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Rupturas y continuidades

La dictadura genocida de ayer y la democracia representativa de hoy

En un nuevo aniversario de la fecha de inicio de la etapa más oscura de la historia moderna del país, nos encontramos gobernados por un presidente que ha sido electo popularmente pero que defiende y reivindica la dictadura.

Cuatro décadas de democracia, con las rupturas y continuidades.
Cuatro décadas de democracia, con las rupturas y continuidades.
Ariadna Gallo 05 abril de 2024

En un nuevo aniversario de la fecha de inicio de la etapa más oscura de la historia moderna del país, nos encontramos gobernados, por primera vez en 40 años de democracia, por un presidente que ha sido electo popularmente (apoyado por la cifra récord de 14 millones y medio de votantes), pero que defiende y reivindica la dictadura genocida, posee preferencias normativas antidemocráticas y un estilo comunicacional de fomento del odio y la violencia política.

En este contexto, es importante evitar caer en la tentación -como se ha hecho desde diversos sectores opositores- de caracterizar a la presidencia de Javier Milei (LLA) como un "gobierno de facto" o como una "dictadura encubierta tras la fachada de una democracia representativa" y tratar de no precipitarnos en manifestar públicamente el deseo de que el gobierno actual termine lo antes posible.

Esta recomendación no responde a una cuestión de prurito en los epítetos, sino a la necesidad de pensar en una intervención que sea efectiva comunicacionalmente y no sea funcional al discurso de los medios oficialistas que fácilmente transfiguran actitudes antidemocráticas en democráticas (y viceversa).

Para ello, es útil considerar el libro Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018). En el texto, los autores dan cuenta de que, en décadas pasadas, los regímenes democráticos eran interrumpidos, mayoritariamente por la implantación de dictaduras militares de corte clásico. En contraste con ello, en la actualidad, las democracias mueren en manos de líderes electos popularmente, quienes hacen uso de su poder para subvertir los mecanismos democráticos a partir de los cuales fueron elegidos.

Con el objeto de evaluar el comportamiento autoritario de dirigentes democráticamente consagrados, los autores construyen una matriz con cuatro indicadores clave: 1) Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego; 2) Negación de la legitimidad de los adversarios; 3) Intolerancia o fomento de la violencia; 4) Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.

Así, resulta interesante pasar revista por lo sucedido tras el golpe de Estado que dio lugar al último gobierno dictatorial del país, para luego caracterizar al gobierno democrático actual, a través del prisma de las categorías propuestas en este libro, con la finalidad de medir los signos vitales del sistema democrático vigente.

Pinceladas de ayer y de hoy

La dictadura genocida que se inició el 24 de marzo de 1976 tenía como objeto instaurar un nuevo modelo económico, dejar atrás las reformas sociales de las décadas precedentes y terminar con todas las conquistas populares adquiridas. Este plan estaba basado en la reestructuración económico-social, en el desguace y vaciamiento del Estado, y en la liberalización de las fuerzas productivas. La dictadura prometía un país ordenado, sin huelgas ni cortes ni protestas, lo que requería de una clase trabajadora dócil y un movimiento obrero desarticulado. A su vez, el plan de transformación económica del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz -que fue promocionado como un éxito- auguraba una notoria ampliación de libertades (libertad de precios, de transacciones cambiarias, del comercio exterior, etc.). Sin embargo, este programa condujo a que la economía nacional quedara en manos del capital especulativo y extranjerizante, con un proceso de endeudamiento descomunal que implicó la casi sextuplicación del monto de la deuda externa en siete años.

Cabe hacer referencia también al discurso inaugural de Jorge Rafael Videla, como presidente de facto, por cadena nacional: "El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia, al borde de la disgregación. La intervención militar es la única alternativa posible ante el deterioro, la corrupción y la complacencia".

Ahora bien, en esta instancia se pone en evidencia que el ayer y el hoy tienen varios puntos en común: por un lado, el gobierno de Milei pretende llevar adelante un proyecto de transformación radical del país y de refundación estructural de la sociedad, que -como puede advertirse claramente, con solo estar informado sobre la política vernácula- posee elementos muy similares a los arriba descriptos. Por otro lado, advertimos, en ambos casos, la invocación a una imperiosa necesidad de cambio y la postulación del programa propio, tras un diagnóstico catastrofista, como la única alternativa posible ante la debacle. 

