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¿Más policía?

Bansky
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17 enero de 2017

(Columna de Lucía Caruncho -Flacso/UBA-)

El reclamo de “mayor presencia policial” devela la delegación casi total de la seguridad pública a la institución policial.

Los últimos acontecimientos en el barrio Flores y la entrada en funciones de la Policía de la Ciudad pusieron, una vez más, el tema de la seguridad pública en el centro del debate. Gran parte de los medios de comunicación, la sociedad y los políticos retomaron el reclamo de “más policía en las calles” como respuesta y solución casi unívoca a la inseguridad. Sin embargo, la linealidad del reclamo esconde un entramado complejo de complicidades que involucran tanto a la policía y a la dirigencia política como a los medios de comunicación y la ciudadanía. Tal como afirma Marcelo Sain (2008) “detrás de cada problema policial existe un problema político” (1) ?y permítanme agregar? con connivencia de la sociedad, que se cristaliza, refuerza y reproduce en el ámbito cultural. En particular, en los discursos e imágenes mediáticas.

Así, el reclamo de “mayor presencia policial” de parte de los distintos actores devela la delegación casi total de la seguridad pública ?que incluye la enorme tarea de garantizar el cumplimiento legal y efectivo de los derechos humanos y civiles? a la institución policial. Ello le ha conferido gran autonomía para tomar decisiones, amplios márgenes de discreción (donde conviven los crímenes simples con las actividades delictivas complejas y la criminalidad violenta de alta rentabilidad ?como el narcotráfico y los desarmaderos?) y grandes cuotas de poder de cara a los Poderes del Estado, los políticos y la sociedad. Igualmente, esta orientación ha sido funcional, más de las veces, a la clase política y la sociedad.

Respecto de la dirigencia política, ha delegado la seguridad pública a la policía a cambio de financiamiento espurio (entre otros, para movilizar recursos electorales), desarrollo de actividades de inteligencia (para operaciones políticas ilegales) además de control y disciplinamiento de las movilizaciones y protestas sociales. En otras palabras, la dirigencia política ha delegado seguridad pública a cambio de gobernabilidad. Ello ha socavado los mecanismos institucionales de conducción política sobre la policía y debilitado la capacidad de generar políticas de seguridad pública efectivas y reformas integrales acordes a los desafíos y problemáticas sociales actuales.

Por su parte, la sociedad (en general, los estratos dominantes ?altos y medios?) ha depositado la resolución de los problemas de seguridad en las instituciones estatales y en su agencia policial, exceptuándose de cualquier responsabilidad. A su vez, ha participado (sea por acción o desentendimiento) de la corrupción y avalado mecanismos abusivos de control policial del delito (que rozan y cuestionan los límites de lo legal). Especialmente, contra aquellos que se configuran social y culturalmente como “los otros” en cada momento histórico (2). Todo esto, en un clima de desconfianza radical hacia las instituciones estatales, sus actores y la policía. En este contexto, el pedido de “mayor policía en las calles” invita a reflexionar sobre la relación ?más bien paradójica? entre los ciudadanos y la policía. Esto es, la sociedad reclama mayor presencia de aquellos sobre los cuales desconfía y les exige protección de un “otro” peligroso para luego acusarlos de una violencia que no admite como propia.

En cuanto a los medios de comunicación, la producción y difusión de situaciones agresivas tanto en los programas noticiosos como en los de espectáculo, han contribuido a la naturalización y normalización de la violencia como herramienta legítima de interacción social. Los programas noticiosos se han amparado, por una parte, en la ser “la voz autorizada” para poder juzgar sucesos por fuera de cualquier análisis especializado o recaudo institucional. Por otra parte, en la construcción de una retórica signada por la necesidad de “mayor control” como única vía para frenar la inseguridad. Dicho discurso ?vigorizado a través de la espectacularización y el dramatismo?, ha contribuido a la formación de una imagen de la seguridad caracterizada ?tal como en la sociedad? por la “policialización” del orden público y la delegación de la responsabilidad en las instituciones estatales. Por su parte, los programas de entretenimiento y espectáculo (series de tv ?como “El Patrón del Mal” que “glorifican la vida de personas incursas en el delito de narcotráfico” (3)? o formatos híbridos como “Intratables” en donde predomina el conflicto) reproducen y contribuyen a legitimar y naturalizar formas de interacción social signadas por la violencia simbólica y hasta física.

Así las cosas, se cree que las prácticas que integran las instituciones estatales, que incluyen a las fuerzas de seguridad, se circunscriben dentro de un marco político y social más amplio que las acepta, las legitima y las reproduce (sea por connivencia, indiferencia o desafección) que se cristalizan y refuerzan en el plano cultural. Dicho esto, cualquier intervención exitosa en materia de seguridad pública debe ser encarada de modo integral. Esto implica reconocer que dichas medidas deben estar acompañadas de una reforma política integral en consideración del contexto y las prácticas socio-culturales vigentes. Ello, solo puede darse en un entorno de cooperación entre los actores e instituciones intervinientes, en particular, entre aquellos que tienen la responsabilidad y el poder para implementarlas y sostenerlas en el tiempo. La pregunta es, si contamos con las aptitudes institucionales y la voluntad política necesaria para llevarla adelante.

(1) Sain, M. (2008) El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, p.208.

(2) Galvani, M. (2016) “¿De quién defender a la sociedad?”. En M. Galvani, Como se construye un policía. La Federal desde adentro. Buenos Aires: Siglo XXI, pp.107 ? 210.

(3) Amado, A. (2016) Política Pop. De líderes populistas a telepresidentes. Buenos Aires: Paidos, p.77.

Sain, M. (2008) El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, p.208.

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