(Columna de Tomás Aguerre)
Los casos en los que se aplicó el voto electrónico dejan más dudas que certezas sobre la seguridad y la fiabilidad de la implementación de tecnología entre el elector y su voluntad. Sólo Venezuela, Brasil e India lo utilizan para todo su sistema electoral nacional.
“Los límites a la ingeniería constitucional están fijados caso por caso por el análisis de condiciones, es decir, por la pregunta, ¿bajo qué condiciones podrá cualquier intervención en particular, cualquier instrumento en particular, producir el efecto que se pretendía? Para mí, esa es la cuestión principal”
Giovanni Sartori (1996)
El corazón del proyecto de reforma política que presentó el gobierno de Mauricio Macri es la implementación del voto electrónico en Argentina. De manera contraintuitiva ?sin mirar los datos cualquiera podría haber supuesto que se habrían encontrado más argumentos internacionales a favor que en contra? los casos del mundo en los que se aplicó el voto electrónico dejan más dudas que certezas sobre la seguridad y la fiabilidad de la implementación de tecnología entre el elector y su voluntad. Actualmente, sólo Venezuela, Brasil e India lo utilizan para todo su sistema electoral nacional.
LOS CASOS EMBLEMATICOS
El primer caso que se viene a la mente de cualquiera mínimamente interesado por el tema es el de Alemania. En el 2009, la Corte alemana declaró inconstitucional una ley sancionada en 1975 y trabajada durante 30 años que permitió la aplicación del voto electrónico [1]. El Tribunal sostuvo que la implementación del sistema en las elecciones de 2006 contravino un principio básico de la Constitución: que todo acto de naturaleza público, como una elección, debe estar sujeto al control ciudadano sin conocimientos técnicos específicos. El fallo no prohibió el voto electrónico en sí mismo: sostuvo, en cambio, que “sólo es compatible con la ley fundamental bajo estrictas condiciones”. Años de legislación y pruebas no pudieron cumplir con esas condiciones: el sistema no era auditable completamente y no estaba garantizada la comprensión del proceso electoral en todo su desarrollo. Desde entonces, Alemania volvió al voto con boleta de papel.
El caso de Irlanda comenzó en 1998 con la primera propuesta de reforma legislativa que se aplicó recién en 2002, con pruebas piloto que cubrieron el 18% del electorado. La elección “salió bien”: no hubo quejas sobre fraude, y el voto y el resultado mejoraron en velocidad. Unos meses después, un informe confidencial del Ministerio a cargo develó que la integridad del proceso electoral no estuvo garantizada al momento de realizarse la elección. El Gobierno quiso insistir con el voto electrónico y tuvo que crear la Comisión Independiente de Votación y Escrutinio para poder llegar a 2004 a implementarlo: pero la comisión dictaminó que bajo esa reglamentación el sistema era inseguro [2] . En 2004, el voto electrónico quedó “en suspensión” y, tras un debate público que duró unos años, en 2009 el ministro John Gormley anunció que la inversión por 52 millones de libras (más los costos de mantenimiento y actualización, uno de los temas candentes) había sido inútil: Irlanda volvía al sistema de papel.
Algo similar vivió Holanda, sede de la empresa NEDAP que vendió los sistemas a Alemania, Irlanda y a su propio país, que trabajó en la legislación desde 1997. En 2006, un grupo de activistas contra el voto electrónico denominado “We don't trust voting computers” demostró fallas en el sistema que permitían a una persona emitir múltiples votos con una sola boleta. Holanda creó una comisión para estudiar las vulnerabilidades y, tras el informe definitivo de esa comisión, en 2008 abandonó el voto electrónico en favor de uno de papel [3] .
En 2013, el sistema de boleta única de papel de Australia se puso en cuestión cuando alrededor de 1.000 boletas se perdieron en el escrutinio. El Gobierno encargó al Congreso estudiar la posibilidad de modificar el sistema electoral. Luego de escuchar a expertos y analizar la normativa internacional, la comisión sostuvo que “Australia no está en posición de introducir ningún sistema de voto electrónico a gran escala sin comprometer catastróficamente la integridad del sistema electoral”. Australia continuó con el sistema de papel ya que la comisión consideró que, en el cálculo, son demasiados los requisitos técnicos y de seguridad informática como para “igual tener que acercarse a un centro de votación y aún así votar a través de una máquina en vez de una boleta de papel”.
