Si hay un patrón común en las crisis políticas son los legítimos reclamos de la ciudadanía a la dirigencia. Y esto nos suele movilizar a la Plaza de Mayo y a la Plaza del Congreso porque les exigimos al Presidente y a los legisladores que tomen cartas sobre los asuntos que nos aquejan. Ahora bien, son pocas las marchas realizadas en Plaza Lavalle -tribunales - para exigir al poder y las instituciones que obren sobre las deudas que acarrea la democracia desde 1983.
En ese contexto, el Poder Judicial ha sabido usufructuar astutamente no encontrarse en el ojo de las tormentas, en el foco mediático ni en el centro de las protestas por décadas
Atravesamos una vez más una profunda crisis política que se manifiesta tanto en el pesimismo y la sistemática desaprobación que revelan las encuestas como en el desencanto, el hartazgo por parte de la ciudadanía hacia la dirigencia política y en la merma de la participación electoral. En su conjunto, configuran un complejo escenario de pérdida de confianza en las instituciones.
Esta pérdida es, por sobre todas las cosas, responsabilidad de una dirigencia política que no ha sabido encontrarse a la altura de las circunstancias para canalizar demandas de la ciudadanía y encontrar soluciones efectivas a los reclamos. La pregunta es si le caben a todos las mismas responsabilidades por igual.
Pese a todos los defectos que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo acarrean en nuestro país, y no son pocos, no se puede dejar de reconocer que a lo largo de estas últimas cuatro décadas han llevado adelante numerosas reformas aggiornandose al clima de época. Las leyes de cupo y luego de paridad, las publicaciones de declaraciones juradas, o las leyes de acceso a la información pública son tan solo algunas de ellas. A veces con sabor a poco, a veces fructíferas, pero aún así el Poder Judicial argentino ha permanecido impermeable a los cambios y las reformas que demanda un país.
De los tres poderes a los que Montesquieu se refería en "El Espíritu de las Leyes", el judicial genera que el trípode institucional de la república se encuentre en constante balanceo y no demuestra señal de voluntad de revisión alguna.
No solo es sabido que el horario de las jornadas judiciales son sustancialmente menores a las de los otros organismos públicos, sino que también detentan prerrogativas como la exención a pagar impuesto a las ganancias, jubilaciones de privilegio con menor cantidad de años de servicios requeridos para la misma, un cómputo favorecido de antigüedad y escandalosos casos de nepotismo.
La erosión de la credibilidad de la justicia es tal que, por ejemplo, un 71% de los encuestados por Zuban, Córdoba & Asociados en septiembre, no confían en que la justicia vaya a esclarecer lo sucedido en el atentado contra Cristina Kirchner ni lo acontecido posteriormente con el formateo del celular del atacante. Más aún, en una de las últimas encuestas difundidas por Management & Fit se pudo observar cómo un 35,6% de los encuestados no poseía "nada de confianza" en los jueces y otro 26,3% tan solo tenía "un poco de confianza".
Resulta más que comprensible este detrimento de credibilidad cuando el 21% de los expedientes de la Justicia Federal contra funcionarios nacionales acumula más de 10 años en instrucción, acorde al Observatorio de la Corrupción de ACIJ. Es más, en el 2016 se había calculado que las causas judiciales por corrupción duran en Argentina un promedio de 14 años y algunas llevan hasta 20 años en trámite y tan solo un 7% tienen sentencia; por lo que muchas menos condenas firmes. Entre 1980 y 2022, solo un 12% de los casos de corrupción que tramitó la Justicia Federal en la Capital llegaron a un juicio oral. Y por si fuera poco, entre el 2009 y el 2021 se iniciaron alrededor de 1500 causas por sobornos y enriquecimientos ilícitos que derivaron en apenas 13 condenas.
Como consecuencia, más allá de que en los últimos 5 años la percepción respecto a la corrupción al interior del sector público argentino haya mejorado (ya que solo se puede medir en base a percepciones y encuestas de opinión), hemos descendido de posición en el ranking internacional de corrupción que publica la ONG Transparencia Internacional, empeorando en el 2021 ubicándonos en el puesto 96º de 180°.
