(Columna de El Economista)
El Presidente que asuma en diciembre recibirá una cuenta de subsidios económicos de más de $ 230.000 M, una cifra que representa cerca del 4% del PIB y que viene presionando sobre el déficit fiscal en expansión. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en 2014, los subsidios ascendieron a $ 178.600 M, un monto récord en los 12 años de gobiernos kirchneristas concentrado fundamentalmente en los sectores energéticos y de transporte, que acapararon cerca del 90% del total de esa cifra. Más aún, en diálogo con El Economista, Facundo Martínez, director de la consultora MyS, sostiene que “los subsidios están llegando a montos que empujan el déficit fiscal a niveles que se acercan a los peores momentos de Argentina”.
Esa es la foto: un abultado monto de subsidios incrementa el gasto público provocando un déficit público más elevado, que ya alcanza el 5% del PIB y va camino a convertirse en el 6-7% del Producto. En un escenario “optimista”, la consultora ACM pronostica que “sin aceleración adicional en el ritmo de crecimiento del gasto, el déficit fiscal 'ajustado' superaría los $370.000 M (6,8% del PIB), solo comparable con el registro de 1989?. Ese rojo fiscal es el que se financia con mayor emisión monetaria, lo que presiona sobre la inflación, según Martínez.
La película, por su parte, muestra una aceleración rápida e ininterrumpida de los subsidios tanto en términos reales como en participación del PIB. De 2006 a 2014, según ASAP, los subsidios crecieron aproximadamente 450% en términos reales, entre los cuales se destacaron los destinados al sector energético, que ascendieron el último año a un total de 128.000 millones de pesos (un 67% más que en 2013).
Al interior de esa masa de subsidios, hay una fuerte concentración: a través de las empresas Cammesa y Enarsa, el sector energético se quedó en 2014 con el 73-75% de los recursos, mientras el transporte (principalmente ferroviario y de colectivos) acaparó el 24-25%. Muy atrás quedó lo destinado al agua y otros rubros.
Camino a 2016
Sobre esta realidad ya trabajan los equipos económicos de los candidatos presidenciales. El Economista consultó a asesores cercanos de Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y José Manuel de la Sota, que coincidieron en marcar el tema como prioritario y en la reducción de la masa de subsidios como un objetivo ineludible de la próxima administración.
Como en torno a la cuestión cambiaria, la presión tributaria o la emisión monetaria, los diagnósticos de las principales fuerzas son similares.
En todos los casos, coincidieron en que la quita deberá ser gradual para atemperar los costos sociales que implicaría una brusca suba de las tarifas subsidiadas, pero evitaron dar precisiones cuantitativas sobre la quita que deberá llevarse a cabo.
Cada subsidio muestra una realidad muy distinta de los demás, por lo que atacar esa cuenta requerirá de un análisis fino que contemple las particularidades de cada área y de quienes reciben esos recursos -tanto en términos geográficos como de la población-. Por eso, más que en el diagnóstico sobre la situación actual, la diferencia entre el triunfo de uno u otro candidato se verá más en la modalidad con que se implementen los cambios necesarios.
Un informe reciente del Estudio Bein, del asesor de Daniel Scioli, Miguel Bein, plantea la necesidad reducir la carga de los subsidios para devolverle rentabilidad a las exportaciones.
La lógica en el equipo de asesores del candidato del FpV es la siguiente: al no haber un tipo de cambio flexible, la mejora en la competitividad deberá responder a una reducción de la presión impositiva, que no debería ser respaldada con crédito ni con emisión monetaria sino con una reducción del gasto público. “Dicho esto, y teniendo en cuenta la inflexibilidad de una parte del gasto a la baja, son los subsidios mal direccionados el componente del gasto que puede ser revisados”, señala el informe, que grafica la situación con el dato de que entre
A modo de ilustración, el informe señala que en 2005 las retenciones triplicaban el monto de subsidios (2% del PIB versus 0,6%, respectivamente), mientras que en 2014, los cobros por retenciones seguían en torno al 2% del PIB pero los subsidios “necesarios e innecesarios” alcanzaban el 4,1%. Para 2015, la consultora proyecta que los subsidios caigan al 3,7% del PIB, más que duplicando las retenciones, que prevén en torno al 1,4%.
¿Cómo salir?
Para revertir este esquema, los asesores de Scioli plantean atacar en primer lugar la cuenta de energía, por su magnitud (2,5% del PIB, según el Estudio Bein), por su flexibilidad a la baja y por la posibilidad que representa la caída del precio de los combustibles a nivel internacional. Los subsidios sociales y en menor medida, al transporte, serían parte de una segunda etapa.
En cuanto a la modalidad, si bien señalan que “será la política la que definirá la gradualidad o no de los aumentos tarifarios”, no descartan que en el ámbito energético haya espacio para un aumento medianamente fuerte en un comienzo, para “hacerse de la caja necesaria para potenciar las exportaciones”. En el área metropolitana, por caso, hay 12 millones de tarifas que pagan $ 35 promedio por mes, un monto en promedio 6 veces menor al costo real de la energía y entre 8 y 9 veces menor en el caso de las familias, las más subsidiadas.
