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Rosario

Orígenes y posibles salidas a la violencia

La violencia que se observa en Rosario tiene tres elementos explicativos centrales: la competencia política, la autonomía policial, y la (des)regulación del mercado de drogas.

El problema del narcotráfico en Rosario lleva más de 20 años.
El problema del narcotráfico en Rosario lleva más de 20 años.
Hernán Flom 13 marzo de 2023

La violencia que se observa en Rosario tiene tres elementos explicativos centrales: la competencia política, la autonomía policial, y la (des)regulación del mercado de drogas. 

Estos factores a su vez potencian condiciones estructurales problemáticas como la ubicación geográfica de la ciudad -en la confluencia de rutas viales y fluviales por donde circula la droga- y la pobreza y marginalidad que permea su territorio urbano. 

  1. Primero, la competencia política se manifiesta no sólo en el recambio entre gobiernos de distinto signo partidario sino en las divisiones internas a cada gobierno, lo cual deriva en políticas públicas menos coherentes y duraderas. Por ejemplo, el actual gobierno provincial ya ha tenido cuatro ministros de seguridad distintos, cada uno con ideas y planes diferentes. Los gobiernos socialistas anteriores tuvieron problemas similares. Este faccionalismo ha reiteradamente coartado intentos de ejercer un mayor control político-democrático de la policía, o sea, un control que no aspire solo a beneficiarse de las rentas que la fuerza recoge de distintos mercados ilegales. 
  2. Segundo, la competencia política nutre la autonomía policial. Los reiterados ciclos de reformas y contrarreformas policiales erosionan la voluntad de cambio de la fuerza, generan capas de oficiales con distintas lealtades políticas, y cementan a la recaudación ilegal como motor de crecimiento profesional. Una mayor autonomía dispersa la corrupción policial, lo cual debilita la capacidad de la fuerza de regular adecuadamente los mercados ilegales. 
  3. Tercero, la regulación descoordinada del narcotráfico genera más violencia. En todos lados la policía regula los mercados ilegales, en el sentido que aplica selectivamente la ley, autorizando quién puede vender qué, cuándo, y dónde. En otras palabras, la actuación policial fluctúa entre la represión, la convivencia, y la connivencia con los mercados ilegales. Lo que cambia es la modalidad predominante de esa relación y el nivel de coordinación con el que ejerce esta regulación. 

En Rosario, prevalece la connivencia con bajos niveles de coordinación. Esta corrupción policial descentralizada ha alimentado la fragmentación del mercado de drogas y eliminado la credibilidad de la policía de reprimir el delito. Al no ofrecer una protección auténtica, ya que no puede garantizar la impunidad de actores criminales frente a otros grupos policiales o agencias federales, la policía es incapaz de contener la violencia. 

En muchos casos no sólo no la impide si no que la fomenta, habilitando a sus "clientes" para que tomen el territorio de otra banda, dinámica que derivó en el reciente asesinato del niño de doce años Máximo Gérez. 

Un mercado fragmentado e inestable genera más violencia, sobre todo en barrios históricamente postergados, no sólo (o no tanto) por la policía sino por otras áreas del Estado. 

Un comentario habitual es que la violencia en Rosario se gesta principalmente desde las cárceles, donde los líderes de bandas narco gozan de múltiples comodidades. Si bien esto representa un serio déficit institucional, no es un factor necesario para explicar la violencia. 

En otros contextos, como en San Pablo o El Salvador, jerarcas criminales encarcelados han repartido instrucciones a sus subordinados de abstenerse de cometer homicidios o confrontar con la policía. La diferencia pasa por el ordenamiento del mercado de drogas y el incentivo que tienen los grupos delictivos de mantener dicho orden para robustecer su poderío económico. 

Aumentar la presencia de refuerzos de fuerzas federales puede temporariamente reducir la violencia en Rosario, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Ahora bien, la situación volverá a deteriorarse de no resolver al menos dos cuestiones centrales

  • En primer lugar, la represión por sí sola nunca es suficiente. Es necesario otorgar auténticos proyectos alternativos de vida a las personas en mayor riesgo de convertirse en integrantes de bandas delictivas. Esto requiere de un abordaje focalizado e integral, que incluya múltiples agencias del Estado, así como a organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. 
  • En segundo lugar, es imperante avanzar pronta y profundamente en una reforma institucional de la justicia criminal en la provincia de Santa Fe, que incluye a los sistemas policial, judicial y carcelario. Dichos cambios deben darse en función de un diagnóstico certero y objetivos realistas respecto al abordaje del narcotráfico y otros delitos complejos, los cuales deben estar articulados con el Gobierno Nacional. De no mejorar sustancialmente la confianza y legitimidad de estas instituciones, aunque se reduzca transitoriamente la violencia, quedarán sentadas las bases para una nueva crisis de seguridad. 

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ha dicho que el problema del narcotráfico en Rosario lleva más de 20 años. Tiene razón. Eso implica que la política (provincial y nacional) ha tenido múltiples oportunidades para afrontar seriamente este problema. 

Si para la clase política los cambios descriptos anteriormente resultaran demasiado ambiciosos, quedará claro -una vez más- que percibe que el costo de convivir con la situación actual es menos oneroso. 

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