Es la economía, Argentina (reloaded)

En los últimos meses, la política económica de Argentina ha transitado un camino que despierta crecientes cuestionamientos. El énfasis del gobierno de Javier Milei ha estado puesto casi exclusivamente en la estabilización financiera y en la ortodoxia fiscal, desplazando a un segundo plano una agenda de desarrollo productivo que resulta indispensable para generar crecimiento sostenible.

Este sesgo no sólo reproduce viejas debilidades estructurales de la economía argentina, sino que también contradice las recomendaciones de organismos regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que subraya que la falta de inversión y el estancamiento de la productividad son las principales causas del bajo crecimiento en la región.

En un entorno internacional de tasas todavía altas y mayor aversión al riesgo, la estabilización local sin hoja de ruta productiva queda corta para alinear expectativas. El resultado de las pasadas elecciones en la provincia de Buenos Aires, en el que el oficialismo provincial obtuvo un 47% contra un 34% para el oficialismo nacional, funcionó como señal política y de mercado: subió la prima de riesgo, se tensionó el frente cambiario y vimos mayor volatilidad en bonos y equity. El mensaje de fondo es claro: estabilidad + crecimiento, no estabilidad a secas.

Argentina es un ejemplo claro de esas limitaciones. La productividad ha permanecido estancada en las últimas décadas y, en algunos sectores, incluso se ha deteriorado. En su documento "Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo de América Latina y el Caribe 2024" la CEPAL advierte que este fenómeno no es inevitable, sino la consecuencia de estrategias que priorizan la estabilidad de corto plazo por sobre la construcción de un modelo productivo.

En este sentido, el Gobierno argentino ha optado por reducir el Estado a un mero administrador fiscal, reduciendo áreas estratégicas como la Secretaría de Industria y Pyme. Lo cual significa un retroceso institucional que debilita las posibilidades de planificar políticas que promuevan la diversificación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que generan más del 60% del empleo formal.

Hoy el financiamiento es caro y la brecha cambiaria suma incertidumbre. Con reglas poco previsibles, las empresas frenan proyectos y cuidan la caja. Las intervenciones del BCRA en las tasas desde enero y las intervenciones de estos días del Tesoro para contener el dólar, sin una agenda productiva clara y sostenida —qué sectores se priorizan, con qué incentivos y por cuánto tiempo— implican que esa liquidez no se convierte en inversión real, empleo e innovación.

El escenario laboral refleja con crudeza estas carencias. Según un relevamiento publicado por Bloomberg Línea, Argentina presenta actualmente las expectativas de contratación más débiles de América Latina: apenas un +5% frente al +36% de Brasil o el +30% de México (Bloomberg Línea, 2025). Este dato muestra la magnitud del deterioro en el mercado de trabajo y la falta de confianza de los empleadores para ampliar sus plantillas. La combinación de salarios en retroceso, contracción del consumo interno y caída de la inversión genera un círculo vicioso que afecta tanto a trabajadores como a empresas.

Según Management & Fit, 8 de cada 10 hogares recortaron gastos. Con el crédito caro y poco accesible, familias y PyMEs compran menos y postergan inversiones, por lo tanto, el empleo se resiente. La reversión de este ciclo suele asociarse a menores costos de financiamiento para PyMEs y a herramientas simples que hagan viables proyectos con generación de dólares y puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, la CEPAL destaca que la inversión es un motor indispensable para elevar la productividad y sostener el crecimiento. Sin embargo, en Argentina la formación bruta de capital fijo ha mostrado una tendencia descendente, reflejando la desconfianza de los empresarios. En lugar de estimular sectores estratégicos como la agroindustria, la economía del conocimiento o la energía renovable, el actual enfoque económico se limita a sostener una visión financiera que, apuesta a la estabilización de las cuentas públicas, pero sin horizonte productivo.

El orden macro ayuda, pero no alcanza por sí solo para destrabar inversión. Los inversores miran un combo: reglas claras sobre el dólar y los precios clave, una hoja de ruta para bajar el riesgo país en el tiempo y programas concretos por sector (por ejemplo, energía, agro alimentos o economía del conocimiento) con condiciones conocidas de antemano. Eso implica contratos previsibles, incentivos acotados y un esquema de metas públicas y medibles para seguir avances. Cuando ese marco no está, la estabilidad funciona como contención —sirve para aguantar—, pero no se transforma en nueva capacidad productiva (plantas, equipos, empleo). En cambio, cuando el combo es creíble, la liquidez deja de quedarse en el sistema financiero y se traduce en proyectos reales.

