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Todo el Estado al servicio del partido

09-08-2013
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La campaña oficialista impone el carácter plebiscitario de estas elecciones legislativas

Todos los recursos del Estado fueron puestos al servicio de esta campaña; dinero, publicidad, logística, becas y subsidios, funcionarios y militantes. Es elocuente la estrategia del oficialismo para las primarias del 11 de agosto con miras a octubre, al establecer la gran divisoria de aguas entre un Gobierno “que hace” y una oposición “que sólo habla, opina y critica”. El slogan “En la vida hay que elegir” reviste de mayor lustre la intención de convencer al electorado de que “más vale malo conocido” y exorcizar el otro mensaje encubierto: “Roban pero hacen”.

En pleno despliegue electoralista, semanas atrás, luego del traspié sufrido con la fallida promoción del general César Milani en el Senado y las críticas al acuerdo entre YPF y Chevron, la Presidenta pidió, por Cadena Nacional, “dejar a un lado la campaña electoral para ciertas cosas”. Al mismo tiempo, no pasó día sin que la Presidenta, ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios, senadores y diputados aprovechasen actos oficiales, palcos provinciales, tribunas municipales y espacios mediáticos para hacer proselitismo en favor de los candidatos del Frente para la Victoria, mostrarse con ellos y denostar al resto de candidatos y fuerzas de la oposición.

El martes 23 de julio desde el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, Cristina utilizó un acto oficial por la ley de extranjerización de tierras para despacharse por cadena nacional con un vibrante discurso partidista.

El miércoles 24 se aprovechó otra vez un anuncio de obras públicas para municipios bonaerenses para promocionar al candidato a diputado del FPV, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El ministro de Planificación Julio de Vido y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, exaltaron a Insaurralde y trataron feo a los demás candidatos; empezando por quien más les preocupa, el intendente de Tigre, Sergio Massa, que aparece como principal contrincante. La Presidenta hizo lo propio el mismo día en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, donde inauguró obras junto al gobernador, intendentes y candidatos a diputados nacionales. Allí dijo que lo que está en juego “no es un gobierno, es un modelo de Estado y un proyecto de país”, y agregó otra frase elocuente: “Acá se ve lo que es capaz de hacer cualquier argentino cuando un gobernador trabaja junto al Gobierno Nacional y a los intendentes”.O sea, a los intendentes y gobernadores alineados, todo; a los díscolos o identificados con otros partidos, palos.

El jueves 25, lo mismo: mientras en la Casa Rosada Abal Medina anunciaba obras de infraestructura para distintos municipios de Río Negro y De Vido explicaba que la concertación funciona “con los que están convencidos de que este es un gobierno nacional y popular”, El vicepresidente Boudou inauguraba una escuela en San Juan y Cristina hablaba en Tecnópolis, junto a Insaurralde, sobre luces kirchneristas y sombras opositoras. A última hora de ese día, la sesión del Consejo del Salario se transformaba en otra plataforma de campaña con el anuncio presidencial del aumento del salario mínimo a 3.600 pesos acompañado de un bonus track “electoralero” (así lo definió el ministro Carlos Tomada): el reintegro, por esta única vez, del impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo.

El viernes 26, cuando empezaron a regir los 15 días previos de veda que estipula la ley prohibiendo realizar anuncios de Gobierno que puedan inducir el voto, siguió el festival de inauguraciones, anuncios y mensajes de campaña: estadio de Deportivo Morón, lanzamiento de los Juegos Evita, plantas cloacales en San Fernando, y en cada lugar una tribuna para que la Presidenta advirtiera que si las políticas actuales no siguen “se nos viene la noche de vuelta”. A todo esto, hay que agregarle los funcionarios al frente de organismos estatales que se presentan en su condición de tales con definiciones de exaltado tenor partidista. Mario de Casas, presidente del ENRE, organismo encargado de regular el servicio de electricidad, planteó que “estamos ante una opción que no deja lugar para las medianías: la profundización del proceso en marcha o el retroceso a experimentos que han sumergido al país en el atraso y a las mayorías nacionales en la frustración” y fue más allá: “Si se tomara el primer camino, la teoría y la experiencia histórica no sólo justifican, sino que exigen una reforma constitucional: cuando una Constitución ha perdido vigencia porque la realidad se ha despegado de ella, debe abandonarse la ficción. Se impone adecuarla a la nueva situación” (Página 12, Dos proyectos, 24/7).

El Gobierno está en todo su derecho de defender su gestión y exponer sus logros. Lo que no corresponde es que se desconozca la evidente desigualdad de condiciones en que se está planteando esta competencia electoral entre los distintos candidatos, una manifiesta y explícita distorsión de las reglas de juego que la democracia exige cuando se utiliza todo el aparato estatal y los recursos públicos al servicio de uno de los competidores. La utilización de recursos públicos con fines proselitistas pone en juego uno de los requisitos básicos de la transparencia electoral que es la necesidad de que exista equidad entre los candidatos.

La acusación a la oposición de abusar de la campaña electoral cuando se denuncia un hecho que no puede desconocerse, toman estado público situaciones que incomodan al oficialismo o el Gobierno no puede lograr lo que se propone, en este contexto, parece una broma. Sería muy bueno hacerle caso al pedido de dejar a un lado la campaña electoral para ciertas cosas. Empezando por el uso y abuso de la publicidad oficial y de la Cadena Nacional y el proselitismo encubierto o desembozado en programas y noticieros de la radio y la televisión pública, sin ir más lejos.

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