Una pregunta desafiante puede plantearse sobre la aprobación de la Ley Bases y el denominado paquete fiscal que tuvo lugar recientemente en la Cámara de Diputados. ¿Qué modelo de democracia representa?
Existe una primera respuesta optimista. Existió un verdadero debate institucional, del cual participaron legisladores, funcionarios de diferentes áreas del Poder Ejecutivo y gobernadores de distintos signos políticos. La propuesta original planteada por el Gobierno sufrió numerosas modificaciones, que recogieron diversas observaciones de la oposición. De hecho, se pasó de los 664 artículos originales a 232.
La activa participación de los sectores denominados dialoguistas no hace sino confirmar la existencia de un ámbito institucional de discusión.
Todo ello fue coronado por un extenso debate en el recinto, en donde cada diputado de los diferentes bloques pudo expresar sus ideas. Por lo demás, ahora les corresponde a los senadores revisar lo actuado.
De este modo, funciona un verdadero esquema bicameral. Al respecto, hay que recordar que en el pasado se había adoptado una modalidad en donde un buen número de proyectos de ley eran debatidos informalmente por algunos legisladores de ambas cámaras del Congreso para consensuar un texto que, luego no sufría modificaciones en la cámara revisora. "No se toca ni una coma", era la frase que solía escucharse por entonces, consagrando un cuestionable unicameralismo de facto.
Desde esta mirada positiva, en esta oportunidad las instituciones han funcionado adecuadamente. Se ha dado cumplimiento a la visión constitucional ortodoxa, que recuerda que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y esta vez, los representantes han deliberado y gobernado como nuestros padres fundadores lo han querido. La democracia representativa ha sido debidamente observada.
Sin embargo, hay otra mirada posible que sustenta una visión más robusta de la democracia, sosteniendo que tuvo lugar un debate elitista, pobre y superficial.
Para comenzar, puede recordarse que ambas normas han resuelto una extensísima e importantísima cantidad de temas. Por nombrar solo algunos: blanqueo de capitales, declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética; delegación de facultades al Poder Ejecutivo, con la posibilidad de hacer una profunda reforma del Estado, reduciendo, fusionando o suprimiendo numerosos organismos públicos; privatización de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, AySA, Radio y Televisión Argentina, ENARSA y el Correo Argentino entre otras; reforma laboral; transformaciones en materia tributaria sobre ganancias y bienes personales; cambios en el esquema del empleo público; modificación de las leyes de procedimientos administrativos, hidrocarburos y gas natural; consagración de un Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones; derogación de la moratoria previsional, entre tantos otros temas. Desde luego, toda esta profunda transformación del ordenamiento jurídico nacional hubiera requerido mucho más tiempo de debate.
Por lo demás, la propia deliberación parlamentaria fue limitada. En primer lugar, dada la amplia variedad temática, intervinieron menos comisiones que las que debieron participar. Esto impidió contar con la visión especializada de los legisladores excluidos.
Al respecto, hay que recordar que los verdaderos debates tienen lugar en las comisiones, ya que en el recinto los diputados no discuten entre ellos, sino que le explican a la sociedad el motivo de sus votos.
Por otra parte, la propia deliberación que se dio en la Cámara fue restringida. Se decidió tratar ambas leyes en forma conjunta, sin cuartos intermedios y debatir por títulos y capítulos en lugar de hacerlo por cada artículo. La obvia razón era, precisamente, restringir los debates.
Finalmente, el aspecto más cuestionable fue la ausencia de la sociedad civil. La inmensa cantidad de sectores involucrados en las leyes no pudieron hacer oír sus voces. Esto priva al legislador de conocimiento específico para regular mejor. Además, dicha exclusión afecta seriamente las credenciales democráticas de la ley sancionada.
Frente al ideal de la democracia representativa, el politólogo Guillermo O'Donnell acuñó la idea de democracia delegativa, en la cual los legisladores, una vez electos, se desentienden de los intereses de sus votantes y actúan autónomamente.
El Senado tiene ahora la palabra. Sería bueno que posibilite una conversación amplia, transparente, abierta y participativa.
