Por Tomás Múgica
Mientras que Argentina y Brasil desconocen las elecciones que convocó Maduro, otros países reconocen sus resultados y Uruguay intenta moderar las posiciones
El gobierno de Nicolás Maduro dio un nuevo paso hacia la consolidación de un régimen autoritario en Venezuela. Con las controvertidas elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), celebradas el 30 de julio, Maduro busca eliminar a la oposición como un actor en las instituciones políticas del país.
Es que no sólo se avanza hacia la sanción de una nueva Constitución, que reformará a la aprobada en 1999 por iniciativa de Hugo Chávez. Más importante en la actual coyuntura, la ANC reemplazará a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, con mayoría opositora y cuya autoridad el gobierno de Maduro venía desconociendo en los hechos: en el mes de marzo el Tribunal Supremo intentó asumir las funciones de la AN, aunque debió retroceder acorralado por la presión internacional. Al desconocimiento de la AN se suman la suspensión de las elecciones regionales y las trabas impuestas por el gobierno para evitar la celebración de un referéndum revocatorio el año pasado, entre otras decisiones de un presidente Maduro que parece dispuesto a desconocer la voluntad popular, si ello es el precio a pagar para defender el legado chavista.
La participación electoral fue baja. El Consejo Nacional Electoral (CNE) la estimó en un 41,5% del padrón ?aproximadamente ocho millones de personas- mientras que la oposición afirma que votó el 12% de los ciudadanos habilitados. Y la violencia política mantuvo la intensidad de los últimos meses: al menos una docena de personas murieron como producto de enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno, tanto oficiales como paraoficiales, y grupos opositores.
La oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), desconoció la legitimidad de la elección y no presentó candidatos, por lo cual la totalidad de los 545 miembros de la nueva ANC serán oficialistas. Capriles y López, los dos principales líderes opositores, distanciados por desacuerdos acerca de cómo lograr el fin del chavismo ?López, actualmente detenido, defendió en su momento el derrocamiento el gobierno a través de la iniciativa La Salida- buscaron dar señales de unidad. Antes, el 16 de julio, las fuerzas opositoras habían organizado un plebiscito para rechazar la convocatoria de elecciones para la Constituyente. En esa elección ? no reconocida por el gobierno- votaron unos 7 millones de personas, según estimaciones de la oposición. Los opositores cuestionaban no sólo la iniciativa en sí, sino también las reglas electorales fijadas por el gobierno ?como la imposibilidad de presentar candidatos por partidos políticos- por considerar que favorecen de manera desmesurada al oficialismo. Por cierto, el cuestionamiento a la Constituyente trasciende la MUD; también fue objetada por chavistas críticos, como la Fiscal General Luisa Ortega.
El conflicto en torno a la ANC es un nuevo episodio en la disputa ?crecientemente violenta- entre gobierno y oposición, que se ha agravado en los últimos meses, luego del fracaso de la negociación entre ambas partes ?con la mediación de la Iglesia Católica- en diciembre pasado.
La situación de Venezuela divide a los países latinoamericanos. En la región, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Panamá, Perú y México han rechazado la convocatoria a la elección y en algunos casos no reconocen el resultado. Otros -Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua- no sólo reconocen el resultado, sino que respaldan al gobierno de Maduro. Un tercer grupo, cuyo representante más notorio es Uruguay, intenta una posición intermedia, pidiendo una salida pacífica de la crisis, pero sin desconocer abiertamente el resultado de la elección. En la reciente Cumbre del Mercosur, el gobierno de Tabaré Vázquez ?cuyo Frente Amplio está dividido en torno a la situación venezolana- logró suavizar el comunicado final, al que Argentina, Brasil y Paraguay querían dar un claro tono condenatorio, y evitar la suspensión de Venezuela en aplicación del protocolo de Ushuaia.
La diversidad de posiciones refleja posicionamientos de los gobiernos a nivel interno. Es que Venezuela, como Cuba en su momento, se ha convertido en un tema de fuerte peso simbólico a nivel doméstico en los países latinoamericanos.
Para los gobiernos de Macri en Argentina y Temer en Brasil, la condena al gobierno de Maduro forma parte de su identidad política. El clivaje que domina su discurso es democracia republicana versus populismo autoritario. El chavismo ?más aún en las condiciones de deterioro económico y violencia política al que ha llegado en esta etapa- ofrece un contraste y un ejemplo que muestra adónde puede llevar el populismo al que se combate a nivel local. Venezuela es el espejo de lo que hubiéramos sido si el populismo si no hubiera sido frenado a tiempo.
Para las fuerzas nacional-populares que han dominado la política latinoamericana durante la última década, en cambio, Chávez y sus sucesores representan la resistencia contra el imperialismo norteamericano y sus aliados domésticos ? aquellos que ocupan la cumbre de la pirámide social- en la región. En este caso, los clivajes dominantes en el discurso son pueblooligarquía y nación-imperio. Si bien en estos sectores hay quienes consideran que Maduro hace tiempo que ha entrado en una deriva autoritaria, hay pecados que se pueden perdonar en nombre de la hermandad latinoamericana contra las fuerzas del imperio y sus servidores locales. Es cierto que cada vez menos: el silencio empieza a ser una respuesta habitual a la represión del gobierno venezolano y su decisión de impedir a cualquier costo cualquier contrapeso opositor.
En cualquier caso, resulta claro que la situación venezolana reactualiza dicotomías típicas de la política latinoamericana. La tensión entre democracia, liberalismo político y afirmación autonómica en el plano internacional sigue siendo uno de sus rasgos característicos
