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Un panorama atractivo

24-04-2012
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(Columna de Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles)

La unificación de los códigos Civil y Comercial, la despenalización de la tenencia de tóxicos y la cuestión del aborto serán debatidos.

El 2012 nos ofrece un panorama muy atractivo en materia de derechos. Como pocas veces en la última década, el Congreso tiene para su tratamiento diversos proyectos de ley sobre temas de gran trascendencia para vida cotidiana de la ciudadanía. El hecho más destacado sin lugar a dudas es la presentación del proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial, una iniciativa lanzada en 2011 por el Poder Ejecutivo Nacional. La preparación y discusión de la misma estuvo a cargo de una comisión liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, con la participación de destacados jueces y juristas, como Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.

El Congreso deberá analizarlo y evaluar su aprobación. Esta reforma, la más importante de los últimos cincuenta años, tiene un espíritu modernizador y recoge el fruto de importantes discusiones y debates sobre aspectos de la vida cotidiana que han ido modificándose como producto del cambio social. Por ejemplo, se incorporan cambios sensibles en relación al matrimonio y a los requisitos para su disolución. En tal sentido, ya no establece que los cónyuges se deberán fidelidad, sino sólo asistencia y alimentos, ni los obliga a vivir bajo un mismo techo. Esto, sumado a la incorporación de las modificaciones establecidas por la ley de matrimonio igualitario y la flexibilización de los requisitos y trámites para el divorcio (bastará con que uno de los dos miembros de la pareja quiera hacerlo y podría demandar apenas una semana), implica grandes avances al reconocimiento de la libertad de los individuos para realizar su vida personal de acuerdo a sus decisiones y con mínima interferencia del Estado.

También se introducen modificaciones importantes en materia de adopción, de reproducción humana asistida, maternidad subrogada y acuerdos prematrimoniales. Todo cambio en esta materia genera apoyos y, especialmente, resistencias. Esta no será la excepción: grupos conservadores y la Iglesia Católica ya han cuestionado algunos de los aspectos centrales de la reforma. Tal como sostuvo Lorenzetti, el proyecto no refleja “la opinión de todos sino los consensos fundamentales”.

Pese a las resistencias, no hay dudas de que el proyecto de Código recoge los valores predominantes en la sociedad argentina y le da reconocimiento y protección legal a muchas situaciones cotidianas donde la realidad supera a las normas. Esta propuesta de adecuación normativa es un gran acierto: cuando la sociedad avanza, el Derecho debe evolucionar también y estar a tono. Un párroco cordobés sostenía tiempo atrás que pese a la postura oficial de la Iglesia Católica, él estaba personalmente a favor del divorcio, y lo justificaba señalando que “Si Dios no pudo evitar que una pareja se separe, ¡cómo voy a tratar de impedirlo yo!” .

Por otra parte, el senador Aníbal Fernández ha presentado un proyecto para despenalizar la tenencia y cultivo de estupefacientes para consumo personal. Este es un tema en el cual el Gobierno venía trabajando desde hace tiempo y ahora se materializa con una iniciativa muy valiosa. Concretamente, el proyecto sugiere eximir de pena a la persona que tuviera en su poder escasa cantidad de estupefacientes cuando surgiera de las circunstancias que esas sustancias estuviesen destinadas al consumo personal y no pusiesen en peligro la salud de terceros. Con esta propuesta, se deja atrás un paradigma que criminalizaba al consumidor de tóxicos y se lo trataba como a un delincuente.

Ese paradigma pretendía aportar soluciones desde el Derecho Penal para una compleja problemática de adicciones que nada tenía que ver con la política criminal. Amén de que está ampliamente demostrado que la persecución a los consumidores no tiene impacto alguno en la reducción del tráfico de drogas. En otras palabras, por más que todo el aparato estatal concentre sus esfuerzos en encarcelar a quien consuma tóxicos, esto no disminuirá la circulación de dichas sustancias ni mucho menos la presencia de grupos delictivos organizados dedicados al tráfico. En términos jurídicos, este proyecto es sumamente valioso ya que reafirma los principios de autonomía y privacidad reconocidos por la Constitución Nacional.

El artículo 19 sostiene que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados” . De acuerdo a este valioso principio, mientras no perjudiquemos a terceros, el Estado no tiene derecho a perseguirnos por nuestros actos privados. Esto mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009 cuando en el fallo Arriola declaró la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia para consumo y exhortó al Congreso a modificar la legislación en la materia.

Otro tema que promete generar grandes debates es la despenalización del aborto. El año pasado el Congreso debatió, por primera vez en su historia, acerca de la conveniencia de modificar la legislación que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo. El tratamiento no pasó de la Comisión de Legislación Penal y el proyecto perdió estado parlamentario. Sin embargo, el mes pasado la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito reintrodujo la iniciativa con el apoyo de 60 legisladores de todo el arco político. El proyecto de la Campaña recoge la visión predominante en los países desarrollados que cuentan con legislación en la materia y que permiten la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana doce de gestación. Esta es una discusión central en materia de los derechos de las mujeres.

Las problemáticas relacionadas con los abortos inseguros son la principal causa de egresos hospitalarios en nuestro país y hay casi un centenar de muertes al año producto de abortos clandestinos. El modelo vigente para enfrentar la problemática del aborto ha sido un clarísimo fracaso. En primer lugar, porque la prohibición no ha tenido efecto. Por más que el Código Penal castiga su práctica, se estima que en nuestro país se realizan alrededor de 500.000 abortos al año; es decir que la norma no logra disuadir a las mujeres de interrumpir sus embarazos. Asimismo, en los últimos quince años casi no ha habido sentencias condenatorias relacionadas con abortos, lo cual significa que en la práctica la norma no se aplica.

Este modelo represivo no ha funcionado, por ende es necesario debatir acerca de nuevas estrategias que garanticen el acceso a la salud para miles de mujeres. Bueno es remarcar que la política vigente tiene un perverso perfil clasista: mientras que las mujeres de clase media y alta se practican abortos en clínicas con la atención médica adecuada, las pobres arriesgan sus vidas recurriendo a parteras y mecanismos caseros altamente inseguros.

Sería deseable que el Congreso avance con el tratamiento de los tres proyectos mencionados ya que éstos afianzarían el respeto por las libertades individuales, la autonomía y la privacidad de todos los habitantes de la Argentina. Además, vale la pena reconocerlo, saldarían una deuda pendiente ya que acercarían a nuestro Congreso a la ciudadanía.

(De la edición impresa)

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