sab 23 Oct

BUE 17°C

sab 23 Oct

BUE 17°C

YPF: Cuatro implicancias

10-05-2012
Compartir

Una de las consecuencias de la nacionalización de la petrolera es que el sistema político comienza a despolarizarse.

La reciente nacionalización de YPF permite hacer algunas reflexiones puntuales en cuanto a sus impactos en los planos de la política y la economía política.

1. El Gobierno mantiene un rumbo determinado, popular-inclusivo, dado por una estrategia económica expansiva, que se opone a determinados intereses corporativos nacionales y extranjeros. Desde varios sectores se conjeturaba desde 2011 un “giro a la derecha” dado por una disminución del gasto y de la expansión monetaria, fuerte devaluación o una combinación de todas ellas. El Gobierno, si bien elude un déficit fiscal masivo al estilo europeo o aumentos de salario sin supervisión estatal, a la vez mantiene una agenda de izquierda en las políticas públicas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que permite expandir su autonomía para dictar política monetaria y la nacionalización de YPF.

Ni “populismo económico” desbocado, ni ajuste o giro a la derecha. El Gobierno elige una estrategia heterodoxa acorde con su base social y organizativa.

2. La segunda consecuencia de la nacionalización de YPF es la despolarización del sistema político. El masivo apoyo obtenido por la iniciativa en el Congreso, esencialmente a partir de los votos de la UCR y el FAP, implicó un realineamiento de la oposición partidaria que se despega de sectores económicos concentrados como los medios dominantes, convertidos hoy en los actores políticos no electos más importantes del escenario púbico actual.

Este reacomodamiento oxigena el sistema político, por cuanto, como aprendimos desde Lewis Coser y las teorías pluralistas, cuando los clivajes se superponen automáticamente y sin matices, estos es, los alineamientos de clase, políticos y culturales coinciden en sus divisiones esenciales, el sistema político tiende a tensarse más. En este caso, la oposición que no es abiertamente de derecha le marca la cancha al eje La Nación-Clarín, dando a entender que puede llegar a aceptar la convergencia o coalición de intereses, pero que no se va a suicidar. Parte de la oposición sistémica, y responsable, tiene el elemental deber de ser una alternativa electoral y no puede plegarse a las estrategias más polarizantes e ideológicas de esos medios dominantes, que terminan convergiendo con sectores como el PRO o Carrió, reducida a la insignificancia electoral en la últimas elecciones.

3. En el plano de la economía política, una estatización del impacto de la de YPF marca con fuerza el retorno de la cuestión de la localización nacional de las empresas, especialmente en sectores estratégicos. En el plano académico, se podría decir que la biblioteca “está dividida”. Algunos autores, en general trabajando desde la órbita del liberalismo, argumentan que la base nacional de una empresa no incide en su desempeño y externalidades positivas para la economía de un determinado país. Otros incentivos como la “seguridad jurídica”, la política de precios y el retorno de las inversiones son factores mucho más decisivos.

Otro campo, heredero de la Teoría de la Dependencia y afines, postula que la localización de una empresa es clave para el desarrollo económico de un determinado país, especialmente cuando se trata de recursos estratégicos. Las empresas nacionales tienen más incentivos para expandirse localmente, apostar más por la estabilidad política económica del país donde tienen base, tienden a desarrollar más proveedores locales y a “derramar” en cuanto a capacitación y tecnología a nivel de la economía nacional. En cualquier caso, la realidad es (sospechosamente) menos ambigua en este plano que en los debates académicos, especialmente cuando se trata de recursos naturales: todos los países tienen grandes empresas energéticas y petroleras de base nacional, y en el caso de las naciones medianas esas empresas son amparadas y protegidas por los estados de una u otra manera, ya se trate de Galp en Portugal, Repsol en España, Petrobras en Brasil, Enap en Chile y así.

Los decisores y las élites políticas y económicas de los países en este plano no miran tanto los debates académicos, y valoran la propiedad o la base nacional en la gestión de las grandes empresas.

El caso español es particularmente paradigmático en cuanto la protección de sus empresas nacionales. Los llamados cinco grandes (las empresas líderes del Ibex de los últimos años), Telefónica, Endesa, Repsol y los bancos BBVA y Santander, fueron catapultados gracias a variados modos de protección y activismo estatal en los años '80 y '90. Los mecanismos fueron variados, ya se trate de nacionalizaciones de logística y transportes en red (como en los casos de Endesa y Repsol), barreras de entrada o fusiones financiadas y protegidas por el Estado en que la banca extranjera no podía participar, como el caso del armado de los grupos BBVA y Santander. La crisis española actual marca los límites de esta estrategia. La combinación de liquidez internacional, endeudamiento y pérdida de control nacional de la macroeconomía parece ser destructiva para cualquier estrategia nacional. Aun así, las grandes empresas españolas mencionadas sacaron más de la mitad de sus beneficios de América Latina, con lo cual cabe pensar que las consecuencias hubieran sido peores sin esa estrategia previa de expansión. Repsol, en particular, fue el resultado de una estrategia de intervención estatal que consistió en agrupar emprendimientos menores en el sector de refinación y comercialización, avalar la protección del mercado interno de hidrocarburos que no se abrió hasta mucho después de la entrada en Europa y el desarrollo de una política de privatización basada en la flotación escalonada de acciones en alianza con los grandes bancos, lo que en los hechos impedía la entrada en el grupo de cualquier operador petrolero internacional. Como en toda parábola del liberalismo, Repsol se transforma en un abogado de la “seguridad jurídica” y la competencia libre sólo después de transformarse en un jugador de cierto peso gracias al respaldo del Estado español. Que impugne una estrategia análoga desde la Argentina es solo un mal chiste.

4. El desafío para el Gobierno es probar que se puede realizar una gestión que tome criterios de eficiencia (que no tienen que ser necesariamente los de la derecha económica) desde al campo nacional y popular. La combinación de profesionalización más dirección política señala el camino adecuado. Se debe impedir que YPF vuelva a sufrir problemas que eran anteriores a 1989, como la pérdida de autonomía frente a otras reparticiones del Estado o frente a contratistas y sindicatos. Los ejemplos de la Anses, capaz de ordenar e implementar la AUH en poco tiempo o el de ARSAT, la empresa de comunicación satelital puesta en marcha recientemente, prueban que el Estado puede alcanzar niveles de desempeño sólidos en corto tiempo.

(De la edición impresa)