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Narcotráfico, política y Estado

04-04-2014
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(Columna de Alberto Föhrig, doctor en ciencia política de la Universidad de Oxford y profesor de ciencia política de la Universidad de San Andrés)

En la Argentina hay varios factores institucionales que facilitan el desarrollo de redes de complicidades entre los actores estatales y los delictivos

En los últimos meses, el narcotráfico surgió como un problema relevante en la opinión pública. Un atentado armado contra un gobernador, acciones de sicariato, pronunciamientos del Poder Judicial y la Iglesia Católica, así como una serie televisiva sobre Pablo Escobar, influyeron en este fenómeno.

Sin embargo, las tendencias sobre aumento de las actividades del narcotráfico en el país tienen valores crecientes en diversas dimensiones hace más de quince años. En este período aumentaron las incautaciones de drogas, creció el consumo y el país se incorporó a redes internacionales de tráfico mediante la elaboración local de estupefacientes y su exportación. Las relaciones entre redes de tráfico y actores políticos también es de vieja data: el financiamiento de campañas políticas por parte del narcotráfico tiene antecedentes en al menos dos campañas presidenciales.

¿Qué factores en el diseño estatal y en la configuración de los actores políticos influyen en este proceso? Muchas de las tendencias señaladas más abajo impactan sobre el aumento del narcotráfico pero explican también otras dimensiones de las políticas de seguridad pública en la Argentina, que en el mismo período también ha evidenciado tendencias crecientes. Uno de los puntos centrales del avance en el control de la inseguridad y el narcotráfico es que los partidos, el Poder Judicial y las burocracias públicas actúen contra este fenómeno. En la medida en que hay actores en cualquiera de estas tres instancias que no lo hacen, el problema deja de ser exclusivamente la operación de redes de tráfico, y pasa a ubicarse, además, dentro del sistema de partidos y de la burocracia estatal.

LAS REDES

Las complicidades individuales de actores políticos y estatales existen, en parte debido a factores institucionales y organizativos que producen incentivos para que tales conductas sean posibles. El escenario ideal de complicidad entre un agente público y un actor delictivo es el monopolio bilateral: un único agente público estable en el tiempo que entabla relaciones con una única organización delictiva que opera en el territorio. Cuanto mayor es la inestabilidad de los actores, o cuanto mayor es el número de actores que intervienen en la política pública, mayores son las dificultades para dicha complicidad.

Una de las derivaciones de tales dificultades para el establecimiento del monopolio bilateral es el crecimiento de la violencia.

Observemos estas premisas en el contexto de la provincia de Buenos Aires, tanto temporal como espacialmente. Existe una significativa estabilidad temporal de actores políticos en el poder. El mismo partido gobernará la provincia por lo menos hasta 2015: 28 años consecutivos. Tres gobernadores totalizarán en el poder 22 años en el mismo período. Mientras que la tasa de reelección de intendentes en ciudades mayores a 100.000 habitantes en los últimos veinte años fue decreciendo en el país, aumentó sensiblemente en el conurbano bonaerense.

También hay estabilidad burocrática policial: en la Argentina cambió el rol de las FF.AA. en democracia, hubo privatizaciones y estatizaciones diversas, cambios en la inserción internacional del país, modificaciones tajantes en el régimen laboral y, sin embargo, no hubo cambios significativos y sostenidos en ningún cuerpo policial ni de seguridad. El decreto que regula la Policía Federal data de 1958 y la policía de la provincia de Buenos Aires no ha experimentado ningún cambio significativo en su funcionamiento, eficacia ni en sus altos niveles de corrupción. Mientras tanto en el nivel intermedio, el nivel ministerial y la dirección burocrática civil, carecemos de la más elemental regla de estabilidad: en los últimos 21 años la provincia de Buenos Aires tuvo 21 ministros de Seguridad, al mismo tiempo que carece por completo de cuadros burocráticos civiles con capacidad de dirección en materia de seguridad.

En resumen, tenemos actores políticos y policiales estables, ausencia de burocracia civil y alta inestabilidad ministerial, lo que indica baja preocupación por la modificación de políticas públicas en un contexto de alta estabilidad de actores políticos y policiales. Los incentivos para complicidades en contextos como el descripto aumentan.

EL LUGAR DE LA ARGENTINA

Del lado de las redes de tráfico, la Argentina pasó a ocupar un lugar de mayor preponderancia en el mercado internacional de estupefacientes: hoy el país es el tercer exportador mundial de cocaína, y las incautaciones de esa droga aumentaron 638% entre 2005 y 2010. La fragmentación e internacionalización de carteles colombianos y mexicanos que comenzaron operaciones en nuestro país, el aumento de la producción de coca, pasta base y cocaína en Perú y Bolivia, así como el significativo crecimiento de las bandas locales de tráfico, explican este cambio.

A consecuencia de ello, las redes de tráfico aumentaron su poder local, su necesidad de contar con complicidad estatal para sus operaciones y sus recursos para corromper agentes públicos en los partidos, el Poder Judicial y la policía.

Los crecientes niveles de violencia que está comenzando a experimentar la Argentina se deben a que las redes de tráfico y algunos actores públicos muy específicos están cimentando acuerdos parciales tendentes en el mediano y largo plazo a establezca nuevos monopolios bilaterales. El futuro de la democracia argentina requiere revertir este proceso con la máxima prioridad.

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