Dicho esto, recalcamos que la dictadura genocida finalizó 40 años atrás y hoy en día tenemos un gobierno democrático, electo popularmente. Sin embargo, veamos cómo califica la administración de Milei en cada uno de los cuatro ítems del comportamiento autoritario, antes mencionados (que no son considerados y/o son leídos de modo tergiversado por el discurso mediático dominante):

Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego: 

De por sí, antes del balotaje en el que finalmente Milei terminó ganando, se instaló el rumor de que cualquier resultado que no implicara un triunfo de LLA en las urnas, sería producto de un fraude (pese a que no se había efectuado una sola denuncia oficial previa). Este accionar se ubica en la línea del irrespeto por las reglas de juego democráticas exhibido por Donald Trump y Jair Bolsonaro. Toda esa opereta se diluyó rápidamente, tras el contundente triunfo que Milei obtuvo en segunda vuelta.

No obstante, a diez días de haber asumido el poder, Milei junto a sus ministros firmaron el DNU 70/2023, conformado por 366 artículos, cuyo contenido es tan controvertible como sus formas. En efecto, con este DNU se alteran todas las relaciones sociales y jurídicas, se usurpan facultades legislativas, se avasallan otros órganos del Estado y se atenta contra el principio de división de poderes y contra las normas que organizan el sistema democrático.

En ese sentido, los abogados constitucionalistas más destacados (incluso aquellos afines al gobierno) han sido implacables: todos ellos coincidieron en que el DNU no es constitucional, en la medida en la que implica la derogación y modificación de varias normas fundamentales, lo que conduce casi automáticamente a un cambio de régimen y al ejercicio de potestades legislativas prohibidas por el art. 29 de la Constitución Nacional.

A su vez, la firma del DNU se produjo simultáneamente al envío de una ley (coloquialmente, Ley Ómnibus) que, si bien finalmente no fue aprobada  (en su versión originaria), con sus 664 artículos, incluía la delegación de facultades legislativas en 11 áreas de vital importancia, por 2 años, prorrogable por otros 2, lo que constituía un atropello a los otros poderes del Estado e implicaba que el presidente se atribuyera, virtualmente, la suma del poder público hasta la finalización de su mandato.

Por lo tanto, más allá, del contundente apoyo recibido por Milei en las urnas, es imperioso recordar que nuestro régimen es una "Democracia constitucional". El primer término de ese concepto dual implica el ideal de autogobierno del pueblo (basado en las mayorías electorales que lo respaldan), pero el segundo alude al límite a la regla de la mayoría y protección de minorías y al respeto categórico por el carácter representativo, republicano y federal de la Constitución Nacional.

Negación de la legitimidad de los adversarios

El primer mandatario, aun antes de ser candidato a la presidencia, adquirió notoriedad pública por sus apariciones televisivas en las que, en un tono crispado y de exaltación, propinaba descalificaciones e insultos permanentes a sus oponentes políticos.

Cuando asumió el poder, ese comportamiento no se morigeró, sino que por el contrario se exacerbó y se hizo extensivo a cualquiera que no apoyara sus medidas de gobierno. Durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso, el presidente amenazó a los gobernadores que supuestamente ponían trabas a su aprobación, advirtiéndoles "Los voy a dejar sin un peso. Los voy a fundir a todos" y luego del rechazo de la ley caracterizó al Congreso Nacional como un nido de ratas. Hasta elaboró, publicó y difundió una lista negra de los diputados nacionales que no habían aprobado la Ley Ómnibus, calificándolos como miembros de la casta y como traidores a la patria.

Sorprendentemente, frente a tales exabruptos e improperios no se efectuó una crítica pública contundente. Por el contrario, se expandió una visión generalizada, por parte de los medios de comunicación adictos al oficialismo, mediante la cual se invertían las responsabilidades, dando entender que existía un acuerdo implícito entre miembros de los diversos órganos de poder, que suponía que los opositores tenían que brindarle gobernabilidad al presidente y debían acatar el mandato del 55,6% de la población que había votado por un "cambio".

Luego del rechazo del DNU en el Senado, aquellos mismos medios siguiendo aquella misma lógica argumental, recalcaron que nunca antes en la historia, a un presidente le habían rechazado su primer decreto de necesidad y urgencia, dando a entender que los opositores no habían cumplido con sus legítimas funciones. Corresponde aclarar aquí que el hecho de que sea el primer caso de un DNU inaugural rechazado, es un dato meramente anecdótico. Ningún otro DNU había incluido tantos artículos ni había afectado tantas áreas de la vida en sociedad; ergo, era lógico que careciera del mismo consenso institucional y aquiescencia social que otros primeros DNU firmados a lo largo de la historia.

