El país está mal. Los datos empiezan a ponerle números a una sensación que, en realidad, alcanza con mirar la vida cotidiana para entender.
La morosidad en los créditos de las familias pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 11,2% un año después, el nivel más alto en más de dos décadas según el Banco Central. El consumo masivo cayó 5,1% en marzo frente al mismo mes del año anterior y acumula una contracción del 3,1% en lo que va de 2026, según la consultora Scentia. Las ventas minoristas de las PYMES llevan once meses consecutivos en baja, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Los salarios formales perdieron contra la inflación en el primer bimestre del año, y el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella lleva cinco meses seguidos de caída. En abril registró un descenso del 12,1% respecto de marzo.
Una encuesta de Atlas-Intel junto a Bloomberg, realizada sobre más de 4.800 casos entre el 24 y el 28 de abril, agrega un dato más difícil de procesar para el gobierno: el 63% de los argentinos desaprueba la gestión de Milei y el 59,3% la califica de "mala o muy mala". El propio presidente aparece quinto en el ranking de imagen positiva de dirigentes políticos.
Pero hay una paradoja. A pesar de esta situación económica, que evidencia un desgaste y una decepción crecientes en la figura presidencial, el peronismo, constituido como el principal espacio opositor desde el inicio del gobierno de Milei, no repunta. Una primera conclusión podría ser que el malhumor social no encuentra traducción opositora.
En los últimos meses se volvió habitual escuchar a empresarios, de distintos sectores y tamaños, decir dos cosas al mismo tiempo: que antes vendían más, pero que ese esquema no era sostenible. La aparente contradicción, en realidad, no incomoda. Ambas afirmaciones conviven con naturalidad. Y en esa convivencia se insinúa, quizás, uno de los cambios más profundos que empezó a producir este ciclo político en la conciencia económica argentina.
Durante años, el esquema fue más o menos el siguiente: el Estado subsidiaba la energía, el transporte y los servicios en general hasta niveles que la macroeconomía no podía sostener. Pagar la luz, el gas, el agua o el colectivo por el equivalente a una pizza mensual tenía un nombre técnico: déficit fiscal. Y una fuente de financiamiento igualmente conocida: la emisión monetaria.
Esa emisión alimentaba la inflación, la inflación licuaba los salarios y los empresarios, para cubrirse, aumentaban precios. Un círculo que, como se pudo comprobar a fines de 2023, culminó con una inflación anual del 211,4% según el INDEC, la más alta desde 1990 y la segunda del mundo ese año.
Ese esquema se rompió. Y aunque duele, porque los servicios aumentaron, porque el poder adquisitivo cayó, porque el ajuste fue brutal e inequitativo, hay una franja de la sociedad que entiende, o al menos intuye, que el costo de aquel modelo lo pagaban siempre los mismos: quienes no tenían acceso al dólar, quienes compraban productos caros y de mala calidad y quienes cobraban sueldos que se evaporaban antes de fin de mes.
Pero hay un segundo motivo, más racional e intuitivo, que explica por qué el peronismo no recupera terreno, aunque el gobierno flaquee. Tiene que ver con la dignidad.
Y corresponde aclararlo enseguida: no se trata de antiperonismo ni de lo que algunos llaman despectivamente "gorilismo". Atribuirle todos los males de la Argentina al peronismo es simplista, reduccionista y, además, es concederle un poder que no tiene ni tuvo. El peronismo gobernó la Argentina, sí, pero no fue el único. La responsabilidad es siempre compartida, en este caso con sectores económicos, sociales, culturales y políticos.
Lo que la sociedad parece no estar dispuesta a volver a tolerar es algo más específico y transversalmente ideológico. Lo traslado a dos ejemplos.
El caso $LIBRA: el 86,5% de los argentinos conocía el escándalo, el 61% lo calificó como un acto de corrupción y el 78% valoró negativamente el comportamiento presidencial, según un estudio publicado en Más Poder Local. Y esto ocurrió en un gobierno que llegó al poder prometiendo ser la antítesis de la casta. Imagínese entonces el nivel de hartazgo con los esquemas anteriores.
El escándalo de Adorni vino a reforzar esa sensación. La corrupción, que hasta hace poco era, en el imaginario popular, casi sinónimo de kirchnerismo, volvió a instalarse como la principal preocupación de los argentinos, por encima del desempleo y de la inflación. El dato importa: la gente no se acostumbró a la corrupción; la rechaza con independencia de su procedencia.
Volver al peronismo para reemplazar a Milei significaría, para una parte importante de la sociedad, resignarse a vivir mal en lugar de peor. Y esa distinción importa más de lo que parece.
La Argentina que aceptó el costo de este proceso no lo hizo para conformarse con menos. Lo hizo porque aspira a estar mejor, a construir algo que dure.
Hay un número que debería encender alarmas en casi todos los espacios políticos. Según la misma encuesta de Atlas-Intel de finales de abril, Myriam Bregman es la única dirigente entre los quince relevados con diferencial positivo de imagen: 47% favorable contra 46% desfavorable. La única que no está "en rojo".
¿Significa esto que la Argentina se volvió anticapitalista? Creo que Bregman expresa algo bastante más simple: una figura que parece coherente, que manda a sus hijos a la escuela pública, que toma el subte, que hace política y que no roba.
El mensaje que el sistema político debería extraer de ese número no es ideológico. La ciudadanía quiere representantes que parezcan personas reales y que no tengan patrimonios de explicación injustificable. Por eso, en lugar de seguir buscando outsiders de identidad indefinida, la política debería encontrar a estas figuras dentro de cada espacio.
Para concluir, me gustaría dejar en claro que el gobierno de Milei está lejos de haber resuelto el problema económico. La Argentina compite hoy con el mundo en condiciones estructuralmente desfavorables: con un tipo de cambio atrasado que encarece los costos en dólares; con impuestos que siguen siendo altos; con infraestructura devastada; con una desinversión creciente en educación; y con una política aperturista desmedida que incluye competir contra China como si estuviésemos en las mismas condiciones.
Ese es el esquema en el que los argentinos tienen que producir, exportar y generar empleo. En ese contexto, el problema no está en el sector privado; está en el Estado que fija esas reglas.
La sociedad argentina aceptó que era necesario normalizar lo que era estructuralmente anormal, pero no está dispuesta a normalizar una economía que se sostiene postergando la inversión en infraestructura y educación, que mantiene un tipo de cambio apreciado mientras la inflación no cede y que presenta el ajuste fiscal como si fuera sinónimo de desarrollo.
El equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria, pero no suficiente. Y la gente, aunque no siempre lo articule en esos términos, lo percibe.
En definitiva, entre los datos y lo que se percibe en la calle aparece una incomodidad persistente: la sociedad parece haber perdido la paciencia tanto con las soluciones que duran poco como con las promesas que siempre llegan tarde.
El esfuerzo de estos años fue extraordinario y, como casi siempre, recayó sobre las clases medias y los sectores populares. Pero ese sacrificio no parece dispuesto a validarse en una nueva frustración. Mientras la política no logre leer ese cambio, el desencanto va a seguir acumulándose.
