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Panorama

¿Quién podrá defendernos?

La AGN está incompleta, el Consejo de la Magistratura cruje, la Jefatura de Gabinete es un tembladeral y el Defensor del Pueblo lleva 15 años ausente.

A tres décadas de la Constitución, aún quedan deudas.
A tres décadas de la Constitución, aún quedan deudas.
Hernán Caram y Federico Recagno 30 mayo de 2024

Se cumplen 30 años de la Reforma Constitucional. Esta transformación profunda de la Carta Magna surge del Pacto de Olivos y, tras una elección nacional, por unanimidad de los constituyentes elegidos se alcanzó el texto renovado.

Acaso ese fue el pacto más trascendente, por su acuerdo entre diversas fuerzas políticas y el alcance de la norma, que ha logrado la democracia en los 40 años de restaurada,

Esa reforma dio nuevos derechos e instituciones a la vida republicana, entre otros, la consolidación de la AGN, la Jefatura de Gabinete, el Consejo de la Magistratura y el Defensor del Pueblo de la Nación.

Seguramente habrá comentarios doctrinales y políticos sobre el funcionamiento de las instituciones señaladas, pero nos detendremos en la Defensoría.

En abril se cumplieron 15 años sin Defensor del Pueblo. Luego de cinco gobiernos democráticos con diferentes orientaciones políticas y ocho elecciones legislativas de por medio, no se logró conformar nunca el consenso necesario para designar la autoridad y garantizar el normal funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Este organismo es uno de los engranajes fundamentales que regula el desempeño de los funcionarios públicos en relación a la ciudadanía y equilibra el ejercicio del poder político y económico en el país. Esta figura de enorme importancia hace a la calidad institucional y fortalece el vínculo de la población con el Estado en todos sus niveles. Por eso, al momento de pensar los problemas que afectan a la democracia argentina, el rol del Defensor del Pueblo tiene que formar parte de cualquier debate serio sobre cómo desarrollar un modelo de crecimiento igualitario y justo. 

En la "Encuesta Nacional Creencias Sociales" realizada por la Universidad de Buenos Aires en 2023, se indaga la opinión pública para saber qué se piensa en la sociedad sobre la democracia.

Cuando se preguntó sobre qué tan importante es vivir en un país en el que se gobierna democráticamente, se alcanzó una puntuación positiva de 8,72 sobre 10, pero ese puntaje se reduce a 5,81 cuando se consulta sobre qué tan democrática se considera a la Argentina. En otras palabras, elegimos vivir democráticamente, pero estamos disconformes con el funcionamiento del sistema. 

Otro dato importante para no dejar de lado nos indica que el 72% de los encuestados considera a los acuerdos políticos como el mecanismo democrático por excelencia para articular intereses e implementar un plan de gobierno.

La acefalía de la Defensoría del Pueblo de la Nación no ingresó en la agenda pública y esto tiene un efecto directo sobre el deterioro institucional. Actualmente, el organismo tiene a un secretario general a cargo, lo que impide el ejercicio pleno de sus funciones, en particular, la posibilidad de presentarse en juicio como representante colectivo de las demandas de los ciudadanos. Las distintas conformaciones del Congreso Nacional, como así los distintos mandatos presidenciales, no tuvieron la voluntad ni la capacidad de articular los acuerdos políticos necesarios para designar al Defensor.

En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se incorporaron tres organismos claves para el funcionamiento de las democracias modernas: el Defensor del Pueblo, el procurador del Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General de la Nación. El artículo 86 es el correspondiente al Defensor del Pueblo, define que puede actuar sobre un universo amplio de problemáticas y demandas que se complejizan a medida que se desarrollan las sociedades modernas. Cumple el rol de defensa de los intereses colectivos, garantiza el efectivo ejercicio de derechos humanos, ciudadanos, de usuario y consumidor, protege a las personas de la acción u omisión de la administración pública y de las irregularidades en el sector privado. Entre sus funciones está realizar campañas para la promoción de derechos, recibir quejas y reclamos de la población ante violaciones de derechos humanos, realizar evaluaciones de políticas públicas y representar colectivamente las causas judiciales reclamadas por la ciudadanía.

Además, puede asesorar a la población en temas diversos que van desde el acceso a la vivienda, regulación del alquiler, evitar abusos por parte del mercado inmobiliario; intervenir en los procesos de fijación de tarifas de los servicios básicos como son salud, educación, acceso a la electricidad, agua, gas y telefonía; atender conflictos de carácter civil y comercial; garantizar la plena vigencia de los derechos electorales; apoyar la actividad de las organizaciones civiles; asesorar y acompañar a personas con discapacidad; velar por los derechos de las infancias y adolescencias; fortalecer el cumplimiento de los derechos ambientales; y garantizar la igualdad jurídica de los pueblos originarios. Puede también apoyar a las personas que necesitan asesoramiento en cuestiones vinculadas a la identidad biológica, de género o jurídica; controlar el ejercicio de políticas de seguridad; controlar el abuso y/o represión en los actos de manifestación y expresión política, entre otros muchos temas.

En el último informe anual publicado por la Defensoría, del año 2022, se ve claramente que un sector de la ciudadanía tiene presente a esta institución a la hora de canalizar sus demandas e inquietudes. Un total de 246.271 personas fueron atendidas directamente en atención pública, se realizaron 234 actuaciones de oficio y se recepcionaron 12.210 quejas por parte de los/as ciudadanos. El 31% de las consultas y/o demandas fueron sobre temáticas de "Identidad y Ciudadanía", que abarca desde regulación de situación migratoria, atención a personas en condición de refugiados y apátridas, protección de los derechos a la identidad ciudadana y/o biológica, acceso a la vivienda, la justicia y la información pública. Además, el segundo grupo (con el 21% de consultas y reclamos) corresponde al bloque "Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos", que abarca un amplio conjunto de temas de suma relevancia: calidad y cobertura de servicios públicos (agua, gas, luz, transportes, telefonía), regulación de subsidios, seguridad vial, atención de la situación de personas deudoras de créditos hipotecarios y prendarios UVA, demoras de trámites en AFIP, etc.

Además de la frágil situación institucional, la Defensoría también enfrenta un problema presupuestario. En los últimos cuatro años (2020-2024), los recursos disponibles aumentaron 416% contra una inflación acumulada de 444% - 36,1% (2020), 50,9% (2021), 94,8% (2022), 211,4% (2023) y 51,6% (abr 2024) -; y, en lo que va del año, no se aumentaron los recursos vigentes, que se mantienen iguales a los de diciembre 2023, con casi 60% ejecutado en los primero cinco meses.

La falta de resguardo institucional deteriora el vínculo que la ciudadanía mantiene con la democracia, como también con la participación. Velar por la protección y promoción de derechos humanos fundamentales es una de las dimensiones vitales de la convivencia democrática. 

Conocer los derechos, saber que existen oficinas públicas abiertas a la ciudadanía, son formas de gestión que ofrecen respuestas a problemas concretos y locales, que dan sentido a la vida de las personas y que incluso habilitan la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas específicas, estando en sintonía permanente con los cambios y demandas que surgen de la sociedad.

Que hoy no haya un Defensor designado, transcurridos 15 años e  incumpliendo la Constitución Nacional, nos pone delante de un escenario de mayor desprotección de los derechos. También esta situación impacta en el agudo estado de  desinformación por parte de la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones básicas a nivel nacional.

La elección del Defensor es una obligación netamente parlamentaria y que requiere de un acuerdo político amplio (dos tercios de ambas cámaras), respetuoso de las diferencias ideológicas y plural. El bajo nivel de transparencia en las distintas gestiones, el descreimiento generalizado hacia la política, la corrupción y opacidad en los resultados de las distintas gestiones de gobierno son efectos de esta debilidad institucional a la que se ve sometida la Defensoría. 

Debemos tomar conciencia de esta grave situación que afecta el normal funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, único organismo legitimado para asumir la defensa no jurisdiccional y colectiva de los derechos fundamentales. Lo que se necesita es la formación de un consenso que supere las diferencias políticas y ponga en agenda el fortalecimiento de una pieza que hace a la convivencia democrática de un país y al desarrollo de una ciudadanía que participa activamente en la plena vigencia de sus derechos.

La Reforma Constitucional, dijimos, fue producto de un acuerdo inusual. La actualidad, la crisis de representación, la fragmentación de los partidos políticos, las profundas grietas y divisiones entre las fuerzas partidarias hace que los acuerdos se anuncien pero no se produzcan.

El Pacto de Mayo quedará como una frustración para el Gobierno, pero, a la hora de los acuerdos, es un casillero vacío más dentro de tantos otros entendimientos malogrados.

La AGN está incompleta, el Consejo de la Magistratura cruje, la Jefatura de Gabinete es un tembladeral y el Defensor del Pueblo lleva 15 años ausente.

Mientras tanto el Chapulín Colorado se pone más colorado que nunca y repite "y ahora, ¿quién podrá defendernos?".

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