Si en algo coinciden todas las encuestadoras del país es que la Inflación, Pobreza e Inseguridad son las principales preocupaciones de los argentinos. Esto beneficia enormemente a los magistrados que los oculta de la agenda de un país subsumido en una inflación del 100% anual y una pobreza del orden del 40% para refugiarse en los vericuetos y los tiempos de los tribunales poco comprensibles y conocidos para la necesidad real de la ciudadanía. El desconocimiento del funcionamiento del sistema de justicia les permite especular con la vinculación política de turno para permanecer inmutable a las reformas que parecen atravesar a los otros dos poderes.
El Consejo de la Magistratura, por su parte, viene fallando desde su creación en realizar los concursos para seleccionar a los jueces de manera rápida, transparente, con criterios participativos basados en la idoneidad. Es casi de público conocimiento la duración excesiva de los concursos, las polémicas en torno a las arbitrariedades en los procesos de selección e incluso en la disparidad de géneros. Una muestra de ello es que casi un cuarto de los juzgados están vacantes u ocupados por jueces tantos subrogantes como trasladados y que, por otra parte, siempre se filtre en los medios los juegos de influencias corporativos y de lobby político que hacen a la manipulación discrecional de las ternas que terminan vapuleando la ley 24.937 nunca del todo implementado. No obstante, cabe aclarar, que esto último supone un problema inter-poderes ya que la gran mayoría está en trámite ante el Consejo de la Magistratura y, el resto, a espera de la designación del PEN y el acuerdo del Senado.
Párrafo aparte constituye la rendición de cuentas respecto al desempeño de los jueces. Las demoras que los consejeros ejercen sobre los expedientes generan que los casos que terminan en sanciones sean sustancialmente bajas en relación a la cantidad de denuncias, y la falta de información en las bases de datos públicas sobre estos procesos opaca el accountability entre el consejo y la ciudadanía.
Por otro lado, si bien el Ministerio Público Fiscal no es propiamente parte del poder judicial, tiene como función promover la justicia a través de sus fiscales y sufre muchas de sus deficiencias. Por ejemplo, tiene alrededor de 100 de las 334 fiscalías habilitadas, esto es más del 40%, vacantes sin que se convoquen concursos para cubrirlos, por lo que la demora en iniciar y tramitar los concursos se aproxima a una gravedad institucional por el perjuicio que esto provoca.
El Frente de Todos concibe a la perfección el uso y manejo tanto de los privilegios como el poder político que comprende la dinámica judicial. Por ello, tomó la estratégica decisión política de sumar al debate del presupuesto 2023, la discusión de la eximición del pago del impuesto a las ganancias. Y enhorabuena. Los funcionarios judiciales estaban exentos desde la acordada de la Corte Suprema de 1996 modificada posteriormente por la Ley 27.346 que logró, a través de su artículo 5to, aplicar dicho impuesto para aquellos nombrados a partir del 2017. Hoy son más de 140 magistrados (cerca del 20%) que pagan actualmente ganancias. Aunque su argumento en contra se sustente en el artículo 110 de la Constitución Nacional que supo tener una lógica razón de ser, el hecho de defender la intangibilidad salarial como la garantía de independencia no deja de ser una confesión de vulnerabilidad ante tentaciones y dádivas. Como resultado, se abre un nuevo campo de batalla político donde la reacción judicial, naturalmente, no se hizo esperar.
Con la democracia se come, se cura y se educa. Absolutamente. Empero, la democracia es condición necesaria pero no suficiente para que un país se encuentre desarrollado y estable. Se debe procurar un armonioso fortalecimiento institucional (y económico) para que el trípode contemplado en nuestra arquitectura institucional republicana no sucumba.
Si padecemos de una democracia defectuosa, es también, sino en gran parte, responsabilidad de un poder judicial que ha jugado su rol en la erosión de la calidad institucional con opacidad y resistencia a modernizarse acorde a lo que los argentinos necesitan, reclaman y merecen. En palabras de la campaña electoral de Bill Clinton, es también la justicia, estúpido.
