por Carola della Paolera (*)
Atender la emergencia alimentaria es sólo la punta del ovillo porque en los últimos treinta años no se logró perforar el piso del 25% de personas en situación de pobreza
Las personas que se encuentran en situación de pobreza tienen menos posibilidades para acceder a una alimentación adecuada. La malnutrición (tanto por carencia de alimentación como por el consumo de alimentos poco saludables) compromete la salud y el desarrollo pleno de las personas, y forma parte de los desafíos de la pobreza. Estos desafíos aumentan en períodos de crisis como el actual donde, con la suba de precios, cubrir una canasta de alimentos saludable se vuelve más difícil. Según los datos oficiales, en el primer semestre, no solo aumentó la pobreza hasta alcanzar al 35,4% de las personas sino también la indigencia, pasando de 4,9% a 7,7% con respecto al mismo período de 2018. Es decir que más de 3 millones de personas no tienen los ingresos necesarios para acceder a una canasta básica de alimentos. Como muestran estas cifras, urge la necesidad de reforzar las políticas dirigidas hacia los sectores más vulnerables para asegurar pisos de protección social.
La inseguridad alimentaria viene formando parte de la discusión en todo el arco político, sobre todo en los últimos meses. En septiembre se prorrogó la Emergencia Alimentaria Nacional hasta 2022, estableciendo un aumento del 50% a las partidas de los programas de alimentos para 2019 y la actualización de sus montos frente a la inflación cada tres meses a partir de 2020. Por otro lado, el Frente de Todos anunció que en su gestión priorizará un Plan Nacional contra el Hambre. Entre las diversas medidas que se plantearon en el marco de este Plan, se incluyó: la constitución de un Consejo Federal contra el Hambre; el acceso a una canasta básica de alimentos mediante la ampliación de la Tarjeta de Alimentación y la devolución del IVA a personas más vulnerables; el fortalecimiento de los canales de comercialización y economía social; y el mejoramiento de las prestaciones de alimentación en las escuelas; entre otras.
Durante la próxima gestión, con el objetivo de potenciar las políticas alimentarias será importante, además de asegurar la inversión adecuada, que se tengan en consideración cuatro ejes centrales.
1 En primer lugar, se requieren mecanismos aceitados para la articulación y coordinación entre los actores de los distintos niveles jurisdiccionales que participan en la implementación de las políticas alimentarias. Estos mecanismos deberían darse tanto entre el gobierno nacional y los de las provincias como dentro de cada provincia, incluyendo a los diversos actores locales involucrados como, por ejemplo, los municipios y las escuelas.
2 En segundo lugar, será primordial avanzar en mejorar los sistemas de información, contemplando las diferencias de asignación, gestión y organización en la implementación de las políticas que existen entre las provincias. Generar y centralizar la información sobre las diferentes prestaciones alimentarias que se ejecutan en cada jurisdicción y las condiciones de salud nutricional de la población asistida permitirá fortalecer su seguimiento e identificar potenciales mejoras.
3 En tercer lugar, será central fomentar la integración de las políticas alimentarias con otros programas sociales y la participación de nuevos actores locales. Por ejemplo, para la provisión de alimentos se puede articular con pequeños productores locales que forman parte de programas sociales que buscan potenciar su actividad.
4 En cuarto lugar, será de relevancia impulsar la transición de un paradigma de emergencia alimentaria a uno de calidad alimentaria, avanzando con acciones que promuevan y establezcan estándares de calidad en el marco de las prestaciones ejecutadas.
Finalmente, no hay que perder de vista que atender la emergencia alimentaria es sólo la punta del ovillo. En los últimos treinta años, no se logró perforar un piso del 25% de personas en situación de pobreza en el país. Además de restablecer un sendero de crecimiento económico que permita frenar el aumento de las vulneraciones, es necesario formular una estrategia integral y sostenida para la reducción de la pobreza crónica.
En el marco del proyecto “Pobreza Crónica” de la iniciativa de Cippec Metas Estratégicas para Transformar la Argentina (Meta), se discutió con diferentes sectores sobre los ejes que esta estrategia deberá priorizar. Además de las acciones que permitan paliar los efectos de la crisis actual, que incluyen a las políticas alimentarias, será crucial avanzar en potenciar políticas clave para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza y para mejorar el acceso al trabajo de calidad. Solo mediante una estrategia sostenida en el tiempo que aborde a las múltiples dimensiones de la pobreza se podrán sentar las bases para un desarrollo inclusivo que permita mejorar las vidas de los 44 millones de argentinos/as.
(*) Coordinadora de Protección Social de CIPPEC