“No podés eliminar los subsidios el primer día ni hacerlo en un 800% pero si duplicar la tarifa es llevarla de $35 a $70, en muchos casos el impacto no sería tan drástico. Y un reordenamiento tarifario general que compense la caja del estado sería una buena señal de arranque hacia delante, para luego seguir con quitas más graduales”, entienden entre quienes asesoran a Scioli.
Por otro lado, proponen hacer hincapié en que los subsidios sean dirigidos a la demanda y no a la oferta, como viene sucediendo en los últimos años, “con las transferencias a CAMMESA (1,6% del PIB en 2014) financiando la brecha entre precios y costos de generación y ENARSA financiando las importaciones de gas procedentes de Bolivia y de gas licuado por barco”, como señala el Estudio Bein en su informe. “Están las herramientas informáticas para hacerlo: hoy se puede identificar perfectamente el consumo de los hogares y a donde direccionar el subsidio”, advierte Jorge Puig, investigador del Cedlas (ver aparte).
Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y asesor económico de José Manuel de la Sota, coincide en que cualquier quita debe ser gradual y debe contemplar las heterogeneidades de cada sector, con el energético como prioridad. “La cuestión energética es la primera sobre la que hay que trabajar para que haya un sinceramiento que permita reducir la carga por ese lado y que por otro se tome con cuidado lo social, donde el enfoque nuestro es mantener los subsidios y buscar su readecuación para que primen los subsidios a la educación y el trabajo y que se mantengan los planes que reciben las familias más humildes y se extiendan otros, como el boleto estudiantil que implementamos en Córdoba”, asegura.
En tanto, sobre la modalidad de implementación de las medidas, sostiene que “los subsidios tienen que ir reduciéndose entre aquellos que no los necesitan y los están recibiendo” y que la que propone no es “una quita de shock ni gradual horizontalmente a todo el mundo” sino dirigida a quienes requieran los subsidios verdaderamente, más allá de si hoy en día los reciben o no”.
“Nuestra visión se concentra en buscar una reducción gradual no indiscriminada de los subsidios económicos en el marco de un programa integral que contemple no solo rever el gasto sino también su distribución, una mejora en los ingresos, una rebaja de los impuestos, mayor transparencia de los gastos y una propuesta concreta de reforma de la coparticipación en el marco de un acuerdo social de 24 meses junto a empresarios, sindicatos, trabajadores, municipios y actores civiles”, señala.
En tanto, en el PRO, el diputado nacional Federico Sturzenegger, le restó importancia al tema. Según el economista que suena como posible presidente del Banco Central en caso de que Macri sea presidente, ”no es necesario bajar el nivel de gasto porque el déficit fiscal se puede ir corrigiendo a medida que el país vuelva al sendero del crecimiento”.
Aunque sostiene que habla a título personal, Facundo Martínez, director de la consultora MyS, del asesor del macrismo Carlos Melconian, disiente con Sturzenegger y Argañaraz. “Por el tamaño y la velocidad a la que están aumentando los subsidios, hacen que sea equívoco pensar que el propio crecimiento del PIB puede hacer que los subsidios pierdan peso relativo y se vayan diluyendo en el tiempo sus impactos. La economía puede crecer un poco pero no vienen tres años de crecimiento del 9% porque no están las condiciones objetivas ni el mundo está en esa situación. El sendero de convergencia del gasto público debería darse porque crezca a menor tasa de variación que los ingresos”, opina.
Para Argañaraz, en cambio, “el propio crecimiento de la economía podría generar un alivio en lo social”. “La disminución real a través de una congelación en términos nominales es un camino que se puede tomar con quienes reciben subsidios con una necesidad que no es del 100%. Congelás en términos nominales y en términos reales, cae”, señala el asesor de De la Sota.
En tanto, en el massismo ponen un plazo de cuatro años para regresar a “un cuadro tarifario normalizado” y un “reordenamiento macroeconómico”. Para ello, plantean “una reducción gradualista y progresiva de los subsidios, por cuestiones de equidad y de política fiscal que apunte a subsidiar al 40% de la gente sin aplicarle aumentos, porque este gobierno dejará al 25% de la población bajo la línea de la pobreza”.
La política que adopte el próximo gobierno sobre esta materia dependerá enteramente de su decisión. Recibirá una elevada carga de subsidios que en algunos casos están justificados desde el punto de vista distributivo, y en otros, no tanto. En líneas generales, según el investigador del Cedlas Jorge Puig y Ariel Melamud, de ASAP, los subsidios en Argentina son progresivos, pero pro-ricos y aún hay margen en muchas áreas para recortarlos o reorientarlos (ver aparte). Cómo lo harán y en qué plazo, dependerá de la política y de la decisión de quien sea el próximo Presidente.