Este enfoque tiene consecuencias sociales y políticas. La reducción del gasto en programas de ciencia, tecnología y educación técnica limita la capacidad del país para adaptarse a la transformación digital y a los desafíos de la transición energética. Al mismo tiempo, la ausencia de mecanismos de diálogo con actores como la Unión Industrial Argentina (UIA) o la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) debilita la posibilidad de consensuar políticas de desarrollo. El bajo crecimiento está asociado no solo a factores económicos, sino también a la falta de institucionalidad que permita articular a los distintos sectores de la sociedad en torno a un proyecto común.

La coyuntura política elevó la vara de la gobernabilidad. El Congreso mostró capacidad de revertir vetos (discapacidad) y los vetos en salud y educación activaron conflictividad (marchas, paros): señales de confianza pública y coordinación bajo estrés. Tras el resultado en PBA, gobernar en minoría encarece los costos de transacción: para sostener reformas y negociar el Presupuesto 2026 se requieren coaliciones más amplias y reglas claras de intercambio político. En clave de gobernanza multinivel (Nación-provincias-municipios-sectores), la conclusión es directa: sin un andamiaje estable de acuerdos, la estabilidad macro pierde anclaje social y, por arrastre, consistencia financiera.

La contracción del consumo interno es otro factor determinante. Con salarios deteriorados y jubilaciones en retroceso, las PyMEs enfrentan una caída en la demanda que erosiona su viabilidad. En este contexto, muchas pequeñas empresas reducen personal o directamente cierran, lo que agrava las dificultades del mercado laboral. La política de ajuste simultáneo en el sector público y privado multiplica los efectos de la recesión y genera un escenario de inestabilidad que desalienta nuevas inversiones.

El problema no reside en la búsqueda de equilibrio fiscal, que resulta necesaria, sino en la concepción de este como fin en sí mismo. El ordenamiento de las variables macroeconómicas debería ser una condición para implementar un programa de desarrollo productivo y no un objetivo aislado. La experiencia regional muestra que los países que logran combinar estabilidad con políticas activas de industrialización y apoyo a la innovación son los que avanzan en términos de crecimiento inclusivo.

Para amortiguar el shock de ingresos sin perder consistencia fiscal, la evidencia comparada muestra que suelen operar tres palancas: alivios transitorios al costo del financiamiento de capital de trabajo PyME a través de esquemas mixtos; securitización de carteras para expandir crédito privado; y focos micro en servicios urbanos de alto impacto percibido (transporte, iluminación) que sostienen la demanda de cercanía.

En paralelo, el marco habilitante que el inversor lee como creíble combina previsibilidad cambiaria y una hoja de ruta para el riesgo país, tramos sectoriales con reglas pro-inversión (energía, agro alimentos, economía del conocimiento) y vehículos de crédito orientados —bonos verdes/sociales y garantías— que convierten liquidez en inversión en capacidad. Tras el resultado electoral en provincia de Buenos Aires, y de cara a las elecciones nacionales de octubre, el timing luce más exigente: se acotan márgenes y se eleva el costo de oportunidad de no ordenar señales.

La agenda de desarrollo en Argentina demanda recomponer capacidades de planificación productiva, alinear incentivos a la inversión privada y reabrir mesas de diálogo con empresariado y sindicalismo. En este marco, la inversión extranjera directa sumó USD 611 millones en los primeros tres meses de 2025, con una caída marcada respecto del mismo período de 2024 (varias coberturas basadas en datos oficiales la ubican cerca del 90%), señal de cautela frente al riesgo argentino. A la vez, la coyuntura política —resultado en PBA y dinámica de vetos/contra vetos— introduce incertidumbre sobre los proyectos provinciales de infraestructura y servicios, lo que condiciona los tiempos de decisión.

El diagnóstico de la CEPAL es claro: el bajo crecimiento obedece a una combinación de baja inversión y productividad anémica. En Argentina, el problema no es sólo "ordenar la macro": sin inversión y productividad, el proceso se agota rápido en términos sociales y políticos. La evidencia de los últimos meses sugiere un patrón: cuando la estabilización no se acompaña de una secuencia verificable —orden macro creíble, agenda productiva concreta y financiamiento operativo que llegue a la economía real—, se consolida un equilibrio recesivo (consumo débil, empleo estancado, inversión en pausa) y crece la conflictividad. Cuando esa secuencia sí aparece, las expectativas mejoran y el capital vuelve a moverse. Ese es el nudo del debate hoy: no sólo cuánto se ajusta, sino para qué y con qué horizonte productivo.

Lara Goyburu

Politóloga

Directora Ejecutiva de Management & Fit

Ezequiel Vega

Analista en Mercados Financieros

Ex embajador IMBRICS + en Argentina