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Una tarjeta con crédito limitado

En la Ley de Presupuesto 2023 se prorrogó nuevamente la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive. Es decir, se han superado en Argentina los 20 años de emergencia alimentaria a nivel nacional.

Debemos ver la pobreza más allá de los números y ver a las personas.
Debemos ver la pobreza más allá de los números y ver a las personas. -
Hernán Caram (*) y Federico Recagno (**) 05 mayo de 2023

Hay una relación estrecha entre alimentación, educación, niñez y trabajo que marca a fuego el presente de cualquier país. No hace falta ser profeta o tener poderes de adivinación para, basados en los cruces de datos de nutrición, escolaridad, infancia y empleo, avizorar el futuro que puede esperar una nación.

En un reciente informe de Unicef (2023), se hace visible una realidad preocupante en Argentina: el 51,5% (6.8 millones) de las niñas y niños son pobres, es decir, viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total de bienes y servicios, y 13,2% (1.7 millones) viven en hogares indigentes, no logrando adquirir la canasta básica de alimentos. 

En el informe se contextualiza esta situación con un retroceso marcado de los ingresos de los hogares en los últimos años: "Entre 2016 y 2022 el precio promedio de la canasta básica total se multiplicó por 8,2 y el de la canasta básica alimentaria por 8,9, mientras que los ingresos familiares se multiplicaron solo por 6,8".

Ya se trate de estudios públicos oficiales, privados, de carácter internacional o académico, en la bibliografía disponible se llega a un punto en común: los problemas de inseguridad alimentaria afectan diferencialmente a las personas, siendo las niñas, niños, adolescentes y mujeres los sectores más expuestos a la pobreza moderada o pobreza extrema y, por lo tanto, a un alimentación deficiente. 

Las políticas alimentarias no solo protegen a los sectores más vulnerables de la población, mitigan la pobreza, reducen significativamente la indigencia, sirven de base para establecer nuevos hábitos al momento de establecer las estrategias de alimentación al interior de los hogares, sino que, además, contribuyen a la protección de los derechos ciudadanos elementales. Por eso, la población destinataria de las políticas alimentarias está focalizada en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y precariedad socioeconómica. 

Desde Fundación Éforo, a través de información pública y disponible, elaboramos el informe "Políticas Alimentarias en Argentina", donde ofrecemos un panorama que calcula a cuántas personas alcanzan, cuáles fueron las variaciones presupuestarias en los últimos 14 años, evaluando si cumple con el objetivo de garantizar una adecuada nutrición. 

La Prestación Alimentar, del Ministerio de Desarrollo Social, es la política alimentaria más importante a nivel nacional. Y dentro del programa, la Tarjeta Alimentar se consolidó en los últimos años como la principal línea de acción en materia de asistencia a los hogares en situación de vulnerabilidad social y económica. En 2022, la totalidad de los recursos asignados al programa se implementaron a través de las transferencias monetarias directas a los hogares de la tarjeta.

A partir del análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2021, del Presupuesto Abierto, Presupuesto Nacional 2023 y los datos abiertos del Ministerio de Desarrollo Social, se desprende que, al cierre de 2022, 2.6 millones es el número de beneficiarios de las políticas alimentarias, siendo el periodo 2019-2022 el momento de mayor expansión en la cobertura.

También, entre 2019-2022 se produce el salto más significativo en relación a los recursos asignados: crece 380%, pasando de 0,1% del PIB a 0,48%. Así llegamos a 2022, donde los recursos públicos asignados a las políticas alimentarias se estabilizaron en el orden del 0,51% del PIB, apenas inferior al 0,52% destinado en 2021.

Dentro de las políticas alimentariasla Tarjeta Alimentar ocupa un lugar predominante. En 2022, representó un crédito presupuestario vigente equivalente al 0,42% del PIB y alcanzó a 2,6 millones de familias, distribuyéndose 60% en hogares con un solo hijo/a, 26% con hasta dos hijos/as y 14% con tres o más hijos/as. 

El resto de los recursos asignados a políticas alimentarias en 2022 ocuparon un lugar menor: 0,05% del PIB para comedores escolares y comunitarios, 0,03% del PIB para complementos alimentarios y 0,02% del PIB para otros programas, entre los que se destacan las "Acciones Focalizadas en Personas Celíacas", "Proyectos Focalizados- Situación de Vulnerabilidad Social" y el "Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria Covid-19". 