Más allá de esa cuestión, el punto fundamental aquí es que, en una democracia presidencialista, el Poder Legislativo es un órgano autónomo y sus miembros tienen la misma legitimidad de origen que el titular del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no sólo que esta rama de poder no tiene la función de otorgar gobernabilidad política al presidente (como se mencionó reiteradamente en diversos medios), sino que, por el contrario, posee la función explícita de contrarrestar la concentración de poder en el órgano Ejecutivo y controlar su accionar.

Intolerancia o fomento de la violencia

Desde sus primeras incursiones en eventos e intervenciones públicas, el ahora presidente no ha buscado establecer un intercambio cordial ni una discusión racional de ideas. Por el contrario, siempre se ha caracterizado por exponer sus posiciones como verdades absolutas, reaccionando epidérmicamente ante cualquier intento por plantear un argumento alternativo, recurriendo al insulto y a la descalificación constante.

Desde que ganó las elecciones y más aún desde que asumió el poder ha habido un continuo incremento en la incitación a la agresión, al desarrollo de estrategias de odio, a la deshumanización del otro y a la exacerbación de la lógica de amigo enemigo. Se fueron configurando formas específicas de estigmatización y de construcción de un enemigo: los orcos, los parásitos, los ñoquis, los militantes k, los que se oponen al "cambio". Se estableció -en términos de Laclau, quien, a su vez, se basa en Gramsci- una escisión hegemónica, que permitió cohesionar al conjunto de seguidores libertarios (en este caso, los llamados argentinos de bien, los que trabajan y "no viven del Estado") y consolidar su identidad de modo antagónico respecto del enemigo.

En esto tienen incidencia los nuevos modelos de subjetividad y las nuevas formas de comunicación, con un entrecruzamiento entre credibilidad y posverdad. Como sostienen Natalia Arguete y Ernesto Calvo (2023), la lógica del algoritmo y la hipervirtualización de los vínculos sociales, amplifican la polarización, las narrativas carentes de datos y el discurso de odio.

Efectivamente, desde el inicio de este gobierno, se han establecido dispositivos de naturalización y normalización de determinadas prácticas y conductas de denigración (del otro deshumanizado), de humillación (del disidente) y de aceptación de la humillación (por parte de muchos de los disidentes predispuestos inicialmente a consensuar). De este modo, se observa, en ciertos sectores de la sociedad, un predominio de la indiferencia, de la complicidad y de la crueldad ante el sufrimiento de aquellos a quienes previamente se había despojado de caracteres humanos. 

Las prácticas violentas y agresivas de los seguidores de LLA (ciberbullying, doxeo, ataques masivos de haters) en las redes sociales -resguardados en el anonimato e impunidad que otorga la digitalidad- son fomentadas y alentadas por funcionarios públicos y por el propio presidente. La incitación a la violencia tuvo como corolario el caso extremo del abuso sexual y agresiones contra una empleada pública, militante de H.I.J.O.S, cuyos atacantes dejaron pintada en su pared la sigla VLLC (Viva La Libertad Carajo)- Ñoqui. La responsabilidad del hecho puede ser atribuida tanto a agentes oficiales como a meros seguidores silvestres de la agrupación gobernante. No obstante, lo que es digno de subrayar en esta instancia es que, desde el señalamiento de aquel panelista pintoresco y disruptivo, al que se le celebraban sus arrebatos de furia y su accionar y gestualidad agresiva hasta la fecha, se registra un espiralización y un recrudecimiento de la violencia política en todas sus formas.

Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.

Desde el inicio de este gobierno, se han establecido limitaciones a derechos civiles tradicionales, a través de mecanismos de disciplinamiento social, de represión a la protesta y de ataque a referentes sociales y a dirigentes de la oposición.

La expresión más palmaria fue la adopción del "Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación" (Resolución 943/2023), propuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, destinado reprimir la protesta social. El coloquialmente denominado "protocolo antipiquete" -denunciado por asociaciones de DDHH- se arroga facultades judiciales y legislativas y se orienta a criminalizar a manifestantes y a hostigar a las organizaciones sociales y políticas opositoras. 

La activación de este protocolo ha producido una escalada de la represión de las fuerzas de seguridad, que ha dejado el saldo de múltiples heridos (entre los cuales se encuentran más de treinta periodistas y un asesor legislativo, con severas lesiones por balas de goma) y varios detenidos cuasi al voleo.

