El gobierno involucra, al menos, tres cuestiones: quién, cómo y para qué, las cuales están vinculadas con la legitimidad de origen, de ejercicio y de fines.
En los regímenes democráticos, el quién surge de elecciones abiertas sin restricciones y la evaluación sobre el cómo se realiza periódicamente en los siguientes procesos electorales. Por otra parte, el para qué suele estar más difuso: otrora estaba más explícito en las plataformas electorales, pero hoy suele estar en el mensaje (relato en el buen sentido de la expresión).
Las coaliciones políticas son más comunes en contextos de fragmentación política y de demandas multidimensionales del propio electorado. Los partidos políticos se reúnen para morigerar a la primera y responder en forma más amplia a la segunda. En forma muy esquemática, la coalición electoral se conforma para ganar una elección; la coalición de gobierno para gestionar y la coalición parlamentaria para apoyar al poder ejecutivo.
Las coaliciones pueden tener alcance nacional y/o subnacional y su funcionamiento puede ser centralizado (el Ejecutivo impone, el resto sugiere y acompaña), coordinado con los socios (estos se necesitan mutuamente y el esquema de toma de decisiones es más consensual y horizontal) o descentralizados (los socios establecen las pautas generales e inciden en los temas estratégicos y el ejecutivo tiene una centralidad más acotada) (Cruz y Santamarina, 2021).
Fuente: Cruz, F. y S. Santamarina. 2021. “Derribando el vox populi de las coaliciones políticas. Pautas y recomendaciones para la construcción de acuerdos en América Latina”. Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), Documento de trabajo 1: Coaliciones electorales. Washington DC.
Breve reseña
La crisis del 2001 provocó, entre otros fenómenos, una pérdida de representación de los dos partidos políticos de entonces.
Aunque también se sintió en el peronismo, afectó más a la UCR. En la siguiente elección presidencial, los antiguos correligionarios se presentaron con tres fórmulas presidenciales (lideradas por Ricardo López Murphy por Recrear; Lilita Carrió por ARI y Leopoldo Moreau por la UCR), mientras que los compañeros fueron a la elección con tres binomios (encabezados por Carlos S. Menem por el Frente de la Lealtad/UCEDE; Néstor Kirchner por Frente para la Victoria y Adolfo Rodríguez Saá por el Partido Justicialista).
El resultado es conocido y Kirchner llegó a la presidencia de la Nación con el 21,6% de los votos [1] dado que el ganador de la primera vuelta no se presentó al balotaje, negándole al presidente que asumió en el 25 de mayo del año 2003 la posibilidad de obtener una mayor legitimidad de origen.
Si bien el peronismo es más un movimiento que un partido político y, como tal, optó por conformar diferentes frentes políticos desde el año 1983 a la fecha, siempre tuvo un rol predominante en su interior, tanto en la elección de las autoridades como en la gestión de los gobiernos. En cambio, los no peronistas formaron la primera coalición electoral que los llevó al poder en el año 2015, luego de las tres derrotas previas en los años 2003, 2007 y 2011.
Juntos por el Cambio fue una verdadera coalición electoral que aglutinó tres partidos políticos: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Ya en el gobierno, se transformó en una coalición legislativa, pero no en una coalición de gobierno.
El presidente Mauricio Macri gobernó con sus CEO y solo completó la grilla ministerial con dirigentes de la UCR elegidos por el propio presidente, no sugeridos por el partido.
La gestión de gobierno durante los cuatro años siguió el modelo de una “coalición centralizada” en el Ejecutivo y los legisladores de las tres fuerzas políticas le brindaban apoyo para la sanción de leyes en el Congreso.
Los desafíos de Juntos por el Cambio en el 2023
En los últimos tres ciclos presidenciales se enfrentaron problemas cada vez más complejos. Si bien los condicionantes internos fueron los más relevantes, también influyeron los contextos internacionales.
El gobierno que asuma en el año 2023 no será la excepción, basta concentrar la atención en el nivel de la inflación y el de pobreza, por no incluir también la calidad de la educación, la salud, la inseguridad, el narcotráfico, la estructura impositiva (y la coparticipación), la matriz industrial y de servicios, la regulación laboral, la reforma previsional, la energía, el ordenamiento de los precios relativos, el perfil de la deuda, la desregulación, entre otros factores.
En ese sentido, uno de los desafíos es encontrar una mejor asociación entre el gasto, la productividad y el crecimiento económico. En términos más concretos, entre el menor gasto, la mayor productividad y el diseño de instrumentos de política económica que promuevan el ahorro en el sistema financiero doméstico, la inversión y las exportaciones.
Si bien la agenda para enfrentar estos retos excede a una coalición política e involucra a la sociedad civil, sus organizaciones intermedias y a las restantes fuerzas políticas, la responsabilidad del plan de gobierno recaerá en los que triunfen en las elecciones del año 2023.
La coalición de gobierno presupone, en general, una coalición electoral previa y una coalición legislativa para gobernar. En cambio, como quedó demostrado entre los años 2015 y 2019, la coalición electoral, aunque victoriosa, no implica la creación de una coalición de gobierno y puede quedar limitada a una coalición legislativa.
El sistema electoral argentino ofrece, a través de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), el escenario institucional para resolver la conformación de la coalición electoral en todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). En contraste, la decisión de una coalición de gobierno descansa en la voluntad de los partidos políticos (y de sus dirigentes).
No obstante, entraña más requisitos, siendo uno de los más desafiantes contar con un plan de gobierno diseñado y ejecutado con la participación de los dirigentes y equipos técnicos de todos los partidos políticos de la coalición electoral para que, así, esta se transmute en una coalición de gobierno y una coalición legislativa.
Un plan de estabilización y un programa de crecimiento económico requieren, según la experiencia internacional, acuerdos sociales y políticos amplios para que los cambios sean percibidos como estables en el tiempo, tanto en el ámbito nacional como internacional. El plan de estabilización es una condición necesaria pero no suficiente: se deben abordar reformas estructurales para cambiar el cómo estamos funcionando.
De lo contrario, la primera se agota, como ocurrió con planes de estabilización precedentes, la legitimidad de medios no se alcanza y se pierde la legitimidad de origen.
En el mismo sentido, la conformación de una coalición de gobierno también podría ser considerada como una condición necesaria, aunque no suficiente, para buscar la concreción de cambios en el funcionamiento de la economía, que permitan comenzar a superar la decadencia.
Por el contrario, si por egos, celos, ambiciones, o rivalidades (tan comunes a la política) un eventual gobierno de Juntos por el Cambio solo lograse conformar una coalición electoral y legislativa, como en la experiencia de gobierno precedente, difícilmente podría convocar con autoridad a un diálogo de por sí complejo, dado que la mayoría de los actores sociales y políticos debería concurrir a “poner más que a sacar”. Es “Borgen” no “House of Cards”.
[1] Carlos S. Menem triunfó en la primera vuelta realizada en el 27 de abril con el 25,4% de los votos, seguido por Kirchner (21,6%), López Murphy (18,3%), Adolfo Rodríguez Saá (14,1%), Lilita Carrió (14,0%), Moreau (2,3%), Patricia Walsh del MST (1,7%), Alfredo Bravo del Partido Socialista (1,1%) y Jorge Altamira del Partido Obrero (0,7%).
