Entrevista a Fabio Quetglas
Estamos próximos al primer aniversario del Gobierno de Alberto Fernández, y de Juntos por el Cambio en su rol de oposición. Sobre la identidad de JxC, los desafíos que la pandemia del Covid-19 generó en el AMBA y las deudas pendientes de la región en materia de ordenamiento territorial, conversamos con Fabio Quetglas, diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires.
En diciembre se va a cumplir un año desde que asumió Alberto Fernández y también desde que JxC pasó a la oposición. ¿Qué balance hace de este primer año de JxC en este nuevo rol?
Yo creo que la política no es una esfera escindida de la sociedad. Una parte de la amalgama de JxC es la demanda cívica de unidad; respondemos a una petición de nuestros votantes que dialoga con el temor a la tentación hegemónica que el kirchnerismo nunca se priva de exhibir. Hay una parte de la sociedad argentina que no se siente representada por el kirchnerismo y que es plenamente consciente, por la experiencia de los doce años de gestión kirchnerista, de que una oposición debilitada puede facilitar esa tentación hegemónica. Después hay una parte nuestra de la construcción política de madurez en el sentido de que ese espacio sociocultural heterogéneo espera de sus dirigentes políticos una construcción del imaginario de país que vaya más allá de ser refractario al kirchnerismo. La Argentina ha agotado un modelo, ese es el problema de fondo. La estructura económica esta asfixiada, tenemos un mal marco de inserción en el mundo, tenemos una sociedad cada vez más más dualista donde los sectores excluidos tienen mayores dificultades de ingreso a los circuitos de producción y de consumo. En JxC creemos en una sociedad organizada en torno al empleo, no en la ayuda social; y en la que la inversión y la empresarialidad sean importantes. Nosotros estamos en condiciones de construir una visión que conjugue tres grandes aspiraciones de la Argentina contemporánea: la primera es tener un Estado muy profesional, calificado, que garantice los derechos a un costo asumible por parte de la sociedad; la segunda es contar con una base económica más diversificada y amplia y la tercera es la nueva agenda que también une economía y sociedad, que tiene que ver con una demanda social difusa de mejorar nuestra vida, la convivencialidad, el buen vivir, para transformarnos nuevamente en un país atractivo. Las sociedades más justas son muy prósperas. No es una casualidad. Es difícil ser justos en un clima de restricciones o necesidades. Esa idea de disociar la prosperidad y la justicia es una idea de base bíblica, que amerita una discusión filosófica. Yo soy de los que cree que si queremos ser más justos precisamos ser más prósperos
¿Cuáles cree que deberían ser los lineamientos o reformas fundamentales a empezar a trabajar para poder avanzar en esa agenda de futuro?
Podemos listar varias. Argentina tiene un marco de regulaciones laborales que no es ni bueno ni malo pero que cuando vos ves los convenios colectivos, salvo una oleada de reformas pequeñas que hubo en los 90, en general son de la década del 70. La población económicamente activa en Argentina en los 50 que trabajaba en la industria formal era mucho más importante, pero hoy más del 70% de los empleos privados formales lo generan empresas de menos de veinte trabajadores. La economía argentina cambió y nosotros no cambiamos el marco regulatorio. Hay una tasa de incorporación del conocimiento al proceso productivo muy acelerada y nosotros pretendemos que uno de los factores más importantes, que es el factor humano, no se mueva. Los diputados radicales de la comisión de Legislación del Trabajo presentamos una Ley de formación laboral continua. Tiene que ser en la idea de que en el futuro las personas se tienen que recalificar muchas veces porque es parte de la competitividad añadida del sistema económico. Es una necesidad que nos impone el contexto. Otra es una reforma fiscal que simplifique el sistema. Tenemos además déficits fiscales crónicos, donde hay una tarea que es presupuestaria dialogando con la fiscalidad. Tenemos también mucha carga fiscal sobre las empresas, y en el mundo parte de la progresividad es que las personas de mayores ingresos pagan más y que se libera la actividad económica porque se la deja fluir. También precisamos integrar el territorio y superar los desequilibrios. Tenemos que garantizar en el presupuesto mínimos de inversión en infraestructura durante mucho tiempo. Que no sea un condicionamiento de la producción agropecuaria en el NOA el costo de llegar al puerto. Es clave además, el tema de la calificación de los recursos humanos. Esta era una ventaja histórica que Argentina ha perdido. En las décadas del 60 y el 70, si cualquier gran corporación quería hacer un emprendimiento industrial en América Latina, en la elección del lugar de locación nunca estaba descartada Argentina porque se decía que tenía una mano de obra de mejor calificación. Tenemos que poner un ojo en nuestro sistema público educativo, retener más a los jóvenes en el sistema. Mencioné cuatro, pero hay muchas más. Lo más difícil de cualquier reforma que no es lo que tenés y lo que querés sino como administras una transición que sea lo menos traumática y lo más beneficiosa posible.
¿Cuáles identifica que son los principales problemas y fortalezas que presentó el AMBA para enfrentar la pandemia, y cuales sería los desafíos a futuro en términos de coordinación metropolitana?
