El Gobierno oficializó a la SIGEN como auditora de las universidades nacionales
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, informaron fuentes oficiales.
Rápidamente el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, salió a celebrar la resolución que da intervención a la SIGEN. "De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales", puntualizó.
Lo cierto es que la resolución de Barra da respuesta a un requerimiento de la Secretaría de Educación que había pedido autorizar el contralor a través del organismo del Ejecutivo.
"Se solicita a este organismo asesor se expida nuevamente y en forma específica, sobre el alcance de la aplicabilidad a las universidades nacionales del sistema de control interno que impone la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en adelante Ley de Administración Financiera", por lo que refiere al anterior dictamen 323.407 en las que se "las consideró excluidas de dicho régimen pero sin opinar acerca de cual sería el mecanismo para controlar internamente el uso de los fondos públicos que reciben".
En Capital Humano interpretaron que "el documento asegura que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional".