10 julio de 2025
Seguir en
El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa por los seguros estatales. La medida incluye un embargo sobre sus bienes por más de $14.600 millones.
El eje del caso es el decreto 823, firmado por Fernández, que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó el monopolio de las pólizas a Nación Seguros. En la resolución de más de 400 páginas también se procesó al empresario Héctor Martínez Sosa —amigo personal del ex mandatario— y a su pareja, María Cantero, ex secretaria privada del Presidente, cuya designación fue calificada por el juez como una situación de "confusión de intereses".
Según el fallo, Martínez Sosa habría sido uno de los principales beneficiarios del nuevo esquema. El empresario y su red de intermediarios habrían recibido cerca del 60% de las comisiones entre 2019 y 2023, por un total de $2.297 millones. Su empresa acumuló contratos con 19 organismos públicos, incluyendo ministerios, entes como Vialidad Nacional y hasta la Corte Suprema.
- Las comisiones cobradas en lo que va de 2024 elevaron el total a más de $416 millones. Chats filtrados habrían mostrado su cercanía con Fernández y su uso de Cantero como contacto privilegiado dentro de la Casa Rosada.
Además de Fernández, Casanello también procesó —sin prisión preventiva— al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a varios ex miembros del directorio. También fue incluido Santiago Fraschina, entonces a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), quien habría facilitado una redistribución de porcentajes de comisiones para los brokers de la póliza de ANSES. Otros funcionarios involucrados fueron Federico D'Angelo Campos y miembros del directorio como Gustavo García Argibay y Sebastián Díaz Bancalari. En cambio, se dictó la falta de mérito para empresarios como Oscar Castello y Ernesto Mercuri.
La causa cambió de manos en febrero, tras el vencimiento de la subrogancia del juez Julián Ercolini. Casanello, al asumir, decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas y dar su impronta a la investigación. Entre otras medidas, impulsó líneas paralelas de indagación y ordenó informes clave, como el elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que analizó la facturación de Fernández durante los años en los que estuvo fuera del sector público.
Ese informe reveló que entre 2010 y 2019, Fernández facturó a la empresa de Martínez Sosa por más de $4 millones, en concepto de informes de coyuntura política y económica. La última factura es del 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de asumir como presidente. Aunque los abogados aseguran que se trataba de una relación comercial legítima y Fernández tenía otros clientes (incluso sindicatos), el vínculo personal y las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo encendieron las alertas judiciales.
