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Los argumentos del voto joven

17 octubre de 2012

(Columna de Andrés Escudero)

La democracia argentina no debería desaprovechar la oportunidad de enriquecer las urnas incorporando a una franja etaria hasta ahora excluida.

Seguramente, antes de que finalice este período legislativo, 1.415.195 jóvenes de 16 a 18 años obtendrán el derecho a sufragar en la próxima elección. Es interesante desglosar los argumentos que los sectores más conservadores del espectro político y ?especialmente? algunos comunicadores periodísticos esgrimieron en contra del voto joven. Un análisis atento de las posiciones negativas nos permite reducirlas a un argumento unificado: los adolescentes son manipulables, menores de edad e inimputables, ergo, no deberían votar. Las tres afirmaciones esconden falacias discursivas, cuando no mentiras lisas y llanas.

La inimputabilidad es un argumento que han adoptado los promotores de las políticas de mano dura. Haciéndose eco de la asociación entre juventud y delincuencia, han impulsado la idea de que a partir de esta nueva ley un menor de 18 años podría sufragar para Presidente a la vez que “matar, robar y violar” sin ir preso, justamente por su condición de menor. Sea por el motivo que fuere, la idea de que los menores de dieciocho son inimputables se apoderó de buena parte de la sociedad hasta convertirse en sentido común. Probablemente, mucho tenga que ver con esto la repetición incesante que practican cotidianamente algunos comunicadores.

Ninguno de ellos reparó en que, en efecto, el artículo 1º del Régimen Penal de la Minoridad es taxativo a la hora de establecer la edad mínima para imputar un delito a una persona: dieciséis años. La premisa de la cual parten los detractores del voto joven es falsa: un menor de 16 a 18 años que comete un delito grave es perfectamente imputable. En este campo, una deuda que el Congreso Nacional aún no ha saldado es la sanción de un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, para que los jóvenes en conflicto con la ley penal puedan ser juzgados con respeto de las mismas garantías que asisten a cualquier ciudadano.

El segundo argumento ha sido el de la minoría de edad. ¿Cómo se explica que un joven pueda ejercer el derecho político a elegir el Presidente de la República pero se vea privado de ejercer todo el resto de los derechos que adquiere una vez cumplida la mayoría de edad? Este argumento asume implícitamente que los derechos políticos sólo corresponden a los mayores. Este prejuicio ignora que, en la Argentina, la mayoría de edad y el derecho a sufragar estuvieron divorciados durante 97 años, sin que ello afectara la legitimidad del sistema electoral. Hasta 2009, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Más aún, hasta la reforma del Código en 1968, se adquiría a los 22. Mientras tanto, el sufragio se ejerce de manera universal, secreta y obligatoria para todos los mayores de 18 años desde la sanción en 1912 de la ley Sáenz Peña.

Sumado a ello, desconoce que los adolescentes gozan del derecho a militar en un partido político, en un sindicato o en un centro de estudiantes, lo que presupone el derecho a asociarse con fines útiles y a expresar sus opiniones libremente. Casi todos los partidos contemplan en sus cartas orgánicas el derecho a ser adherente a partir de los 16 años. Así, en nuestra normativa nacional, jamás hizo falta ser mayor de edad para adquirir el derecho a participar en política. No obstante, aun aceptando todo lo anterior, hemos escuchado recurrentemente sentencias sobre la “manipulación de los jóvenes”. Efectivamente, una persona es perfectamente manipulable entre los 16 y los 18 años. Lo que soslaya este argumento es que los jóvenes pueden ser inducidos a opinar tal o cual cosa, del mismo modo, con los mismos mecanismos cognitivos y a través de los mismos instrumentos que todo el resto de los sujetos individuales que componen el demos votante.

Manipulables somos todos. Negar el derecho a sufragar por el peligro de manipulación equivale a negar la democracia misma. La posibilidad de ser engañados es el riesgo que asumen las sociedades que han decidido vivir haciéndose cargo de su propio destino. La democracia es el único sistema que nos da la posibilidad de corregir, en paz, cada dos años, los malos resultados derivados de un engaño electoral. La pluralidad de voces enriquece el debate público, y esa riqueza de argumentos y visiones atempera el engaño. A mayor información, mayor libertad.

El argumento debería invertirse: la incorporación al demos de los jóvenes de 16 a 18 años, servirá para que los adultos sean menos manipulados en la percepción que se forman respecto de la realidad que viven (y sufren) esos jóvenes. Si votan, entonces habrá que escucharlos hablar con sus propias voces, y no con las voces prestadas por adultos que los interpretan. Una democracia más inclusiva significa una mejor democracia.

Por último, en algunos sectores ?no necesariamente conservadores? afloró un enfoque basado en cierto paternalismo bienintencionado pero prejuicioso. Según este argumento, los menores de 16 a 18 años son “niños y niñas” a los que hay que proteger. Así, primero deberíamos ocuparnos de garantizar la vigencia de todo el plexo de derechos sociales para cada uno de los jóvenes que habitan el suelo argentino, y recién después, discutir sus derechos políticos. Este argumento coloca el carro delante del caballo.

La historia de la democracia moderna demuestra que el peso electoral de un segmento social es el paso previo para demandar pacíficamente, y dentro de los canales institucionales, la vigencia plena de sus derechos. Esperar que la situación de los jóvenes prospere sin antes empoderarlos, presupone una apuesta a la buena voluntad de los gobernantes, lo cual es, en el mejor de los casos, un error de diagnóstico. La equidad de género prosperó después de que la militancia feminista conquistara el sufragio femenino. No antes. Las clases medias ingresaron al Estado ?hasta entonces vedado a la oligarquía conservadora? cuando el voto secreto, universal y obligatorio permitió a la UCR acceder al gobierno. No al revés. Los trabajadores industriales conquistaron avances sustanciales en el goce de los derechos sociales cuando su peso electoral fue suficiente para sostener en el poder al peronismo.

La acción directa, la participación política y el peso electoral son objetivamente las mejores herramientas a disposición de los colectivos sociales para lograr que los gobiernos de todos los niveles promuevan políticas públicas que favorezcan los intereses populares.

En materia juvenil, el futuro llegó hace rato. Muchos jóvenes han retornado a la participación política activa. Los centros de estudiantes secundarios han visto el surgimiento de nuevos cuadros políticos con capacidad para promover y articular demandas escolares. Han florecido gérmenes de militancia donde nada había. La democracia argentina no debería desaprovechar la oportunidad de enriquecer las urnas incorporando una franja etaria que recién empieza a recuperarse del brutal disciplinamiento que sufrió en los años setenta.

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