De acuerdo a datos publicados en el informe "La situación de la pobreza en barrios populares" (UNICEF, febrero 2023), en Argentina hay 6,8 millones de personas menores de 18 años que viven en situación de pobreza y unos 1,7 millones en la indigencia.
Esto significa que en los últimos siete años, la pobreza en niños, niñas y adolescentes (NNyA) subió un punto, mientras que la indigencia lo hizo en 3 puntos. Esta expansión de la vulnerabilidad social de los NNyA está íntimamente vinculada con que el precio promedio de la canasta básica total entre 2016 y 2022 se multiplicó 8,2 y la canasta básica alimentaria por 8,9, mientras que los ingresos familiares lo hicieron por 6,8.
En otras palabras, los ingresos de los hogares corren por detrás de los precios generales de los bienes y servicios básicos y fundamentales para el desarrollo de una vida digna.
Entender la problemática social y económica que atraviesan los hogares pobres e indigentes desde una mirada multidimensional es comprender que la situación excede exclusivamente a la sola escasez de ingresos.
En cada crisis que experimenta el país, los NNyA son los más afectados
Las condiciones de precariedad y vulnerabilidad a las que se enfrentan casi 6 de cada 10 NNyA afecta derechos humanos esenciales. Hablamos de la asistencia efectiva a la escuela, de garantizar el acompañamiento durante toda la trayectoria educativa, asegurar acceso a vivienda, vestimenta, agua potable y electricidad, salud de calidad y habitar espacios seguros.
Esto nos muestra una realidad apremiante: en cada crisis que experimenta el país, los NNyA son los más afectados. Por eso, en un escenario de alta inflación, erosión de los ingresos reales de los hogares, expansión de la informalidad y profundización de la precariedad e intermitencia laboral, la implementación de políticas sociales de carácter integral que aborden la situación de las personas más expuestas a condiciones de pobreza e indigencia deben formar parte del debate público.
Precisamente, entre el universo de políticas públicas dirigidas a la NNyA, se destacan por niveles de cobertura y de inversión de recursos las asignaciones familiares por hijo/a (AAFF).
Desde Fundación Éforo, en el último informe "Asignaciones familiares en Argentina", ofrecemos un panorama general acerca de este conjunto de políticas sociales focalizadas en los NNyA durante los últimos 15 años.
Allí nos propusimos analizar los dos principales programas sociales vigentes en la actualidad: la Asignación Universal por hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Ambas prestaciones, que consisten en transferencias monetarias para complementar los ingresos de las familias y cubrir aquellas necesidades originadas por insuficiencia de recursos monetarios, se han constituido en las herramientas públicas para contener la pobreza e impedir el crecimiento de los niveles de indigencia de los hogares en los que viven NNyA.
La historia de las AAFF tiene un capítulo de suma importancia entre los años 2008 y 2009, momento en que se creó y extendió la AUH, iniciando un crecimiento ininterrumpido del número de beneficiarios: pasó de 2,3 millones en 2008 a 8,7 millones en 2022.
En los últimos 15 años, las AAFF se triplicaron y se sumaron aproximadamente 6,8 millones de beneficiarios. Y si bien se ampliaron los niveles de cobertura, entre 2009 y 2023 el poder de compra real de la AUH se redujo en 20%. Este proceso de deterioro del valor real de las AAFF se agudiza a partir de 2017, momento en que se inicia el descenso más significativo del poder adquisitivo.
Así llegamos al mes de abril de 2023, en el que se registra un total de 9.122.915 beneficiarios de las AAFF, que a nivel nacional representa el 66% de los NNyA de Argentina. De este total, el 40% está destinado a NNyA hijos/as de personas desocupadas, trabajadores no registrados (sin aportes) y trabajadores inscritos en programas de MTEySS.
- 37% corresponde a NNyA de trabajadores en relación de dependencia, y el 23% restante se destina a NNyA con padres/madres monotributistas y monotributistas sociales, perceptores de una jubilación y/o pensión, perceptores de pensiones no contributivas, seguro de desempleo y pertenecientes al régimen de servicio doméstico.
A nivel presupuestario, entre 2008 y 2022 aumentó el volumen de recursos desde el 0,4% al 1,2% del PIB. A raíz de la crisis sanitaria, en 2020 se alcanzó el máximo histórico de 1,4% del PIB de inversión pública.
Recién en 2022, los recursos públicos en AAFF se equiparan, en términos reales, a los niveles del 2013 y 2014, pero abarcando un universo de 1 millón más beneficiarios.
En los últimos 15 años, se verifica un incremento de los beneficiarios en paralelo a una contracción en los montos reales de la ayuda estatal a NNyA. Si tomamos en cuenta sólo el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para los primeros meses del 2023, el monto de la AUH apenas llegó a cubrir el 15% del valor total de la CBT. Incluso combinando las dos principales políticas sociales desplegadas en los últimos años, que son la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, se alcanza un monto que representa casi un 25% de la CBT.
A través del decreto 117/2023, el Gobierno confirmó la suba en un 100% de los montos de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, de la Asignación por Hijo con Discapacidad, como así también de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
- De esta manera, el valor de la AUH pasó de $20.661 a $41.322.
Segun el último informe de Indec, publicado en enero, un hogar de 4 integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitó $285.561 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y $596.823 para la Canasta Básica Total.
La expansión de la pobreza e indigencia es la deuda social más importante que los distintos gobiernos no han podido revertir. Durante los últimos años, los montos reales transferidos a los hogares más vulnerables vienen perdiendo contra la inflación. No solamente son menores los ingresos que reciben por parte de la implementación de las políticas sociales, sino que año tras año, son cada vez más los hogares que requieren este tipo de asistencia social.
Casi la mitad de los trabajadores poseen empleos informales y, desde la pandemia, casi 7 de cada 10 puestos generados no cumplen con las condiciones de formalidad
La inestabilidad económica es el principal problema que dificulta el sostenimiento y/o cualquier mejora del valor real de las asignaciones familiares, haciendo crecer estructuralmente los niveles de pobreza y que, a su vez, amplían los desafíos de mayor cobertura. A la caída general de los salarios y al estancamiento del desarrollo y crecimiento económico, se le suma la profunda transformación del mundo laboral que deteriora el poder adquisitivo que las asignaciones efectivamente tienen.
En nuestro país casi la mitad de los trabajadores poseen empleos informales, según datos del Indec y desde la pandemia casi 7 de cada 10 puestos generados no cumplen con las condiciones de formalidad. Esos datos describen también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de personas, que a pesar de trabajar no cuentan con ningún tipo de protección.
Y para las mujeres suele ser peor. La feminización de la pobreza se explica en parte porque son quienes tienen los trabajos más precarizados y padecen más el desempleo, y a la vez las mujeres que son madres enfrentan panoramas más complicados por la "penalización laboral" a la maternidad.
El análisis de los datos públicos debe ayudarnos a visibilizar esta realidad que no puede quedar por fuera de la agenda política. A 40 años de la recuperación democrática, para afrontar la crisis social que condiciona el desarrollo de un proyecto de vida digno, se requieren de debates profundos sobre la eficiencia y sostenibilidad de los programas, acciones y proyectos vigentes que garantizan derechos humanos fundamentales precisamente en las poblaciones que más lo necesitan.
Es importante tener en cuenta que si bien la asistencia social debe ser una política pública a disposición de manera permanente, el ideal sería que su aplicación sea transitoria en función de las necesidades; y, al mismo tiempo, que vaya acompañada de iniciativas que promuevan y faciliten la educación, la capacitación y el trabajo formal bajo el paraguas de la igualdad de oportunidades.
