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Tres procesos de reforma electoral

Reforma1
29-08-2016
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(Columna de Alejandro Tullio, consultor independiente en temas políticos y electorales)

La gradualidad no solo es geográfica o temporal sino una ocasión para revisar lo actuado e incorporar los aprendizajes.

A poco de asumir las nuevas autoridades nacionales, con el decidido impulso de Mauricio Macri, se anunció la intención de proponer al Congreso una reforma política y se invitó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hacer lo propio. Publicaciones como el estadista celebraron la ocasión y contribuyeron con la intención oficial difundiendo en todos sus números desde enero, notas relacionadas con el tema.

En aquel momento, desde estas páginas afirmé: “Oportuna. Esa es la palabra que, como primera impresión, debo decir respecto de la convocatoria del Gobierno para una reforma política y electoral. Debe comenzar pronto porque no se debe hacer a las apuradas. (?) Si las provincias no promueven sus respectivas reformas acordando con las autoridades federales respuestas integrales ?sin renunciar a su capacidad de autogobierno electoral? que contemplen elecciones nacionales y provinciales, la oportunidad se dirige al fracaso. (?) Si bien requiere de reformas previas de ciertos aspectos, es una apuesta importante y un proyecto viable, siempre que se tenga en mira la experiencia comparada ?jalonada de fracasos y éxitos?. Esto es, normatividad adecuada, administración y control estatal, y progresividad en su implementación".

Paralelamente, un conjunto entidades de la sociedad civil, dirigentes políticos, académicos y empresarios constituimos Argentina Elige, una iniciativa destinada a apoyar una reforma electoral centrada en el ciudadano. AE se reunió con los actores principales de esta materia y planteó la necesidad que la reforma incluyera la modificación del sistema de votación de manera que el Estado garantice la integridad de la oferta electoral en todas las mesas; la racionalización de las opciones electorales, eliminando combinaciones que distorsionan y dificultan el voto informado; regular el financiamiento de la política; darle previsibilidad al calendario electoral y fortalecer las capacidades de las autoridades electorales para poder implementar las medidas señaladas.

LOS PROCESOS DE REFORMA

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, encaró la tarea a nivel federal y determinó como ejes de trabajo cumplir con el compromiso presidencial de incorporar un modelo de votación mediante boleta única de registro informático, la unificación del calendario electoral y la reformulación de los órganos electorales.

En enero comenzaron una serie de reuniones distintos sectores políticos, judiciales, académicos y de la sociedad civil en los que el Gobierno expuso los alcances de la reforma que proponía y escuchó reacciones y aportes.

Las autoridades encargadas del tema definieron una estrategia legislativa en tres fases, cuya primera fase consistiría en cambiar el dispositivo de votación, ya que es necesario ? se argumentó ? tenerlo en condiciones de ser usado en todo el país en 2017.

Más allá de los extensos fundamentos la iniciativa enviada al Congreso se circunscribe a la forma de emisión del voto, una adecuación de la competencia entre listas de agrupaciones políticas yla forma en que se elige la fórmula presidencial en las PASO.

El Congreso asumió con realismo e inteligencia la tarea deliberativa y escuchó apoyos y críticas de la Justicia Electoral, expertos informáticos y electorales. Además, las posiciones divergentes de los bloques legislativos impusieron la necesidad de adecuar el proyecto para que se convierta en ley, asignando responsabilidades, incorporando mecanismos de control y añadiendo temas al debate de modo que sea posible alcanzar un real consenso sobre una reforma. Por otra parte, en el Congreso se propuso que la reforma no se limite a un aspecto puntual de la realidad electoral y se sugirió que los cambios que se produzcan sean implementados con una gradualidad razonable.

A nivel no gubernamental, desde AE se desarrollaron actividades que pusieron en el objetivo del debate, además de los previstos, el tema del financiamiento de la política en general y de las campañas en particular. La presencia de Samuel Issacharoff en Buenos Aires marcó una diferencia en el debate público sobre el tema, poniendo la lupa sobre los problemas centrales del financiamiento político en nuestro país, el manejo de dinero en efectivo y la distancia entre dinero declarado y efectivamente gastado en las campañas electorales.

Por su parte el gobierno de la CABA inició una actividad destinada a efectuar un diagnóstico y proponer reformas en diversos planos denominada “Dialogando BA para fortalecer las instituciones”, que en el marco de la Subsecretaría de Reforma Política del Ministerio de Gobierno, estableció un calendario de reunión de mesas de diálogo sobre participación, gobernanza, campañas y tecnología electorales. Como su nombre lo indica los “Diálogos?” constituyen eso, verdaderas instancias de participación amplia en las que se expresan y tienen en cuenta todas las visiones sobre cada tema mediante los cuales se van conociendo las distintas posturas respecto de cada tema, obteniendo insumos para analizar sus distintos aspectos y proponer a la Legislatura medidas tendientes a dotar de mayor institucionalidad, previsibilidad y seguridad a un proceso electoral que ya se mostró sólido en 2015.

En la provincia de Buenos Aires se dio un paso fundamental. El Poder Ejecutivo vio en un proyecto del Frente Renovador que buscaba poner fin a las reelecciones indefinidas y declarar incompatibles el ejercicio de funciones electivas con otras actividades estatales la posibilidad de lograr una verdadera reforma política (no solo electoral) y bordando los acuerdos legislativos necesarios, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Reforma Política, la Legislatura logró la aprobación de la primera ley de las reformas políticas de la etapa Cambiemos en las tres jurisdicciones, que alcanza en sus previsiones a los intendentes, legisladores y concejales de la provincia.

El éxito alcanzado no solo se debe a la oportunidad y convicción generalizada en la pertinencia de las medidas que limitan la reelección sino también en un cronograma de aplicación diferida en el tiempo, que permite al sistema político incorporar en forma lo menos traumática posible las nuevas reglas de juego.

Asimismo, con el impulso de la gobernadora María Eugenia Vidal, se planificaron actividades para encarar un par de asignaturas pendientes del distrito más grande e importante en términos electorales del país: el financiamiento político y la nueva delimitación de los circuitos electorales.

Cada una de estas iniciativas de la coalición que gobierna las tres jurisdicciones, tuvo como punto común el compromiso de sus máximas autoridades y la decisión de priorizar siempre dificultosas reformas políticas desde el principio de sus respectivos mandatos; también se reconocen características distintivas en su gestión política lo que resulta razonable porque diferentes, desde todo punto de vista, son las realidades de la CABA, la PBA y el país.

De la comprensión acerca de la complejidad que preside los procesos electorales y especialmente su modernización; de la voluntad de implementar gradualmente los cambios que se introduzcan; y de entender que en esa gradualidad no solo es geográfica o temporal sino una ocasión para revisar lo actuado e incorporar los aprendizajes, depende la exitosa implementación de lo que hasta hoy es una gran oportunidad para mejorar las condiciones de legitimidad procedimental de nuestras elecciones.