Por Tomás Múgica
Las elecciones celebradas el 6 de diciembre -marcadas por la escasa participación, la abstención de las principales fuerzas opositoras y los cuestionamientos internacionales- otorgaron nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro el control de la Asamblea Nacional (AN). La nueva AN, que asumirá el 5 de enero, tomará el lugar de la electa en 2015 -con mayoría opositora- cuya autoridad es desconocida por el gobierno, que la reemplazó en los hechos por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) presidida por Diosdado Cabello.
En unos comicios marcados por la apatía generalizada, la participación alcanzó apenas el 30.5% del padrón (comparado con el 74% del padrón en 2015). El Gran Polo Patriótico, liderado por Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), obtuvo casi el 69,4% de los votos y se aseguró 256 sobre 277 bancas, lo cual le otorga control completo de la AN. La Alianza Democrática, encabezada por los partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI ?con sus directivas intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ? alcanzó el 17,7%; en tercer lugar, con 4,15% llegó Alianza Venezuela Unida, de la cual participa Voluntad Popular (el partido al que pertenecían Leopoldo López y Juan Guaidó), también intervenido. En medio de disputas, los principales líderes de la oposición ?Guaidó y Henrique Capriles- finamente coincidieron en la abstención. De esta manera, repitieron la táctica utilizada en las elecciones presidenciales de 2018, que le dieron la reelección a Maduro.
Buscando mantener la iniciativa política, entre el 7 y el 12 de diciembre Guaidó -proclamado “presidente encargado” en enero de 2019 y reconocido por más de 50 Estados, incluyendo Estados Unidos, los principales estados de la UE y gran parte de los países de la región- convocó a una consulta popular, sin efectos legales. Realizada mediante una combinación de modalidad presencial y virtual, las preguntas de la consulta giraron en torno a la celebración de elecciones libres. Según los organizadores, la participación fue similar a la de las elecciones legislativas, cercana al 30% del padrón.
Las repercusiones internacionales fueron las esperadas: el Grupo de Lima, la OEA, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, Estados Unidos y la UE desconocieron el resultado de las elecciones, a las que calificaron ?con diversos matices- como no democráticas. Los principales aliados externos del gobierno reconocieron el triunfo del Gran Polo Patriótico: así lo hicieron Cuba y Nicaragua en la región, y China y Rusia fuera de ella. Turquía e Irán enviaron veedores.
Hasta aquí los hechos principales. Señalamos tres tendencias importantes, de cara al futuro: primero, el gobierno es impopular pero conserva importantes resortes de poder; segundo, la oposición está dividida, sin liderazgos claros, y no cuenta con una estrategia común para alcanzar una salida democrática. Sufre además el desgaste de la crisis que atraviesa el país; tercero, el frente externo sigue siendo importante, pero no decisivo en la definición de la crisis.
Aun cuando buena parte de la sociedad venezolana conserva un buen recuerdo de Chávez (51% según Datánalisis), Maduro es un presidente profundamente impopular: alcanza sólo el 13% de aprobación; en esta elección, además, el gobierno obtuvo casi cuatro millones de votos menos que en la elección de la ANC en 2017. Algo entendible en medio del colapso económico (62,2% de caída del PBI entre 2013 y 2019, casi 80% de pobreza extrema y cifras de inflación disputadas, pero surrealistas, que superarán el 3.000% este año) y sanitario.
Pese a ello, la administración del PSUV todavía cuenta con importantes recursos de poder. En una economía devastada pero con fuerte control estatal, existe una alta dependencia del sector público para el acceso a bienes básicos, como los alimentos, la energía y los medicamentos. Las redes clientelares generadas en torno a este rol del Estado constituyen un activo para el gobierno. Maduro, además, sigue contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas ?que tienen una importante participación en la gestión de la economía y en la seguridad interna- que constituyen su principal sostén en el poder. La nueva mayoría en la AN viene a consolidar el control del gobierno sobre todos los poderes del Estado; Maduro planea utilizar esa mayoría para sancionar leyes relativas a la inversión extranjera, a la que apuesta para conseguir divisas y movilizar la economía.
