(Columna de Gerardo Scherlis, director de Reforma Política del Ministerio del Interior)
Los alcances de la reforma política anunciada por el oficialismo.
El proyecto de reforma electoral ya fue presentado en sociedad por el Presidente de la Nación y en breves estará haciendo su ingreso por mesa de entradas del Congreso.
El pequeño mamotreto, al que se llegó tras más de seis meses de trabajo y un número de borradores difícil de precisar, cuenta con más de 90 artículos, modificatorios la mayoría de ellos del Código Electoral, pero también de la ley de las PASO, la 26.571, de la ley de financiamiento 26.215, de la ley orgánica de la justicia electoral 19.108, y de la ley de simultaneidad de elecciones 15.262.
La introducción de un nuevo instrumento de votación, la boleta electrónica, concentrará la mayor atención del proyecto. No hay dudas de que se trata del eje más llamativo de esta reforma. Pero de la mano de este cambio, destaca también una propuesta de transformación en el modo en que se presentará la oferta electoral, y por lo tanto del modo en que se dirimirá la competencia entre partidos.
El punto central en este caso reside en la eliminación de las así llamadas listas colectoras, pero vale aclarar que esta medida aparece vinculada con la conformación de acuerdos electorales multi-nivel para la competencia en las PASO.
Con las boletas partidarias en papel, en la reforma de 2009 se frustró la idea - presente en algún anteproyecto del Ejecutivo- de que el voto en las PASO se realizara dentro de una misma agrupación. Así, la ley se aprobó manteniendo la posibilidad de que un mismo elector participe de la interna de diversos partidos al mismo tiempo, rareza inhallable en los diversos casos usualmente citados como inspiración de nuestras primarias.
Con la implementación del nuevo instrumento de votación, el hecho de cada votante participe de la selección de candidatos dentro de una misma agrupación resulta además de razonable, perfectamente viable. De modo que la reforma incluye la propuesta de que en las PASO el elector deba escoger en primer término en qué primaria desea elegir candidatos.
El proyecto propone que dentro de la agrupación que presenta listas en una primaria, pueden presentarse diferentes combinaciones de boletas completas, de modo que una fórmula presidencial bien podría ser acompañada en un distrito por dos listas legislativas que compiten entre sí. Pero la innovación en este caso reside en que ninguna lista puede conformar una boleta completa con una lista de otra categoría que no compite en esa primaria. Esto, que suena un poco raro, sí ocurría hasta hoy. Así, por ejemplo, la boleta presidencial del FPV podía ir acompañada de dos candidatos a gobernador del FPV que competían entre sí, pero también podía ir “pegada” a otra colectora (una boleta de otra agrupación que pese a ir pegada, no competía en la primaria del FPV). La posibilidad de que una candidatura presidencial comparta una boleta completa con una lista de otra categoría que no compite en la misma primaria queda ahora vedada.
Pero otra cosa más extraña que también ocurría hasta ahora es que una vez concluidas las elecciones primarias, los partidos que habían conformado alianzas diferentes para las PASO podían decidir pegar sus boletas, armando nuevas colectoras para la elección general. En verdad, la oficialización de boletas para la elección general era una instancia por completo independiente de las PASO, por lo cual haber compartido la boleta en las primarias no generaba ninguna obligación en este terreno respecto a la elección general. El proyecto de reforma modifica sustancialmente esta situación, estableciendo que la boleta que cada agrupación presenta en la elección general resulta por default de las listas ganadoras (o definitivas, en el caso de las legislativas) surgidas de cada primaria. Y como necesariamente de cada agrupación surge en cada categoría una única lista ganadora o definitiva, no podrá haber listas colectoras en las elecciones generales.
Es cierto que las listas colectoras existen desde hace muchas décadas en Argentina. Pero es cierto también que su uso observó en los últimos años, en el marco de la fragmentación y desnacionalización del sistema partidario, un crecimiento exponencial. El kirchnerismo dio a las colectoras un uso especialmente intensivo, particularmente en las elecciones de 2007. Entonces, los múltiples pegados facilitaron la construcción de un armado electoral que permitió aglutinar en el apoyo a la candidatura de CFK y de Cobos a múltiples organizaciones que en los diferentes distritos competían a la vez entre sí, siendo en muchos casos enconados rivales. En aquellos distritos donde se instrumentaron las PASO, la cantidad de colectoras disminuyó, pero su importancia se mantuvo en muchos casos más allá del número de listas en esa condición. En las elecciones de 2015 cobró especial notoriedad el caso de Gerardo Morales, quien acompañó con su candidatura a la gobernación a tres candidatos presidenciales diferentes.
De modo que las colectoras han sido utilizadas por numerosas fuerzas políticas, que se han valido de este instrumento para forjar coaliciones electorales de hecho, muchas veces en forma exitosa. En el nivel nacional fueron consagradas en 2011 por el decreto 443, que elegantemente las denominó listas de adhesión. En la provincia de Tucumán, donde reciben el nombre de acoples, se llegó incluso a incorporarlas a la Constitución.
Y sin embargo, no deja de ser notable que más allá de su uso generalizado, la práctica de las colectoras carece de defensores que argumenten públicamente en su favor, ni siquiera entre sus más experimentados cultores.
Es cierto que en tiempos recientes han surgido algunos signos de cansancio con esta práctica por parte de algunos actores políticos: si por un lado se les reconoce la capacidad de dar lugar a coaliciones electorales amplias, también se admite que en muchos casos conducen a una mayor fragmentación y dispersión de las fuerzas políticas, con consecuencias en el desempeño legislativo.
Sin embargo, su eliminación no era visualizada hasta ahora como una opción política a la mano. El argumento compartido por gran parte de los politólogos era de puro realismo político: es claro que las colectoras son un artilugio que tiende a fragmentar la oferta política y a confundir al elector, pero por eso mismo, porque sirven a la política real, no serán eliminadas más allá de su escaso atractivo en términos normativos.
Y, sin embargo, el proyecto elaborado por el Ejecutivo decidió avanzar sobre este tema, asumiendo que de este modo se contribuirá a dar mayor claridad a las propuestas electorales, y se ayudará a dar algo más de orden a nuestro sistema político. Queda ahora por ver qué deciden sobre el tema las fuerzas políticas en el Congreso.