En Polonia, el voto electrónico fue materia de debates promocionados por la propia Comisión Nacional Electoral desde el 2000, con conclusiones similares a otros casos donde no se avanzó más que en la recomendación de hacerlo tomando recaudos. En medio de uno de esos debates (específicamente sobre i-voting, en 2008) el ex ministro conservador Jaroslaw Kaczynski sostuvo públicamente una frase que, no por poco académica dejó de marcar el rumbo del debate sobre voto electrónico en el país: “Internet es para ver pornografía mientras se bebe cerveza”. El país no incorporó nunca el sistema y ni siquiera se presentaron proyectos que prosperaran.
Estonia es el primer y único país del mundo donde, desde 2005, se puede votar por Internet. Si bien el sistema sigue vigente, recibió duras críticas en 2014 por una comisión de investigadores independientes que analizó las elecciones de 2013 y concluyó que el sistema presentaba graves problemas de seguridad y que se volvía cada vez más vulnerable [4]. Las quejas fueron rechazadas por el Comité de Voto por Internet pero continúa utilizándolo para sus elecciones.
LAS LECCIONES
Los seis casos nos permiten extraer algunas enseñanzas y desafíos para el caso argentino:
1 Todos los procesos de implementación de tecnología se hicieron con amplios debates de reforma legislativa y posteriores pruebas piloto en circunscripciones pequeñas.
2 En todos los casos se crearon comisiones evaluadoras antes y después de la implementación, integradas por especialistas en la materia. De allí surgen referencias explícitas a las vulnerabilidades de los sistemas y a la necesidad de crear marcos regulatorios que no deleguen decisiones en las empresas.
3 Un dato relevante surge de la cuestión del respaldo en papel: el proyecto del gobierno argentino “resuelve” la cuestión de la seguridad informática asegurando que la impresión de la boleta termina con cualquier riesgo. Sin embargo, países como Holanda, Alemania o Australia, aun advertidos de esta posibilidad, consideraron mejor volver o seguir con la boleta de papel. Eso demuestra que los problemas de vulnerabilidad no empiezan ni terminan en el momento de emitir el voto.
4 Los controles y las auditorías fallaron en muchos países por el mismo motivo: el momento en que se pone en disputa el derecho de la empresa proveedora a resguardar su secreto comercial frente al derecho ciudadano a fiscalizar el sistema es un problema que aún no encontró solución;
5 La cuestión de los costos es uno de los principales motivos de debate en el mundo (no sólo por la implementación sino por actualización y mantenimiento) y el proyecto argentino no tiene siquiera un estimativo acerca de cuáles serían esos costos para su implementación en todo el territorio. Uno de los problemas más evidentes y señalados por diferentes actores partidarios y no partidarios en el marco de esta discusión es que el proyecto no presenta un diagnóstico claro y concreto respecto del sistema político que pretende reformar. En ese sentido, parecería que el voto electrónico se presenta no ya como el corazón del proyecto si no como lo único relevante, y los argumentos del proyecto actúan en función de justificar su implementación. De esa manera, aparecen invertidas las prioridades: primero está la herramienta y luego los problemas que viene a solucionar.
Aún cuando la cuestión de fondo sea la discusión sobre el voto electrónico, lo cierto es que no se trata de un debate entre “modernidad” y “antigüedad”. Es tan falso el temor irracional a cualquier introducción de tecnología (para un proceso que, de hecho, en algunas instancias ya lo tiene) como es falso el optimismo de que toda tecnología, en tanto que tal, otorga transparencia y modernización. Por el contrario, algunos de estos casos demuestran que la introducción de tecnología en determinados procesos agregan problemas adicionales que el sistema de papel (sea de boleta única o partidaria) no tiene.
Específicamente, el voto electrónico introduce riesgos en la seguridad del voto y la vulnerabilidad del sistema, dos cuestiones que, a largo plazo, pueden generar el peor de los efectos: la desconfianza del electorado en un sistema al que sólo pueden auditar por terceros.
Es cierto, como se dice, que “todos los sistemas son vulnerables”, incluso los de papel en todas sus modalidades. Pero la diferencia en la seguridad del voto electrónico y el de papel radica en que el primero abre la puerta a un nuevo tipo de vulnerabilidad que podría manipular el sistema a gran escala sin dejar rastro. En una analogía, podríamos decir que el sistema de boleta de papel es una puerta con llave. ¿Es vulnerable? Sí, cualquiera capaz de romper la cerradura puede entrar, pero necesita romper la puerta y, cuando el habitante llegue a la casa, notará la intrusión. El voto electrónico es una puerta que luce más moderna pero no tiene llave: cualquiera pudo haber entrado y salido sin que quede la mínima constancia.