Este cuarto indicador es complementario de los tres anteriores. En ese sentido, la operación efectuada es la siguiente: primero, se postula una concepción distorsionada de la democracia, que se reduce a la ponderación de las mayorías y al irrespeto por las minorías; posteriormente, se deshumaniza a determinados sectores antagónicos a esa mayoría, caracterizándolos como "enemigos"; luego se configura un escenario de criminalización y, finalmente, se autoriza a las fuerzas civiles y policiales a disparar y a efectuar detenciones arbitrarias. En este punto, hay que tener en cuenta que todo este accionar, indudablemente, entra en franca contradicción con el principio de estricta observancia al respeto de los derechos humanos.

Dictadura de ayer y democracia de hoy

En la medida en la que la memoria constituye un espacio de lucha simbólica, el 24 de marzo es un oportuno momento para traer a la discusión ciertas cuestiones, recordando el punto de quiebre en la interpretación colectiva del pasado reciente.

En efecto, fue durante el debate presidencial público y obligatorio, que el entonces candidato de LLA expuso, ante una audiencia masiva, un discurso de reivindicación de la dictadura, negando la cifra de desaparecidos, aludiendo a los conceptos de "memoria completa", "guerra" y "excesos". 

Sorprendentemente, no hubo ningún tipo de pronunciamiento público y generalizado por parte de los actores democráticos, en señal de repudio a las expresiones de Milei, pese a que, era la primera vez en 40 años de democracia, que se efectuaba una reivindicación de la dictadura en el marco de un evento oficial, en un espacio de carácter público y ante una audiencia masiva.

Cabe recordar, en contraste, que hace 20 años, la legisladora porteña y actriz Elena Cruz realizó una intervención en defensa de Videla. A partir de lo cual, se solicitó de inmediato su impugnación como legisladora, recibió un repudio generalizado por parte de vastos sectores e incluso fue expulsada de la Asociación Argentina de Actores.

Efectivamente, a lo largo de estas décadas, había regido un acuerdo ampliamente mayoritario, respecto de la caracterización del período 1976-1983, como una dictadura genocida, que había implementado un plan sistemático de exterminio que incluía represión clandestina e ilegal, desapariciones forzosas, torturas, robos y secuestros de bebés. 

Desde entonces, no sólo las instituciones democráticas aparecían como blindadas frente a posibles aventuras autoritarias, sino que en los últimos tiempos hubo una tendencia a la optimización del funcionamiento democrático, a través de la incorporación de herramientas destinadas al perfeccionamiento de su ejercicio. Dentro de esta batería de instrumentos -entre los cuales se encuentran las PASO, la ley de paridad, el voto joven- se incluye la ley que establece que los debates presidenciales sean públicos, obligatorios y organizados por la Cámara Nacional Electoral (Ley 27.337 de 2016).

En efecto, esta iniciativa fue concebida como una práctica vinculada al acceso a la información pública y a la ampliación de derechos democráticos. Pero lamentablemente, en el debate presidencial de 2023, los actores centrales de la democracia se perdieron la oportunidad histórica de utilizar esa plataforma amplificadora para unificar voces críticas ante la ruptura de consensos que costaron tanto construir y que tan arraigados estaban en un conjunto de la población. De todos modos, la cuasi nula capacidad reactiva del electorado ante tales expresiones expuso a las claras que el propio sistema democrático había dejado de producir anticuerpos para inmunizarse ante comportamientos antidemocráticos. 

Recapitulando, para no quedar entrampados entre las caracterizaciones poco apropiadas de sectores opositores y las miradas tendenciosas y complacientes de medios oficialistas, que coexisten en el contexto presente, consideramos de utilidad recurrir a los conceptos vertidos en el libro Cómo mueren las democracias. Esta lectura nos permite tomar distancia de la homologación simplista entre el gobierno de Milei y la dictadura genocida del 76 (último obituario de la democracia vernácula), pero nos posibilitan, al mismo tiempo, dar cuenta de los deficientes signos vitales del régimen democrático existente en la Argentina actual. Esto nos ayuda a superar el resquemor a efectuar una crítica contundente por miedo a ser remotamente considerados como irrespetuosos de un gobierno democráticamente electo, y nos compele a alertar sobre las preocupantes señales de alarma arriba desarrolladas, con la finalidad de evitar que la democracia existente en nuestro país quede condenada a una cuasi irrevocable muerte lenta y dolorosa.

 

La autora es Dra. en Ciencia Política- Investigadora Independiente de CONICET/IEALC- Miembro de Red de Politólogas #NoSinMujeres.

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