por Néstor Leone
La búsqueda de nuevos consensos básicos y de instrumentos eficaces para revertir la crisis. Puja distributiva y necesidades políticas.
1. MODELO PARA ARMAR
Luego de cuatro años de gobierno, Cambiemos pudo resolver muy pocos de los desequilibrios que heredó del ciclo político anterior, retroalimentó algunos de ellos y generó otros, que parecían superados. A la lógica de endeudamiento y fuga, que agudizó la vieja restricción externa y redujo la capacidad repago, se le sumó una inflación mayor a la de entonces (espiralada, inercial) y, más reciente, un control cambiario tan duro como tardío y ajeno a su ideario. Esta mayor vulnerabilidad (externa y financiera), por cierto, está atada a las opciones elegidas por el gobierno de Mauricio Macri. Y son condicionantes (acuerdo con el FMI incluido) que limitan el margen de acción del gobierno entrante y lo obligan a renegociaciones engorrosas. La desarticulación parcial del aparato productivo, golpeado por los sucesivos ajustes sobre el bolsillo y un mercado interno más endeble, y sus consecuencias directas en términos sociales, con indicadores en continuo retroceso y mayor fragmentación, completan el cuadro de situación. Y hacen que el gobierno de Alberto Fernández tenga el desafío (cuesta arriba, en un contexto internacional incierto) de combinar, sin beneficio de inventario, lo necesario con lo urgente, las acciones reparadoras más inmediatas con apuestas más de fondo. El anuncio de que no pedirá el desembolso restante del préstamo acordado por Macri con el FMI para “no seguir endeudándote”, al considerar que esa dependencia es parte del problema, aparece como un punto de ruptura. Que se suma a otros posibles: un diagnóstico más complejo y multicausal (menos monetarista) respecto del origen y la naturaleza de la inflación, un repertorio de medidas alineadas en cierta heterodoxia, no exentas de pragmatismo, y la búsqueda por construir márgenes mayores de autonomía para el poder político que le confirió las urnas.
2. LAS ARMAS SECRETAS
Entre los lugares comunes, de los más transitados, cándidamente incluso, la ausencia perniciosa de políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, suele estar en el podio. La existencia de proyectos en disputa, con miradas muy distintas del país y correlaciones de fuerza que sintetizan en puntos inestables esa disputa, muestra límites. De todos modos, el país tiene una al menos. Política de Estado (o algo parecido a eso): capacidad demostrada por su sistema político para procesar las diferencias, aun en los momentos de crisis más profunda o de conflictividad aguda, a través de los canales institucionales preestablecidos. Y esto no es poco en un país en donde, esto mismo, fue un bien escaso durante buena parte del Siglo XX. Consensos básicos establecidos en la Argentina posdictatorial que, más allá del fantasma que se azuza de una grieta supuestamente inédita y asfixiante, permiten exhibir, comparativamente, los niveles más bajos de violencia política de nuestra historia. La forma como se sobrellevó la hiperinflación de 1989 o el estallido múltiple de 2001, por caso, o la manera en que se canalizaron dinámicas conflictivas en ascenso como la que rodeó a la discusión por las retenciones móviles en 2008, más allá de las (muchas) diferencias, son ejemplos. Por estos días mucho se habla de la necesidad de un acuerdo social extendido, como política de Estado imprescindible para detener la caída. Y para trazar un futuro. El presidente electo habló de ello, como instancia que permita sentar en una misma mesa a representantes de empresarios y de trabajadores, entre otros actores de la sociedad civil, con el Estado como mediador y garante, para generar parámetros compartidos que aporten certezas y pautas comunes de acción. Pero también (se intuye) para compensar sacrificios y esfuerzos y para determinar el sentido de las transferencias entre sectores y quiénes aportarán en mayor medida los sacrificios (y resignarán ingresos) necesarios que permitan generar algún círculo más o menos virtuoso.
3. EL EXAMEN
El economista Aldo Ferrer, fallecido hace unos años, estableció cuatro indicadores para medir la “densidad nacional” de un país: el nivel de estabilidad institucional como condición para dirimir los conflictos internos; el grado de participación de las distintas clases en un proceso de crecimiento (es decir, su integración social); el tipo de liderazgo de las elites dirigentes en relación con el propio territorio (si acumularon poder en función de terceros países o con cierta autonomía); y la capacidad de generar una visión de conjunto que, si fuera necesario, difiera de los discursos dominantes (para aplicar, por caso, políticas proteccionistas). ¿Qué hicieron estos años con aquellos indicadores? ¿Qué puede proporcionar un acuerdo social como el que se plantea? Como se dijo, la primera variable se mantiene imperfectamente saludable. La segunda estuvo atravesada por la regresividad distributiva que propuso Cambiemos. La tercera parece amarrada a una de las taras históricas de nuestro país, y es, tal vez, en la que el ciclo que concluye muestre más frustración y fracaso: la dificultad (¿imposibilidad?) de la elite económica de convertirse en clase dirigente respetada, legitimada, capaz de construir un orden político medianamente inclusivo y, a su vez, beneficioso para sus intereses. La cuarta reactualiza la divergencia de proyectos y, con ellos, los diagnósticos enfrentados respecto del origen de la crisis y las salidas necesarias. El acuerdo social en ciernes (faltará definir su instrumentación y su formato, por cierto, sin que esto sea menor) tendrá en la integración social, tal como lo planteaba Ferrer, su principal objetivo y su éxito (provisorio e inestable, inevitablemente) tendrá que ver con el carácter progresivo de lo que allí se pacte. A su vez, puede aportar lo suyo para avanzar en una visión “de conjunto”, en esa disputa por el sentido. Sin que esto garantice (ni mucho menos) la regeneración de una burguesía nacional y con sentido estratégico, ni que evite que la puja distributiva tenga nuevos episodios conflictivos si, con las nuevas políticas, se altera el patrón distributivo injusto del presente.
4. LOS PREMIOS
Cambiemos situó el origen de la crisis actual en los años inmediatamente anteriores de kirchnerismo; luego, extendió el corte a los “últimos setenta años”, de manera más difusa, pero con cronología implícita. En ese sentido, puso al déficit fiscal (en pesos) como el principal de sus combates, incluso con endeudamiento externo (en dólares). Fernández construye su alteridad con el macrismo como esquema de gobierno a superar y contra el neoliberalismo como matriz ideológica. Cómo conseguir los dólares necesarios para poner en marcha el aparato productivo y generar una ecuación más equitativa (sin dejar de pagar los compromisos contraídos por el país) se sitúa como preocupación explícita de su gobierno. Los superávits gemelos (externo y fiscal) del primer kirchnerismo, ese que lo tuvo como jefe de Gabinete, hoy parecen lejanos. Más aún en un contexto de términos de intercambio más esquivos, mayor proteccionismo global, flujo de capitales desde la periferia hacia el centro y región convulsionada. Mientras que varios de los actores del sector que genera más divisas (el campo, otra vez) ya puso sus reparos sobre la marcha posible del gobierno y, de manera más concreta, sobre la posibilidad concreta de que Fernández revierta la política de reducción o eliminación de retenciones del gobierno de Macri. En ese sentido, el acuerdo social tendrá que lidiar con esos intereses contrapuesto y deberá generar alguna idea consistente de destino común, de rumbo necesario. Para prolongar su suerte en el tiempo.
