Por Enrique Zuleta Puceiro
Al cabo de un trabajoso proceso, signado por marchas y contramarchas que solo pareen haber servido para subrayar las diferencias de visiones estratégicas que cuartean a la coalición de Gobierno, el presidente Alberto Fernández presentó por fin los lineamientos de su reforma judicial. Si bien parte de los anuncios aguardan aún la letra chica de los decretos y resoluciones que la pondrán en marcha, permiten una primera reflexión, dirigida sobre todo a identificar las claves de su oportunidad y viabilidad.
Una primera observación debe referirse a la naturaleza y alcances del proyecto oficial. Gestado en solitario, sin estudios previos y bajo un cerrado secreto sumarial, la iniciativa se circunscribe a una “reforma corta”, limitada a la Justicia Penal Federal, con algunos enunciados complementarios hasta ahora declarativos.
En términos generales, los anuncios apuntan a la creación de una Justicia Federal Penal, con asiento en la Capital Federal, operada a través de una compleja reingeniería institucional que contempla la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, la adjudicación a cada tribunal una de las dos secretarías con que cuentan en la actualidad, derivando la restante a cada uno de 23 nuevos tribunales a crearse. Las obvias dificultades de cobertura de los nuevos juzgados serían saldadas a través de un proceso de subrogancia que se realizaría a partir de una actividad conjunta de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, instancias todas cuyo funcionamiento tanto individual como armónico abre a su vez un puñado de interrogantes acerca de su viabilidad política al menos inmediata.
Mucho más cuando la reforma incluye tambien la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales y de fiscalías y defensorías complementarias. Por lo pronto, ello supondría el establecimiento de 23 juzgados de primera instancia y ocho salas de cámara. A toda esta muy compleja operación, la propuesta del Ejecutivo agrega la varias veces fracasada y aún pendiente transferencia de competencias penales nacionales al ámbito de la Capital, en cumplimiento del mandato constitucional de 1994. Todo ello complementado con una también problemática, unificación plena de las materias civil-comercial y contencioso-administrativa federal.
El punto que mayores discusiones ha suscitado ha sido la creación de un Consejo de Asesores que habrá de dictaminar sobre algunos de los aspectos de mayor disenso en los últimos años: la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la Defensoría General de la Nación.
Las reacciones públicas han sido diversas y coincidentes en un rechazo de fondo. La oposición, acompañada por los grandes medios, apuntan a presentar la propuesta como un intento de garantizar la impunidad de los funcionarios del kirchnerismo. Tratan de reducir la complejidad de la reforma a una mera cortina de humo con finalidades inconfesables. El objetivo aspira sin duda a fortalecer la oposición con el más que esperable estallido popular de los sectores ya movilizados contra cualquier proyecto que provenga del kirchnerismo.
Habrá que preguntarse sobre la razonabilidad de esta posición por parte de los sectores de oposición institucionalmente integrados. En sí mismo, la reforma presenta tantos riesgos como oportunidades. El pésimo funcionamiento de la Justicia Federal ha venido castigando a todos los sectores que se alternan en el Gobierno, en medida no menos que al resto de la sociedad. En este punto la falta de una voluntad de consenso, por culpas claramente compartidas, vuelve a llamar la atención. Una lectura atenta de los anuncios está lejos de avalar esta hipótesis.
Mas allá de las dificultades obvias de una ingeniería institucional y presupuestaria como la que se propone conviene tener en cuenta la presión insostenible que el sistema de justicia viene sufriendo por el lado de la demanda. Además de la sobrecarga de trabajo y de la carencia de recursos que revela el sistema en su funcionamiento desde hace años, nadie puede soslayar las dificultades que presenta la puesta en marcha inminente del sistema acusatorio, un avance indudable que solo podrá traer consigo, además de problemas lógicos, un nivel de modernización y eficiencia del sistema procesal que beneficiara a todos por igual.
El riesgo de adaptación a la puesta en marcha del sistema acusatorio debe ser asumido tan pronto como sea posible y a la reforma corta es una muy buena oportunidad. Las mayores dudas surgen por el lado del grupo asesor y en este punto la crítica es tambien exagerada y poco imparcial. Los cuestionamientos se centran sobre todo en tres puntos: la trayectoria de sus miembros, su falta de especialidad y su posición política. En este punto las críticas vuelven a revelar su escasa imparcialidad. Presentar a Inés Weinberg, actual presidenta del Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, catedrática de la UBA y ex Jueza Internacional en La Haya simplemente como “la candidata frustrada de Macri a la Procuración de la Nación” es una manifestación que revela un nivel de animadversión tan obvio como el de subestimar la presencia de María del Carmen Battaini, actual presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de provincia; de Claudia Sbdar, Presidenta de la Corte Suprema de Tucuman o de Hilda Kogan, figura central en la magistratura bonaerense, expresidenta y fundadora junto con Carmen Argibay del movimiento de mujeres juezas en el país.
Los asesores son todos exponentes de primer nivel de sectores de pensamiento muy diferentes. Omar Palermo, integrante de la Suprema Corte de Mendoza, es una figura de relieve en su disciplina (Esteban Righi solía definirlo en diálogos académicos como el más brillante penalista de la nueva generación). Gustavo Ferreyra, tambien profesor titular y actual Consejero Directivo de la UBA, es uno de los exponentes principales de la escuela de Eugenio Zaffaroni. León Arslanian y Carlos Berardi -exmagistrados y socios en el principal estudio penal de Buenos Aires- y Andrés Gil Domínguez son además de abogados en ejercicio en causas de gran relevancia profesional, profesores titulares de la Universidad de Buenos Aires. Enrique Bacigalupo, durante décadas miembro del Tribunal Supremo de España, es una figura que sintetiza el perfil experto y los créditos académicos y sobre todo profesionales del grupo experto. La iniciativa presentada es compleja en su diseño y de muy problemática implementación. Carece de estudios previos y tiene la doble desventaja de no nacer del interior del sistema a reformar ni contar con una base de consenso técnico y político.
Habrá que preguntarse el porque del riesgo asumido. ¿Acaso la ventaja de recuperar la iniciativa de la agenda en un momento de incertidumbre? El fin de la cuarentena encuentra al Gobierno con pocas ideas, sin alianzas externas ni internas y sobre todo desgastado ante sectores importantes de la opinión publica. La reforma de la Justicia, aunque sea parcial y limitada casi exclusivamente al fuero penal, puede acaso devolverle al Presidente buena parte de la confianza inicial.
Para ello, deberá respaldarse en la competencia técnica del grupo de asesores, asumir la demanda pública de cambios urgentes y, sobre todo, vencer las tentaciones y trampas de un sectarismo que, desde siempre, aqueja al conjunto de la dirigencia. Sin excepciones. No olvidemos que, salvo Fernando De la Rúa, todos los gobiernos, sin excepción, intentaron conformar una Corte de Justicia a imagen y semejanza de sus pretensiones fundacionales.
