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¿Más y nuevos conflictos sociales en Sudamérica?

24-07-2013
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(Columna de María Esperanza Casullo)

La protesta social continuará siendo una herramienta común para expresar pedidos y demandas en la región

Luego de poco más de diez años del “giro a la izquierda” de Sudamérica, es posible percibir un recrudecimiento de los conflictos sociales en casi todos los países de la región. En los últimos años hemos visto manifestaciones ciudadanas, marchas, conflictos con la Policía e incluso algunos episodios de violencia directa en Ecuador, Venezuela, Bolivia, la Argentina, Perú e incluso Chile.

Paradójicamente, estas muestras de desasosiego social se producen en una década en la cual se dio un importante crecimiento económico, una mejoría de los indicadores sociales, e incluso una módica reducción de la desigualdad en la región. ¿Se trata de una conflictividad social de nuevo tipo, marcada por la aparición de nuevos sujetos sociales? ¿O es la continuidad histórica de la poco institucionalizada cultura política de la región? ¿Si los partidos políticos fueran más fuertes y programáticos, desaparecerían las protestas?

El primer dato, no menos cierto por lo obvio, es que es imposible generalizar. Hay una diversidad en los temas demandados y los actores sociales que protestan en cada caso no sólo entre países, sino dentro de cada país. No son los mismos grupos los que protestan contra la restricciones a la compra de dólares en la Argentina que contra el aumento del precio del transporte público en Brasil o en contra la construcción de una autopista en la Amazonia, ni demandan las mismas cosas. Entonces, debemos comenzar por admitir que el análisis en estos casos debe mantenerse cercano a las particularidades del caso, aún con el costo de perder en parsimonia.

UN CLIVAJE POSIBLE

Pero es cierto que podemos ver algunos parecidos de familia entre las diversas protestas, así como nuevas demandas y actores sociales. El principal principio de diferenciación que aparece es entre aquellas protestas en las cuales grupos sociales demandan mayor intervención del Estado y aquellas en las cuales otros grupos sociales demandan menor intervención del Estado.

En el primer grupo podríamos incluir las protestas de los estudiantes chilenos que piden avanzar hacia la gratuidad universitaria y otras medidas de democratización del acceso a la educación; asimismo, gran parte de las últimas protestas en Brasil tenían que ver con una demanda de mayor inversión en infraestructura de transporte y en salud pública. También varias de las protestas por temas ambientales en Bolivia, Ecuador e incluso en la Argentina tuvieron como objetivo conseguir una mayor intervención estatal en la regulación (o directamente la prohibición) de la actividad de las empresas extractivas, ya fuesen mineras o hidrocarburíferas. En estas protestas podría decirse, a manera de hipótesis no confirmada aún con una adecuada evidencia de tipo comparada, que encontramos grupos provenientes de sectores sociales que recientemente lograron una movilización social ascendente y legitimidad como sujeto político de derecho (por ejemplo, los pueblos indígenas en Bolivia) que se dan de plano con el dato de que esa misma movilidad ascendente parecería tener, si no un techo, al menos importantes cuellos de botella.

Que el mismo Estado que hace una década o más les garantizó (probablemente por primera vez en la historia) un razonable acceso al mercado de trabajo, mayores transferencias sociales y una entrada a la educación primaria o secundaria no puede (o no quiere) garantizar vacantes en un sistema universitario equitativo, acceso a un médico en el sistema de salud pública, transporte público de calidad o un cuidado al medio ambiente de acuerdo a las expectativas. Como dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, luego de las protestas en Brasil: “O povo, quanto mais tem, mais quer”.

Esto, en sí, podría ser un factor positivo para la región, en tanto y en cuanto estas manifestaciones obligasen a los gobiernos a avanzar en una dirección de mayor inversión pública, mayor apropiación de recursos económicos vía impuestos a las actividades concentradas, y mayor democratización del acceso a los bienes de la salud, la educación, el transporte y el medio ambiente. Si así fuera, podríamos pensar en un feedback virtuoso entre movilización social y fortalecimiento del Estado.

Pero no es tan sencillo. Porque del 2000 hasta aquí también hemos visto en Sudamérica importantes manifestaciones y protestas de otros sectores sociales, cuya principal demanda parecería ser que el Estado se retire de la regulación de los mercados. La protesta del año 2008 en la Argentina tenía como fin frenar un proyecto de impuesto; asimismo, las protestas del 2012 en Buenos Aires tenían un fuerte discurso antiestatista, casi libertario, en el cual el rechazo a lo que se ve como un excesivo populismo de la fuerza dominante se funde con la defensa de una sociedad civil y un mercado autónomos del Estado. El mismo espíritu se ve en las protestas de la clase media venezolana; sin ir más lejos, un factor que complicaba la lectura de las recientes manifestaciones en Brasil es que parecía existir una puja al interior de las mismas marchas entre el primer y el segundo tipo de demanda.

Esto podría ser un factor de inestabilidad sistémica, en tanto existen sectores sociales que le demandan al Estado crecer más y gastar más mientras que otros sectores sociales le demandan con la misma fuerza al mismo Estado crecer menos y gastar menos. Es una línea en extremo delgada, casi invisible, la que los estados deben recorrer. ¿Ayudarían partidos más sólidos a encauzar institucionalmente las demandas? Por supuesto, la respuesta de la ciencia política es “sí”, pero no hay que olvidar que tanto Chile como Brasil tienen, junto a Uruguay, los partidos más sólidos del continente. Sin embargo, con la excepción uruguaya, éstos últimos han sido sacudidos por importantes procesos de movilización social.

En definitiva, es probable, más bien, que debamos acostumbrarnos en la región a vivir en contextos políticos en los cuales recurrir a la protesta social continuará siendo una herramienta muy a mano para expresar pedidos y demandas, con o sin los partidos políticos.

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