27 febrero de 2026
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El Senado debatirá este viernes desde las 11 la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, en una sesión clave para el oficialismo, que busca su última victoria del período de extraordinarias antes del discurso que el presidente Javier Milei dará el domingo ante la Asamblea Legislativa. Según el temario, primero se tratará la reforma laboral y luego el nuevo régimen penal juvenil.
En materia penal, el proyecto aprobado en Diputados reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y prevé sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años para delitos graves. El texto establece que los menores no podrán ser alojados junto a adultos y prioriza sanciones alternativas a la prisión para delitos con penas menores a tres años o que no hayan causado muerte o lesiones graves.
La reforma laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, introduce cambios profundos en despidos, vacaciones, horas extras, convenios colectivos y derecho de huelga.
- El Senado deberá convalidar la única modificación incorporada por Diputados: la eliminación del artículo 44, que reducía salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales y había generado fuerte rechazo opositor.
Entre los puntos centrales, la iniciativa permite fraccionar vacaciones y limitar su otorgamiento en verano a una vez cada tres años, habilita jornadas de hasta 12 horas con compensación posterior, elimina la obligación de pagar horas extras bajo un sistema de banco de horas y abarata indemnizaciones, que se calcularán solo sobre el salario básico y podrán abonarse en cuotas (hasta 12 en grandes empresas y 18 en pymes). Además, los convenios colectivos vencidos dejarán de regir automáticamente hasta que se firme uno nuevo.
El proyecto también restringe el derecho de huelga al declarar actividades como "servicios esenciales", con una prestación mínima del 75%, y "servicios trascendentales", con un piso del 50%. Mientras el Gobierno asegura contar con el respaldo de gobernadores aliados para garantizar la sanción, la Confederación General del Trabajo ya anticipó que marchará y presentará una demanda judicial contra la norma, en un escenario de alta tensión sindical y política.