Segundo, un campo opositor fragmentado no logra acordar estrategias frente a Maduro, lo cual quedó de manifiesto durante el proceso electoral. Henrique Capriles, de regreso en la arena pública, abrió negociaciones con el gobierno para participar en las elecciones, pero sin llegar a un acuerdo respecto a las condiciones para hacerlo. Hoy dice que el experimento encabezado por Juan Guaidó, basado en una combinación de sanciones internacionales, apelaciones a sectores de las FF.AA, abstencionismo electoral y movilización interna, está terminado. Ese escepticismo es más general: en septiembre pasado sólo el 17% de los venezolanos creía que Guaidó era capaz de lograr un cambio en los próximos meses, contra el 63% en febrero de 2019. El resultado de la elección debilita aún más su liderazgo, ya que se queda sin base de legitimidad para su nombramiento, que deriva de su condición de Presidente de la AN. Otros líderes, como Corina Machado, promueven abiertamente una intervención externa. Seguramente habrá un reacomodamiento en el tablero de la oposición, necesitada de unidad y de una nueva estrategia.
El frente externo
El frente externo sigue siendo desfavorable para Maduro, pero no constituye, hasta el momento, una amenaza a su supervivencia política.
Las elecciones profundizaron la condena de diversos actores internacionales al gobierno venezolano. Estados Unidos y la UE desconocieron el resultado. El Grupo de Lima -que incluye a diversos países de la región como Brasil, Chile, Colombia y Perú, además de Canadá- calificó a las elecciones como fraudulentas y llamó a una salida pacífica mediante elecciones libres; los gobiernos de Argentina y México no adhirieron al comunicado. En términos similares, una resolución del Consejo Permanente de la OEA, impulsada por Brasil, Colombia y Estados Unidos, condenó las elecciones venezolanas y desconoció sus resultados. Fue aprobada por 21 miembros sobre 34, con cinco abstenciones -entre ellas la de Argentina- y dos votos en contra (Bolivia y México). El Grupo de Contacto, formado por la UE, algunos de sus principales miembros y varios países latinoamericanos, también reprobó la elección. De entre los miembros de la región, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana acompañaron la declaración; Argentina no participó.
La diversidad de votos latinoamericanos en los distintos foros multilaterales refleja las tensiones que la situación venezolana genera en la política interna de los países de la región. Se trata de debates vinculados más a las identidades políticas que a los intereses materiales o estratégicos. Venezuela está lejos de ser una fuente de financiamiento alternativo, como lo fue durante la bonanza petrolera, la época dorada de Chávez; constituye, un foco de inestabilidad regional, que es necesario controlar, especialmente por las dificultades generadas por la migración de más de cinco millones de venezolanos. Pero por sobre todo, tiene un peso simbólico: para unos, es una caótica dictadura populista; para otros, un país que resiste dignamente los embates del Imperio. En el medio, hay variedad de matices.
Estados Unidos seguirá siendo un actor clave en la crisis venezolana. Es el principal impulsor de las sanciones internacionales, que dificultan el acceso del país al mercado petrolero y financiero. El gobierno de Biden considera a Maduro un dictador; continuará con la presión externa, aunque es posible que haya modificaciones en los instrumentos: mayor apelación al multilateralismo y alivio en algunas sanciones, como las que restringen la provisión de combustibles.
Maduro conserva algunos apoyos importantes en el exterior (además de Cuba): China, Rusia, Irán y Turquía. Estos socios han provisto financiamiento, inversiones directas, mercados y vías para comercializar el petróleo venezolano, y suministro de bienes vitales, como combustibles. También apoyo en materia de seguridad.
Más allá del juego de pesos y contrapesos en el terreno internacional, sin embargo, la elección legislativa ha puesto de manifiesto una vez más que el destino del proceso venezolano se juega fundamentalmente a nivel interno. Frente a un gobierno asediado por la cruda realidad económica y social, la unidad de la oposición y el resquebrajamiento del apoyo militar a Maduro continúan siendo factores claves para abrir la vía democrática.
