13 abril de 2026
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entra en una semana clave, con nuevas declaraciones, pedidos de documentación y un foco cada vez más intenso sobre su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita busca determinar si los ingresos declarados por el jefe de Gabinete alcanzan para justificar la compra de propiedades, vehículos y viajes al exterior en los últimos años.
En ese marco, la causa sumó movimientos relevantes en Comodoro Py. Cuatro mujeres que habrían actuado como prestamistas en distintas operaciones inmobiliarias fueron citadas a declarar, mientras que también se incorporaron nuevos testimonios y requerimientos de información sobre bienes vinculados al funcionario y su esposa.
Uno de los puntos centrales de la investigación está en las hipotecas privadas que permitieron financiar las adquisiciones. Según la documentación judicial, Adorni y su esposa accedieron a préstamos en dólares, algunos sin interés o con condiciones poco habituales, para concretar la compra de inmuebles tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.
El fiscal también puso la lupa en la evolución patrimonial del funcionario. De acuerdo con su última declaración ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó bienes por poco más de $107 millones, una cifra que ahora se contrasta con el volumen de operaciones realizadas desde fines de 2023.
Para profundizar el análisis, la Justicia solicitó informes a registros de la propiedad, consorcios, organismos recaudadores y entidades vinculadas a los inmuebles. El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero, las condiciones de las operaciones y los vínculos entre las partes involucradas, en un expediente que ya suma decenas de medidas de prueba.
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En paralelo, la causa abrió un nuevo frente: el accionar de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en varias de las operaciones. Su declaración generó dudas en la fiscalía, especialmente por no haber verificado el origen de los fondos utilizados en las transacciones, lo que podría implicar un incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos.
Fuentes judiciales no descartan que su conducta sea investigada en el mismo expediente. Especialistas señalan que, tratándose de una persona políticamente expuesta, las exigencias de control son mayores y requieren una "debida diligencia reforzada", un punto que ahora quedó bajo evaluación en la causa.
