(Columna de opinión de Daniel Portas, director del CGP 4, en la edición Nº29)
Cuando en octubre de 1996 los constituyentes porteños votaron la Constitución de la
Ciudad, no imaginaban que pasados catorce años de aquel hecho, la ciudad aun no tendría sus juntas comunales elegidas y funcionando. Para los constituyentes porteños las comunas eran una herramienta administrativa tendentea mejorar la gestión central y, también, una herramienta política para canalizar la participación vecinal.
Para los jefes de gobierno, sin embargo, fue una gran amenaza ampliar los marcos
democráticos y el pretender descentralizar nada menos que el poder político y aún peor, pretender descentralizar parte de los recursos económicos del Estado. Se puede escribir mucho sobre las razones que dieron origen a este acuerdo no escrito, que
ya tiene estatus de complot. Pero quizás la más antigua de esas razones merece relevancia.
El poder no se descentralizará a sí mismo generosamente. A pesar de las oposiciones, hoy la elección tiene fecha para el 10 de julio. La política de la ciudad cambiará con las comunas, a partir de la posibilidad de que emerjan líderes locales que atraviesen las pieles partidarias y a quienes los vecinos les puedan tocar el timbre. Pero la Constitución en lo referido a comunas solo estableció dos competencias específicas y la ley 1.777 no avanzó en ponerle nombre y apellido al resto de las concurrencias de los servicios específicos.
Es decir, qué parte del servicio brindaría la comuna y qué parte quedará en el gobierno central. Desde el Ejecutivo se sostuvo perversamente la idea de que la misma no tenía necesidad de ser reglamentada y en realidad lo que pretendían era no
avanzar con el proceso de descentralización. Si las comunas son electas, van a quedar
falta de funciones y de recursos para cumplir con las expectativas vecinales que los mal intencionados pondrán muy altas y es posible que al final de los primeros cuatro años de gobierno muestren una importante ineficacia de gestión.
La baja comunicación gubernamental en todos estos años no es inocente, persigue que por desconocimiento se de una baja participación electoral, una licuación de las legitimidades y esto hará que la gestión comunal tenga dificultades de acordar y gestionar recursos con el Ejecutivo central. El riesgo de una baja participación en las
elecciones comunales, juntas desprovistas de los recursos necesarios para su función, una alta expectativa vecinal no satisfecha y una primera gestión para el olvido como consecuencia de la inexperiencia, son la base para una futura reforma constitucional que las derogue o las deje gobernadas por un delegado del jefe de gobierno. Así el complot habrá tenido éxito y la ciudad le dirá adiós a la democracia participativa.