Aun así, el alcance de la cobertura resulta insuficiente. Según la EPH correspondiente al segundo semestre de 2022, todavía existían en Argentina 1,7 millones de menores de edad habitando hogares en los que el ingreso familiar resultó insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias, lo que se reconoce como pobreza monetaria extrema o indigencia. Un universo de personas menores de edad que han quedado excluidos de la cobertura actual de la Tarjeta Alimentar.

Recientemente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dispuso un aumento del 35% de los montos asignados en las tarjetas. Así, la actualización de las escalas que entrarán en vigencia en mayo 2023 pasan de $12.500 a $17.000 para familias con un hijo/a de 0 a 14 años, de $19.000 a $26.000 para familias con dos hijos/as de 0 a 14 años y, por último, de $25.000 a $34.000 para familias con más de tres hijos/as de 0 a 14 años. 

Al analizar los montos otorgados a través de la Tarjeta Alimentar con el valor promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), surge que "el monto promedio de la Tarjeta Alimentar apenas alcanzó para cubrir un tercio de la CBA en los hogares monoparentales y se reduce a un cuarto de cobertura de la canasta para los hogares biparentales". Lo que expone el carácter de la política más como un complemento al ingreso familiar que como un programa efectivo para garantizar la seguridad nutricional de la población y que, en todo caso, acompaña el incremento relativo de los precios más que mejorar el poder adquisitivo de los hogares beneficiados.

En la misma notificación oficial de los incrementos, las autoridades nacionales informaron que la Tarjeta Alimentar llega a 2.458.238 millones de titulares, cubriendo 4 millones de niños, niñas y adolescentes, un número inferior al registrado en 2022 de 2,6 millones de titulares. 

Y desde la perspectiva presupuestaria, según los últimos datos publicados al 24 de abril de este año en el sitio de Presupuesto Abierto, el Programa Alimentar lleva devengado aproximadamente $181.988 millones, que representa un nivel de ejecución del 41,10% y es el segundo programa más importante desplegado por el MInisterio de Desarrollo Social luego del Potenciar Trabajo.

Es importante resaltar que el urgente panorama de emergencia alimentaria sería más crítico sin la protección brindada por las distintas líneas de acción y programas que se encuentran en vigencia hoy. En definitiva, aun sin abarcar al total de la población que requiere de la ayuda por parte del Estado, la pobreza e indigencia aumentaría considerablemente de no implementarse y fortalecer los programas de cobertura y asistencia alimentaria (Unicef, 2023). 

La reducción de la pobreza y la indigencia requieren de la expansión progresiva de todos aquellos programas y acciones desplegadas por el Estado Nacional. Estas políticas deben formar parte de una estrategia integral donde se combinen con apoyo a la inserción y capacitación laboral, formalización de puestos de trabajos y  acompañamiento en el desarrollo de las trayectorias educativas. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, recientemente, en el artículo 87 de la aprobada Ley de Presupuesto 2023 se prorrogó nuevamente la emergencia alimentaria a nivel nacional hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive. 

Esta situación significa que se han superado en Argentina los 20 años de emergencia alimentaria a nivel nacional.

La seguridad alimentaria y la calidad nutricional son dimensiones vitales que hacen al desarrollo de toda persona, como educación, salud y vivienda. Y es en el conjunto de estos derechos garantizados por el Estado donde se define el tipo de ciudadanía y de participación ciudadana que una sociedad democrática puede darse a sí misma.

En síntesis, aumenta el trabajo precario y muchos trabajadores tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. En el mismo y negativo sentido, así como hay trabajadores que ingresan de lleno en la pobreza, tenemos pobres que caen en la indigencia y allí están, en mayor número, nuestras niñas, niños y adolescentes.

Los planes sociales y la política alimentaria son motivo puntual de discusión en cada campaña electoral. Pero que la mala asignación de recursos, que los errores, descuidos y peleas de la política no nos impidan conocer lo que hay detrás (o delante) de las cifras.

Debemos ver la pobreza más allá de los números y ver a las personas, más acá, más cerca que esos números.

A casi 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, la construcción de consensos políticos alrededor de los derechos que protegen la dignidad de la ciudadanía, y, en este caso particular las infancias y adolescencias, se presenta como un desafío ineludible.

 

(*) Investigador

(**) Presidente de Fundación Éforo


 

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