos países ?Colombia y Panamá- adoptaron leyes de cupos para los cargos del Ejecutivo, aunque con niveles de incumplimiento todavía muy elevados. Además, varios gobiernos han ejecutado recientemente políticas de distribución paritaria.

Finalmente, en tanto que indicador de voluntad política cabe destacar el establecimiento, en todos los países, de oficinas y mecanismos de gobierno de variados formatos destinados a la promoción de la equidad de género en el curso de los años ochenta y noventa. Estas oficinas, sin embargo, en la mayoría de los casos no han recibido los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para jugar un rol efectivo en pos de la equidad de género.

Poderes Legislativos. Donde la evolución ha sido más constante y consistente ha sido en el ámbito de los poderes legislativos nacionales. No obstante, ello ocurrió recién a partir de los años noventa: se trata indudablemente de un fenómeno propio de las postransiciones. En efecto, si bien en algunos países la primera representante en el Congreso fue elegida tan pronto como las mujeres adquirieron ese derecho ?tal fue el caso de Brasil en 1933?, todavía en 1990 la representación parlamentaria femenina arañaba el 10% en sólo cinco países.

Actualmente, en contraste, siete de los dieciocho países superan el 20%, y dos de ellos ? la Argentina y Costa Rica? alcanzan o se aproximan al 40%. En algunos países la

presidencia del cuerpo legislativo ha llegado a ser ocupada por mujeres. Asimismo, la mayoría de los congresos han incorporado comisiones para asuntos de la mujer.

En gran medida, los progresos observados se debieron a la introducción de sistemas de cuotas obligatorias.

Pese a los aumentos sustanciales en la composición femenina de los congresos

nacionales producidos desde los años noventa en todos los países ?y en mayor medida en aquellos que implementaron sistemas de cuotas bien diseñados? la subrepresentación sigue siendo marcada. En doce de nuestros dieciocho países

las mujeres no llegan al 20% de las cámaras bajas, y en dos de ellos ?Colombia y Brasil? no alcanzan el 10%. Por lo demás, la mayor presencia femenina no necesariamente ha traído aparejados progresos legislativos en cuestiones con impacto

sobre la condición de la mujer en la sociedad, tales como los derechos reproductivos o el acoso sexual.

Poderes Judiciales. La presencia de mujeres en el Poder Judicial comenzó a aumentar en América Latina desde los años cuarenta. En las últimas décadas el incremento fue significativo en las instancias inferiores ?donde, sin embargo, la

presencia femenina siguió concentrándose sobre todo en los juzgados de familia, menores y trabajo?, pero no en el nivel superior. En la década del noventa las mujeres alcanzaron poca representación en las Cortes Supremas regionales. Actualmente, en cambio, sólo quedan dos países ?Panamá y Uruguay? sin mujeres en la instancia superior del poder judicial.

Con escasas excepciones, los países de la región han experimentado incrementos de diversas magnitudes, en algunos casos notables, en la presencia de mujeres en dicha instancia.

CONCLUSIONES

En el marco de un proceso de ampliación de la ciudadanía que es incompleto por definición, puede decirse que (aunque siguen verificándose poderosas superposiciones de inequidades, discriminaciones y disparidades geográficas, sociales, étnicas, etcétera) los avances realizados en las últimas décadas han sido más extensos que

los retrocesos. Uno de los terrenos donde aquéllos han sido más notables ha sido el de la participación política, nada más ni nada menos que la esfera de la ciudadanía en la cual reside la legítima capacidad de redefinir y modificar situaciones en las restantes esferas de actividad, así como las fronteras entre ellas.

Las mujeres, en efecto, no solamente integran en números sin precedentes los congresos y gabinetes, sino que también se han movilizado, tanto formal como informalmente, en el marco de las asambleas constituyentes de varios países para la inclusión de sus demandas y reivindicaciones (cláusulas de no discriminación, reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos) en los documentos

constitucionales.

Es indudable que se ha producido un ensanchamiento del campo de lo posible. Una mujer en la vida pública ya no es una excepción o una rareza; tímidamente, se ha comenzado a avanzar de la idea de la representación femenina dentro de un orden eminentemente masculino a la aspiración a una democracia paritaria, basada

en la representación equilibrada.

Sin embargo, la meta última de la paridad sigue estando lejos, y a este ritmo (si es que se mantiene) no estará a nuestro alcance hasta dentro de varias décadas. Las mujeres constituyen algo más de la mitad de la población en la mayoría de nuestros países, y una proporción aún mayor de sus demos electorales. De ahí que mientras sus actores,

miradas y perspectivas sean predominantemente masculinos y sus resultados beneficien desproporcionadamente a los hombres, nuestras democracias seguirán siendo, literalmente, democracias a medias.

Notas al pie:

(1) Los países incluidos en el estudio son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Este artículo presenta un breve resumen de las conclusiones de un extenso trabajo de investigación titulado

“Género y democracia: Un balance de las post-transiciones”, elaborado para el Proyecto Democracia PNUD/OEA.

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