Los resultados electorales dependen cada vez más de la estrategia, logística y astucia de los aparatos electorales.
Con una diferencia de un millón y medio de votos, Hugo Chávez volvió a sepultar las expectativas de cambio despertadas en todo el mundo por la casi milagrosa unidad de las fuerzas de oposición. La embestida final del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), una de las maquinarias de campaña y logística electoral más disciplinadas y eficientes del mundo, arrasó con casi todos los pronósticos y demostró, una vez más, que los resultados electorales dependen cada vez menos de la calidad de la compulsa entre líderes, propuestas y proyectos en competencia y cada vez más de la estrategia, logística y astucia de los aparatos electorales.
Detrás del 55% logrado por Chávez ?o del 54% de Cristina Kirchner en octubre del 2011- está la capacidad de los partidos de gobierno de desbordar y volcar a su favor los límites inestables de ese empate virtual que, desde hace años, existe entre gobierno y oposición en casi todas las democracias presidencialistas, incluida la de Estados Unidos.
La experiencia venezolana es susceptible de varias lecturas posibles. Comencemos por las que pueden ser más útiles para la experiencia argentina. Ante todo, una enseñanza central para las oposiciones. Una cosa son los indicadores de imagen, apoyo, evaluación de desempeño o adhesión a los lineamientos al modelo político de un gobierno y otra, muy diferente, la decisión de voto. Contra lo que siguen afirmando los partidarios de la “elección racional”, sin evidencias mayores que lo respalden, la decisión de voto no responde exclusivamente a cálculos de utilidad. Es, más bien, la resultante de factores racionales y emocionales muy complejos y cambiantes, difíciles de estudiar y administrar en sociedades cada vez más dinámicas y complejas.
En el caso de Venezuela, tanto los apoyos sociales como la evaluación de desempeño de Chávez reconocen una lenta pero segura declinación, impulsada por el desencanto y como reacción ante la desmesura y el temor. En amplios sectores de la sociedad venezolana se ha instalado desde hace años la noción de que la aceleración de la violencia, la crisis de la infraestructura, el deterioro de los servicios o la corrupción pública y privada son facetas de un mismo fenómeno de crisis estructural de un modelo fracasado, cuyo tiempo se agotó. Una contabilidad apresurada de estos factores llevó incluso a muchos a pensar que el electorado castigaría esta vez este fracaso, en la medida en que la oposición había sido capaz de unirse detrás de Capriles, una candidatura joven y sólida en cuanto a sus recursos, experiencia y títulos de liderazgo. Capriles era para muchos la garantía de la posibilidad de un cambio.
El resultado electoral demostró, sin embargo, todo lo contrario. Chávez ganó en todo el país. Avanzó incluso en los siempre decisivos sectores medios de las ciudades más dinámicas del país. La oposición sólo logró demostrar capacidad de unirse contra Chávez. Salvo la figura y estilo de Capriles, no consiguió incorporar una sola propuesta concreta de alternativa, suficiente como para convencer del contenido y ventajas del cambio. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) fue ante todo una coalición de oposición, no de gobierno. Bastaron algunos fundamentos económicos seguros y previsibles, bastante más difundidos en toda la sociedad de lo que suele reconocerse, para que la decisión por el statuquo terminara por imponerse.
Y esta es la cuestión central. Sin una plataforma concreta de propuestas y posibilidades efectivas de gobierno, la oposición no sólo pierde el rumbo. Por sobre todo, se desorienta detrás de los medios de comunicación y termina por ceder a las tentaciones del papel de instancia fiscalizadora ? entre todos los roles de oposición es, sin duda, el menos apreciado por una sociedad que busca, ante todo, que alguien asuma y se haga cargo de los problemas tal cual se presentan.
Frente al rechazo a las insuficiencias, fracasos y lacras de los gobiernos, termina por imponerse un sentimiento aún más fuerte: la ira e impotencia ante la falta de alternativas, la sensación de que no hay otro camino. Es este sentimiento de despecho airado de los sectores independientes ante la impotencia de la oposición el factor que finalmente quiebra la virtual paridad de fuerzas del final, a impulsos de la conclusión fatalista de que “no hay otra alternativa”.
Los diez puntos que supieron agregar en su momento a su ventaja final presidentes tan diferentes y en el fondo tan parecidos como Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Dilma Roussef o Evo Morales miden con claridad las distancias que hoy existen entre un populismo de corte no muy diferente del que protagonizó las tradiciones del caudillismo y el socialismo nacional y la multitud de fragmentos provenientes del estallido del espejo de la república constitucional. Venezuela vuelve a demostrar un hecho real. En las elecciones presidenciales se vota ante todo gobierno, no oposición. Una de las ventajas del régimen electoral venezolano es la de que, a poco tiempo de la elección presidencial, se producen ? en diciembre- elecciones de gobernadores y alcaldes. Serán elecciones también de gobierno, que someterán a una dura prueba la consistencia de la oposición. El conglomerado variopinto y autocontradictorio del MUD, que alcanzó el domingo 7 de octubre más de seis millones de votos, deberá así ratificar su vocación de alternativa, apenas dos meses después de una derrota como la que acaba de experimentar. Tal vez sea esta la principal lección de Venezuela.
En el peor de los escenarios de deslegitimación de un modelo político, de no concurrir razones económicas y sociales capaces de alterar el pulso de las expectativas sociales, la responsabilidad final recae en la propuesta propiamente política de quienes pretenden el cambio. Si lo que une a los partidos de oposición es simplemente el rechazo a la reelección o la demanda de control a la corrupción, nada impedirá que, a la hora de sopesar alternativas y riesgos, el empate se rompa una vez más en favor del orden establecido, cualquiera sea la fórmula a que obligue la Constitución para entonces vigente.
