El pasado 11 de julio se cumplió el primer aniversario de las protestas más grandes de la historia de Cuba. Aquel domingo, miles de personas salieron espontáneamente a las calles cansadas de la pauperización de las condiciones de vida, la falta de respuesta ante la emergencia sanitaria, la represión sistemática y la falta de libertades.
Todo empezó con la viralización de una “directa” (transmisión en vivo) que capturaba una manifestación en San Antonio de los Baños. El efecto contagio empezó a afectar una a una a decenas de localidades. En unas horas, una muestra de descontento puntual se convertía en un hito que hacía temblar a un régimen autocrático que se las ha arreglado para sostenerse durante más de 60 años en el poder.
“La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, fue la frase que pronunció Díaz Canel para que fuerzas paraestatales atacaran a quienes se atrevieran a ejercer su derecho a la manifestación.
De acuerdo al subregistro elaborado por las organizaciones Justicia 11 J y Cubalex, más de 1500 personas fueron detenidas desde ese entonces por haber protestado, entre ellos casi 60 menores de edad. Más de 700 continúan en prisión. De ellos, al menos 40 son opositores, periodistas independientes o miembros de grupos religiosos que fueron apresados por causas políticas disfrazadas de delitos comunes.
Aquellos que han sorteado las crueldades de la seguridad del Estado y la “justicia” cubana, han emigrado. Se estima que más de 150.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera con México desde octubre de 2021.
A un año de esos acontecimientos, el 11 de julio, pero de 2022, decenas de activistas cubanos que siguen arriesgando su vida para visibilizar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos publicaban las notificaciones que recibían para que no salieran de sus domicilios. El 11J sigue causando pavor en la élite del Partido Comunista, y la maquinaria represiva se ha encargado de tomar las medidas para que nadie se vuelva a atrever a desafiar al poder.
De un lado tenemos a una población cautiva, a la que se le arrebataron sus derechos más básicos, incluso el de poder protestar por sus condiciones de vida. Del otro, una élite opresora dispuesta a cualquier cosa para mantener el status quo.
Uno esperaría que el Sumo Pontífice se solidarizara con las víctimas. Sin embargo, el Papa Francisco ha preferido apoyar a los verdugos. A un año de las protestas, siendo públicas las condenas a artistas, activistas, e incluso menores de edad, el representante de la iglesia católica ha preferido resaltar que tiene “una relación humana” con Raúl Castro. Ni una palabra de aliento para los presos políticos o sus familias.
Por su parte, Evo Morales se ha paseado por el sistema de medios públicos argentinos reivindicando a los gobiernos de Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel. Sobre Cuba, opinó que “hay la mejor democracia”.
Morales, quien desconoció la voluntad popular de los bolivianos en 2016 cuando la mayoría votó en contra de su reelección indefinida, y luego fue protagonista de una elección fraudulenta en 2019 (documentada por la OEA y la Unión Europea), se convierte súbitamente en sommelier de democracia y de libertades.
La democracia no es un concepto abstracto o acomodaticio. La ciencia política la ha definido y para su medición existen criterios metodológicos compartidos. En mi caso, me gusta la definición minimalista de Adam Przeworski: “La democracia es un sistema en el que los partidos de gobierno pierden elecciones”.
Pero para que los partidos de gobierno sean derrotados, deben existir otros que puedan ganar. Sin embargo, la Constitución cubana ilegaliza el pluripartidismo y establece que lo que rige es un modelo de partido único (Partido Comunista), y que este “organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”, de manera que los cubanos no solo no pueden elegir otro partido, sino que ni siquiera tienen margen de elegir un modelo alternativo al que por fuerza le imponen.
En un contexto de autocratización global, las víctimas de la dictadura cubana, así como las de Venezuela y Nicaragua, quedan cada vez más solas. En este sentido, la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos deben tener un carácter transideológico. Los derechos humanos no son susceptibles a relativismos ni excepcionalidades, y todos los que tenemos la posibilidad de ejercerlos, estamos en la obligación exigirlos por aquellos que están silenciados.
El autor es Coordinador de DemoAmlat, una iniciativa de Transparencia Electoral