Ahí presentamos un proyecto de ley con Facundo Suarez Lastra para crear la Agencia de la Región Metropolitana. Tratamos de hacerla liviana para que no tenga demasiado costo y que no nos critiquen de que creamos una nueva burocracia. Lo cierto es que esta área extendida de 13 millones de habitantes merece niveles de coordinación más altos de los que tenemos. Cuando vos no tenes niveles de coordinación altos, tenés zonas de sobreinversión y zonas de subinversión. Nuestros problemas en el AMBA están asociados también a nuestros problemas de visión política. El área metropolitana necesita una coordinación estratégica y ahí entran muchos temas como el transporte, la coordinación de universidades, la planificación del uso del suelo pensando en la convivencia entre el tercer cordón y un cordón productivo fruti-hortícola que nos garantice provisión de mayor proximidad y empleo en el cordón periférico, un buffer ambiental, que la ciudad no se expanda infinitamente, etc. Hay mucho para pensar y eso requiere de una coordinación estratégica. No tenemos ni el peor ni la mejor área metropolitana del mundo. Es necesario coordinarse porque no vamos a respirar buen aire en Almagro si hay mal aire en Avellaneda.
¿Cómo se comportó el AMBA?
Para responder debería tener datos comparativos con Santiago de Chile, Bogotá, Río de Janeiro, etcétera. Creo que el hecho de que en el AMBA no haya colapsado el área de terapia intensiva hay que anotarla en el punto de los éxitos. Que se haya mantenido el diálogo interinstitucional ocho meses en un país agrietado, también. Por supuesto que hay un montón de datos negativos. Uno ve la imagen del transporte y mucha gente bajando del Sarmiento o del Roca con el barbijo pero con igual nivel de aglomeración. Con barbijo o sin barbijo, viajar así es un lio. Ahí entran en juego un montón de cosas sobre el costo de la movilidad, la frecuencia, etc. Pasar una vez cada media hora o cada diez minutos depende mucho de si vos estás subsidiando y en qué medida el boleto. Cuando lo estás subsidiando mucho no querés pasar cada diez minutos porque cada vez que perdés más plata. Entonces si queremos tener un sistema de transporte razonable, tenemos que tener un nivel de maduración en nuestro diálogo con la sociedad. El transporte urbano es de un uso tan intenso que, si el desvío del subsidio es muy significativo, no hay sistema que aguante en ningún país.
Mencionó el tema del uso del suelo. Quería consultarlo sobre lo que estuvo pasando en los últimos meses con las tomas de tierras que tuvieron a Guernica como el caso más simbólico. ¿Cómo se puede salir del laberinto o falso dilema entre un déficit habitacional crónico y una ciudad que crece de forma ilegal y sin planificación?
Hay una salida. Hasta el año 1975, existía el “loteo popular” que consistía en que, junto con los municipios que le daban una autorización y le cambiaban la calificación urbanística, algunas empresas que eran dueñas o que compraban tierra periurbana contrataban un agrimensor, abrían las calles, producían los títulos de propiedad en cada uno de los lotes y donde había 20 hectáreas rústicas sacaban 3 mil lotes y se los vendían a los sectores populares a 60, 72, 84 meses? y eso era posible hasta 1975 porque aparece el Rodrigazo y la primera hiperinflación argentina. Eso era una vía de salida porque los laburantes trabajaban y con la mitad de su ingreso se compraban el lote y después iban construyendo. Tres cuartos de nuestro Gran Buenos Aires se hicieron por autoconstrucción, o sea no la hicieron ni las empresas ni el Estado sino las familias. Entonces hoy no se hace eso por dos motivos: en primer lugar, por la inestabilidad macro, y en segundo lugar porque si alguien tiene tierra periférica urbana prefiere hacer un barrio cerrado, atiende a otro sector social.
¿Cuál podría ser una vía alternativa?
Lo que yo propongo en un proyecto de ley es que sea el Estado el que genere suelo urbano, y la clave es que se lo tiene que cobrar. ¿Por qué? Porque el Estado puede invertir cierta cantidad de plata en generar lotes, pero si no cobra ahí termina el chiste. Nosotros tenemos que generar un millón y medio de lotes urbanos en Argentina para que toda familia tenga su lote. Y para poder hacerlo cundo producís los primeros cincuenta mil lotes tenes que cobrar. Porque además la condición propietaria cambia mucho el posicionamiento de las personas en la sociedad: los transforma en sujeto de crédito, mejora su pulsión asociativa en el barrio, etcétera. Entonces hay una salida, que no es de un viernes a un lunes y que inclusive se puede pactar con los movimientos sociales que son muy conscientes de estas cosas. Lo que pasa es que hay que tener vocación de hacerlo y de cobrar. Ahí está el punto. Siempre tenes un margen para jugar, como cobrarles menos a quien tenga más de x hijos, etc. Pero el Estado argentino no está en condiciones de asumir todo el gasto de la construcción de un millón de viviendas. Más o menos un lote urbano con agua, título, etcétera, tiene un costo de entre cinco y ocho mil dólares, entonces sí estamos en condiciones de generar cien mil lotes urbano e ir cobrando y generar un movimiento. El proyecto de ley que impulso es para que el Estado Federal ayude a los municipios a generar programas de este tipo, pero que lo hagan los gobiernos locales porque hay que cumplir requisitos como que el lugar no sea indudable, etc. Y hay que empoderar a los gobiernos locales para que ellos definan para donde crece la ciudad. Me parece que esa es la vía para descomprimir esto y tiene que ser una causa nacional de todos los partidos.
