por Miguel De Luca y Andrés Malamud
¿Qué relación existe entre la democracia, la pobreza y la desigualdad económica? Encontramos la respuesta en los oldies but goldies de la sociología política contemporánea o dando una vuelta con el DeLorean. Adivinen cuál preferimos
Dr. Emmett Brown: ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985?
Marty McFly: Ronald Reagan.
Dr. Emmett Brown: ¿Ronald Reagan? ¡¿El actor?! ¡Ha! ¿Entonces quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis?
Estas líneas de Volver Al Futuro serían incluso más eficaces si la acción transcurriese no ya entre 1955 y 1985, sino en los treinta que van de 1989 a 2019. Es que a comienzos de los años '80, insinuar la caída del Muro de Berlín o la presidencia de Donald Trump habría derivado en una carcajada o una internación psiquiátrica.
A veces los politólogos nos enfrentamos a pronósticos frustrados o anticipos improbables. América Latina es un escenario propicio para poner a prueba los aportes de la ciencia política. Por ejemplo, de los estudios dedicados a investigar la relación entre la democracia, la pobreza y la desigualdad socioeconómica.
Es común pensar que pobreza y desigualdad socioeconómica generan inestabilidad política. Sin embargo, en los últimos quince años Bolivia y Chile se ubicaron entre los países latinoamericanos que más redujeron la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, las noticias de estos días desafían impunemente aquella relación. ¿Entonces, en qué quedamos?
Hasta la década de 1960 se creía que el desarrollo económico llevaría al desarrollo político (alias democracia). Tal como se lee en El hombre político, publicado por el politólogo estadounidense Seymour M. Lipset en 1960, la teoría de la modernización concebía un avance gradual de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Por eso, un presidente demócrata como John F. Kennedy promovía un programa de ayuda económica, la Alianza para el Progreso para América Latina. Mientras tanto, en esta parte del mundo aparecían presidentes civiles y desarrollistas como Arturo Frondizi, Eduardo Frei y Juscelino Kubitschek.
En 1968, Samuel Huntington, politólogo, profesor en Harvard y Columbia y asesor del también demócrata Lyndon B. Johnson, refutó la teoría de la modernización y argumentó que el cambio social produce inestabilidad política, no orden ? mucho menos democracia. En 1972, el politólogo argentino Guillermo O'Donnell mostró que en América del Sur los países más industrializados (o sea, modernos) generaban regímenes más autoritarios y más represivos que en otras regiones del subcontinente. Compárese a Onganía y Videla con Stroessner. El cambio desestabiliza más que el atraso.
En síntesis, el progreso económico y social produce con frecuencia inestabilidad política y muchas veces recaídas autoritarias. La clave no está en renunciar al progreso sino en administrar sus efectos colaterales negativos. Es que el desarrollo socioeconómico alimenta más las expectativas que la capacidad de satisfacerlas. Se trata de la famosa trampa de los ingresos medios, un fenómeno que afecta a las economías emergentes que, por múltiples razones y sin dejar de crecer, se estancan en su trayectoria hacia el desarrollo generando creciente frustración social. Por eso, el combate a la pobreza y la desigualdad requiere tanto de eficacia como de equilibrio: si no, el retroceso político devora los avances sociales. ¿Cómo lograrlo?
Para enfrentar la inestabilidad política derivada del desarrollo económico, la experiencia comparada pone a disposición dos herramientas: los pactos políticos y los pactos redistributivos. Sin embargo, los presentes de Bolivia y Chile sugieren que uno solo no alcanza ?y la historia de ambos abona esta conclusión?. En Bolivia, después de treinta años de democracia pactada sin redistribución, llegó Evo Morales. Y Evo promovió la receta inversa: redistribución sin pactos políticos. En Chile, las elites pactaron la política pero sin redistribución. Si el pasado nos enseña algo es que, en el futuro, los pactos tienen que cerrar con la gente adentro.
